Este fin de semana, el calendario electoral marca la votación nacional para la renovación legislativa y el Congreso vuelve a estar bajo la lupa ciudadana.
El trabajo del legislador argentino se considera, en teoría, una de las tareas más nobles dentro del sistema democrático: deliberar y sancionar leyes que contemplen el bien común, representando de manera directa los intereses del pueblo y las provincias. Sin embargo, la desigualdad se manifiesta incluso en los recibos de sueldo, y crece una percepción inquietante: representar puede convertirse en un privilegio bien remunerado.
La remuneración de los legisladores en la Argentina nunca pasa desapercibida. Más allá de los discursos sobre austeridad o servicio público, los números muestran que ejercer la representación implica sueldos muy por encima del promedio nacional.
En el Senado, las dietas se calculan según un esquema de módulos: 2.500 como básico, 1.000 destinados a gastos de representación y 500 por desarraigo para quienes residen a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En total, 4.000 módulos, cuyo valor varía según las paritarias del personal legislativo.
Desde mediados de 2025, los senadores que aceptaron los aumentos cobran $9.990.000 brutos (USD 6.600 al tipo de cambio oficial), mientras que quienes se desacoplaron perciben $9.500.000 (USD 6.270). El salario neto, después de aportes y descuentos, ronda entre USD 5.300 y USD 5.500, y se prevé una nueva suba para noviembre.
Los senadores que aceptaron los aumentos cobran $9.990.000 brutos (USD 6.600), mientras que quienes se desacoplaron perciben $9.500.000 por mes
En la Cámara de Diputados, los montos son menores, aunque tampoco fáciles de justificar frente a las cuentas del ciudadano común. Un diputado nacional percibe en promedio $5.600.000 netos, es decir, unos USD 3.700, con variaciones según antigüedad, títulos universitarios, zona o desarraigo.
El contraste es notorio. Mientras el Poder Ejecutivo mantiene congeladas las remuneraciones de ministros y secretarios, los legisladores sostienen mecanismos de actualización automática o semiautomática que los protegen de la inflación que afecta a la mayoría. En una Argentina donde la distribución del ingreso es muy desigual y el salario registrado oscila entre USD 600 y USD 1.000, la economía parlamentaria parece moverse en otro universo.
Los datos sobre la actividad legislativa completan el cuadro. En lo que va de 2025, la Cámara de Diputados realizó 16 sesiones y el Senado 12. No todas esas reuniones se tradujeron en trabajo real: algunas se levantaron por falta de quórum, otras tuvieron carácter protocolar o de homenaje, y una fue la apertura de sesiones ordinarias.
Visto en cifras, el rendimiento resulta difícil de justificar. Si se divide la remuneración anual por la cantidad de sesiones, cada senador “cobra” más de $8 millones brutos (USD 5.840) por sentarse en su banca. El costo total de una sesión del Senado ronda los $611.800.000, lo que eleva el gasto acumulado anual a más de $7.300 millones.
En Diputados, aunque los montos sean otros, el resultado se repite: cada sesión implica un gasto de $1.080 millones ($4 millones por cada uno) y, en lo que va del año, el Congreso ya le costó al país más de $17.280 millones.
Si se divide la remuneración anual por la cantidad de sesiones, cada senador “cobra” más de $8 millones brutos por sentarse en su banca, y un diputado 4 millones de pesos
La comparación con un asalariado promedio es contundente. Si se calcula una duración promedio de ocho horas por sesión, los senadores habrán trabajado 96 horas y los diputados 128 horas en todo el año. Un trabajador promedio, en cambio, acumula unas 2.080 horas anuales. En otras palabras: los senadores trabajaron apenas el 4,6% y los diputados el 6,1% del tiempo de un asalariado promedio, aunque ganen hasta seis veces más por mes.
Entre 2015 y 2025, la Cámara de Diputados sesionó 155 veces, menos de lo que cualquier ciudadano trabaja en un solo año calendario.
Ese nivel de productividad se sostiene con un presupuesto que asigna al Poder Legislativo $456.927 millones -equivalentes a USD 314 millones-. Hasta la fecha se ejecutó el 69% (USD 216 millones), incluidos salarios, funcionamiento y estructura administrativa.
En cuanto a la productividad, la diferencia entre los proyectos presentados y los convertidos en ley es llamativa. Entre 2015 y 2024 la Cámara de Senadores presentó 756 proyectos, de los cuales solo dos fueron sancionados por iniciativa propia. En Diputados hubo más actividad en cantidad, pero no en eficacia: se registraron 2.133 proyectos y apenas siete se convirtieron en ley. En contraste, el Poder Ejecutivo logró la sanción de 39 leyes impulsadas desde su órbita.
El tema cobra más relevancia al analizar la distribución del trabajo anual: gran parte de la labor legislativa se concentra en pocos meses. En un país atravesado por crisis económicas y sociales, la lentitud del Congreso contrasta de manera absoluta con la urgencia de los problemas a resolver.
En un país atravesado por crisis económicas y sociales, la lentitud del Congreso contrasta de manera absoluta con la urgencia de los problemas a resolver
Pese a todo, los legisladores argentinos no figuran, en la comparación regional, entre los mejor remunerados. gi
Comparación internacional
En Latinoamérica, un senador colombiano lidera el ranking con ingresos cercanos a USD 12.500 mensuales, seguido por Brasil, México y Uruguay. En este marco, los senadores argentinos y los diputados nacionales rondan quedan en la mitad inferior de la región, por arriba solo de Paraguay (USD 5.400) y Bolivia (3.400 dólares).
En Europa, un diputado o senador español inicia con 3.200 euros mensuales, aunque bonificaciones y cargos pueden elevar esa cifra hasta 20.000 euros. Allí, la diferencia central no es solo el monto, sino la exigencia: las Cortes españolas sesionan con regularidad, las comisiones trabajan de manera continua y la rendición de cuentas es propia del sistema.
En la Argentina, los datos confirman que el verdadero problema no es solo cuánto ganan los legisladores, sino cuán poco trabajan en relación a ese ingreso.
Así, mientras el Día del Legislador rememora los ideales de debate y representación, los datos actuales del Congreso colisionan contra las expectativas ciudadanas, que deberían ser las principales beneficiarias de esa labor. La economía del legislador revela el desfase entre el privilegio de percibir un salario y la responsabilidad de legislar, poniendo en evidencia el desafío de fondo: lograr que la retribución se corresponda con la tarea real, y no solo con la ocupación de un escaño.
El autor es Analista Económico y director de Focus Market
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