Ley de Libertad Educativa: sobre la vida social y el derecho de la sociedad

Hace una semana se publicó una nota en estas mismas páginas debatiendo con una intervención radial donde defendía el rol del Estado como agente educador. Señalé que ello asegura un contrapeso que permite a niñas, niños y adolescentes dotarse de visiones del mundo más allá de las ideologías de sus propias familias. En su crítica, el autor supone que la Ley de Educación Nacional (LEN) está impregnada de ideas “neomarxistas” que buscan separar a la familia del rol educador de sus hijos, que la educación les pertenece y que el Estado solo busca romper el vínculo filial para que avance el totalitarismo. Como filosofía defiende que la familia es anterior al Estado siendo ese el orden natural. El proyecto de marras buscaría, entonces, revertir todos estos males reencausando el orden “natural” de las cosas. De un lado la libertad, del otro el totalitarismo estatal.

Para empezar, suponer que la familia es un hecho “natural” es un acto de ignorancia que desconoce toda la evidencia aportada por la ciencia antropológica. Tampoco resulta correcta la idea de que el gobierno innova al instaurar a las familias como “agente natural y primario”. La LEN lo contemplaba en sus artículos 6° y 128° y la Ley Federal en el 4°. Nadie discute que las familias sean agentes de socialización primaria. El debate no es ese, sino el rol del Estado en el proceso educativo.

El sistema escolar nacional se estructuró partiendo de la idea de que el Estado debe garantizar el desarrollo moral, intelectual y físico de los niños en determinadas franjas de edad, dotarlos de una cultura y conocimiento común, incluso con el fin de asegurar la cohesión social misma. Y debía hacerlo para desarrollar un objetivo superior a los individuos y a sus familias actuando como guardián de determinadas relaciones sociales. La tradición liberal sarmientina entendía que el Estado debía garantizar ese proceso porque existían factores externos a la voluntad de las familias: su educación, tiempo, recursos, condición social. De allí que el Estado asumiera su rol “principal”. No se trata de una rareza local: el proyecto de la Ilustración incorporó un sistema estatal de enseñanza obligatoria y gratuita en todo el mundo (occidental). La escuela pública es depositaria de la idea de igualdad, libertad y fraternidad cuando instruye, es decir, transmite conocimientos y contenidos socialmente válidos y relevantes a todos. Es una conquista de la humanidad. Suponer que solo puede ser una maquinaria dogmática y totalitaria desconoce, además, la pluralidad de sujetos que la habitan. Esa variedad asegura el ejercicio de la libertad: la elección construye sujetos. Borrando esta herencia, el proyecto de Ley nos retrotrae al medioevo.

La escuela pública ofrece a los niños la posibilidad de superar el estrecho marco de ideas de su familia y les abre el mundo al conocimiento. Los pone “a salvo” de la ideología familiar ofreciendo otras miradas, para que no tengan que cargar con esos prejuicios como destino. Tampoco con sus violencias porque la familia no es un espacio sacrosanto. Por ejemplo, la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) permitió que un 80% de adolescentes de entre 12 y 14 años reconocieran abusos sexuales, según datos del Ministerio Público Tutelar porteño de 2020. En otro tiempo, la escuela posibilitó superar el “efecto cuna” y existe mucha evidencia sobre cómo impacta el nivel educativo familiar como elemento reproductor de la desigualdad. La pregunta es sencilla: ¿si eliminamos el contrapeso estatal, estaremos mejor o peor? Conviene preguntarse, también, si no es un proyecto totalitario que la familia ocupe todo el espacio de lo social porque la vida social, en verdad, las trasciende.

La crisis de la escuela hoy no se encuentra en el rol principal del Estado. Más bien en su renuncia, en las últimas décadas, al calor de una sociedad que se empobrece y degrada. La receta propuesta solo va a acelerar esa vía en lugar de modificarla.

* La autora es Investigadora Adjunta del CONICET, docente UBA y coordinadora del área de educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales-CEICS.