La victoria del Gobierno en las elecciones de medio término representaron a la vez un punto de inflexión y una continuidad. Una continuidad porque la sociedad le ha prorrogado el plazo dado en noviembre de 2023 al plan de reformas; un punto de inflexión porque representa el momento en el que las exigencias de la sociedad no son ya la baja sostenida de la inflación, la contención del superávit fiscal frente a los embates del Congreso, sino que estas claman ahora por las tan mentadas reformas. Es momento de pasar a la ofensiva.
En este marco, el Gobierno ha sido rápido de pies para anunciar una suerte de nueva “tabula rasa” y sentarse a negociar. Con gabinete renovado, y movimientos tectónicos en el esquema de poder, se han empezado los contactos para lograr el mítico 51% de ambas cámaras. No está lejos de conseguirlo, y dependerá de su capacidad negociadora para lograrlo.
El Gobierno ha sido rápido de pies para anunciar una suerte de nueva “tabula rasa” y sentarse a negociar
El anticipado llamado a extraordinarias del 10 de diciembre al 31 del mismo mes, con posibilidad de que se extienda el resto del verano argentino, permite al gobierno dos cuestiones fundamentales: marcar agenda sobre los temas a tratar y hacerlo tanto con el poder de haber sido recientemente “reungido” como con nuevos números en el Congreso que lo acercan a la mayoría simple.
Los proyectos y propuestas a tratar son: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral y la tributaria. Las cuatro son fundamentales, pero centrémonos en la laboral que ha suscitado mucho debate. Nadie duda ya en la Argentina que una reforma laboral es imperativa; seguir rigiéndose con leyes de más de medio siglo de antigüedad, con los cambios que se han sucedido, es un disparate. En tal sentido, desde Libertad y Progreso observamos cinco pilares fundamentales:
- La descentralización de los convenios colectivos de trabajo, priorizando los acuerdos de menor nivel por sobre los de mayor nivel
- La eliminación del concepto de ultraactividad en todas sus formas.
- La creación de un sistema de arbitraje que permita una conciliación antes de llegar a las medidas de fuerza
- La eliminación de la obligatoriedad en los aportes sindicales.
- La renovación del concepto de libertad sindical, buscando eliminar el “unicato” que hoy rige en Argentina.
El gobierno de Javier Milei se mostró abierto a este debate, y, creemos, avanza en la dirección correcta. Es fundamental acoplar a nuestro país a los vientos de la modernidad y la tecnología; perder más tiempo puede ser fatal. Esta es una discusión que la Argentina se merece, luego de más de 15 años sin creación de empleo formal y con un 40% de informalidad. Las perspectivas son positivas si tomamos el toro por las astas y nos comportamos como país serio, dispuesto a discutir la reforma y avanzar en la modernización de las relaciones de trabajo.
Abram es director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, Marconi es Analista de Políticas Públicas en la Fundación Libertad y Progreso
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