
A diferencia de lo que sucede en el todavía farragoso terreno de la macroeconomía y los mercados financieros y, mucho más aún, en el plano de la economía real, el Gobierno termina un turbulento 2025 con un inesperado aire y un inusitado margen de maniobra en un ámbito que durante largos meses había sido escenario de resonantes derrotas y evidencia manifiesta de su pérdida de gravitación y capacidad de iniciativa: el Congreso de la Nación.
Toda una paradoja para un gobierno que siempre se jactó de poner el foco casi exclusivamente en las finanzas públicas y el equilibrio macroeconómico, y que hoy pareciera lucir más robusto y solvente en el plano político -que durante mucho tiempo el propio Milei supo incluso desdeñar- que en un terreno económico en el que aún anidan grandes interrogantes que no logran disipar la incertidumbre.
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Por estas horas La Libertad Avanza exuda optimismo en ambas cámaras del Congreso ante la inminencia de las sesiones extraordinarias que comenzarán la semana próxima y se extenderán -seguramente en un primer capítulo- hasta el 30 de diciembre. Un optimismo que se cimenta en una representación libertaria que terminó excediendo la aritmética electoral. Si el contundente resultado del 26 de octubre le garantizaba un volumen parlamentario nada despreciable para un partido nuevo, con el impulso de los votos, y tras trabajar intensamente tanto en la cooptación de legisladores de otras bancadas (PRO y UCR) como en horadar los golpeados bloques peronistas para incentivar su fragmentación, acabó convirtiéndose sorpresivamente en la primera minoría en la cámara baja.
Esta posición de fortaleza en un poder legislativo que hasta hace unos días le había resultado esquivo, no solo le permitirá -al menos por un tiempo- prácticamente hegemonizar la agenda de debate, promoviendo los temas de interés para el gobierno y bloqueando iniciativas incómodas de la oposición, a la vez que controlar comisiones estratégicas, entre ellas algunas de las bicamerales que supervisan temas sensibles como las que supervisan las actividades de Inteligencia, controlan los DNU o hacen el seguimiento de los procesos de privatización.
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En el “estreno” de este nuevo Congreso, seguramente a partir del próximo miércoles, comenzarán a tratarse en primera instancia dos proyectos de suma importancia para el oficialismo: mientras los diputados debatirán el Presupuesto 2026, el Senado iniciará el trámite de la reforma laboral. En ambos casos, el robustecido oficialismo deberá negociar con los revitalizados sectores “dialoguistas” que, en la amplia mayoría de los casos, responden a los intereses de las provincias y, más específicamente, a los designios de los gobernadores.

Habrá que ver, en este contexto, si el oficialismo tiene la suficiente flexibilidad para sumar las voluntades necesarias para sacar adelante ambos proyectos, lo que implica esencialmente atender de alguna manera los reclamos concretos de los gobernadores que apuntan al reparto de recursos. Por ahora, como ilustró el gobernador salteño, “el poncho no aparece”, y la habilitación de Nación para el endeudamiento de las provincias no parece suficiente para contentar a quienes serán claves para garantizar el piso de gobernabilidad en la etapa que viene.
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En todo caso, Milei enfrentará el desafío de encontrar un difícil equilibrio entre su capital político y simbólico como outsider anti-casta y defensor a ultranza de la disciplina fiscal, y las necesidades derivadas de la agenda de reformas estructurales.
Ahora bien, si en lo político se evidencia un liderazgo presidencial reforzado y respaldado por un oficialismo parlamentario bastante robusto, cabe preguntarse ¿por qué el gobierno no consigue también convertir la victoria electoral en un factor positivo para la reactivación económica?
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Precisamente aquí es donde hoy se amplifican los interrogantes, tanto en lo que respecta a la macro como, mucho más aún, en una economía real que difícilmente sea impactada positiva y rápidamente por obra y gracia de las reformas estructurales que el oficialismo se apresta a debatir en el Congreso.
Un panorama que se agrava ante la constatación de que ni siquiera en el frente macroeconómico el gobierno ha logrado exorcizar los fantasmas de incertidumbres de diversa índole, entre las que se destacan la devaluación, el riesgo de default, y la situación de las reservas, entre otras variables que hacen tanto a la competitividad de la economía, como a la robustez para enfrentar turbulencias y, fundamentalmente, a la confianza de los mercados y potenciales inversores.
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Fantasmas que, por cierto, no son agitados por los economistas locales que tan a menudo el presidente y su equipo económico suelen denostar, sino que esta semana fueron puestos en evidencia -con diversos matices- tanto por el FMI como por importantes actores privados del sistema financiero internacional. Advertencias sobre una agenda que un gobierno temeroso de un rebrote inflacionario se encarga de procrastinar aún a expensas de una actividad económica cada vez más resentida, con un escenario en que comienza a evidenciar tanto el daño en el entramado productivo como los potenciales efectos sobre el empleo y los salarios.
Así las cosas, la paradoja se torna evidente: el mejor momento político de Milei desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2023 coincide con un escenario económico de alta complejidad tanto por las demandas externas como por las urgencias de bolsillos que ya no pueden esperar mucho más.
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