
Los efectivos de la Policía de Río Negro podrían utilizar en un futuro cercano armas no letales como herramienta de intervención, luego de la aprobación en primera vuelta de la iniciativa que les otorga facultades a los uniformados para poder utilizarlas.
El proyecto debe sortear la segunda vuelta de votación en el parlamento rionegrino. En la primera, el peronismo se opuso a la iniciativa, argumentando que “existen otros métodos para prevenir el delito”.
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El proyecto surgió del partido provincial Primero Río Negro, que comulga con las ideas libertarias y respalda la gestión del presidente Javier Milei.
El objetivo del proyecto es autorizar a la fuerza para el uso de armamento tipo Taser y otros mecanismos no letales para “prevenir, detectar y neutralizar situaciones delictivas sin tener que recurrir al uso de armas de fuego”.
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En la primera sesión ordinaria de 2026, el proyecto cosechó 28 votos positivos y 9 negativos, entre los que figuran los del PJ y los de la bancada de Vamos con Todos, también vinculada al justicialismo y otras estructuras aliadas.

La normativa autoriza a los efectivos de la Policía provincial al uso de dispositivos como pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado como balas de goma, y sistemas de disuasión acústica y luminosa.
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La autora del proyecto, Yolanda Mansilla, aseguró que la iniciativa busca actualizar el marco legal y adecuarlo a estándares internacionales que promueven el uso progresivo de la fuerza. Señaló que en muchos casos el uso de armas letales resulta desproporcionado y que estas alternativas permiten intervenir sin generar consecuencias irreversibles.
La ley fija condiciones estrictas. Solo podrán utilizarlas efectivos con capacitación certificada y cada intervención deberá ser registrada en audio y video. Además, se establece que su uso estará limitado a situaciones de peligro inminente, defensa propia o de terceros, o para impedir delitos cuando otros medios resulten insuficientes.
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El proyecto tuvo la aprobación de los legisladores del PRO y del partido del que forma parte el gobernador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro.
El proyecto aprobado establece que se consideran armas no letales a aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona, reduciendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o muerte.
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Entre los ejes centrales del proyecto, se establecen dos artículos regulatorios orientados a las limitaciones de las fuerzas policiales. Por un lado, se exige la capacitación específica de los miembros conforme a protocolos de entrenamiento técnico y operativo, los cuales además deberán quedar asentados en un registro actualizado del personal habilitado, consignando instructor y fecha de certificación.
Otro artículo obliga a los oficiales a dejar constancia de todo el procedimiento mediante audio y video con el fin de transparentar la legalidad del procedimiento. “Siempre se ha discutido si hubo un exceso de la policía o no, pero de esta forma, con un video, audio, filmación, vamos a poder controlarlo administrativa o judicialmente”, explicó la autora.
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El armamento podría ser entregado a efectivos que cumplen labores en la Brigada Motorizada o en el COER, la fuerza de choque que posee la fuerza rionegrina.
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