El desafío de sumar voces en el proyecto de regulación de la IA

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados está por debatir el marco regulatorio de la Inteligencia Artificial (IA). La IA enfrenta al mundo con un conjunto tan grande de oportunidades como desafíos. Aunque ya lleva décadas, ha tomado un impulso especial desde la aparición de los modelos de lenguaje generativos, sobre todo luego del lanzamiento de la primera versión del ChatGPT de Open AI. En los países avanzados, hay una carrera por llegar primeros en usos y aplicaciones, en el medio de una competencia global por los talentos y los recursos financieros. Estas tecnologías tienen gran capacidad de generar valor global y de moverse rápidamente de un país al otro.

Según el Stanford AI Index Report 2025, la inversión privada en IA en Estados Unidos alcanzó 109.100 millones de dólares en 2024, casi 12 veces lo invertido por China y 24 veces lo del Reino Unido. La IA generativa, en particular, atrajo 33.900 millones de dólares en inversión global, un 18,7% más que en 2023. De acuerdo con BCG, tres de cada cuatro ejecutivos consideran la IA como una prioridad estratégica. El fenómeno es comparable al impacto revolucionario de la electricidad. En la misma línea, McKinsey revela que el 78% de las organizaciones ya utiliza IA en al menos una función de negocio, confirmando que dejó de ser un experimento para convertirse en parte del núcleo operativo de las empresas.

A nivel regulatorio, el Global AI Legislation Tracker (de mayo de 2025) muestra que países de todo el mundo están desarrollando marcos de gobernanza: desde leyes integrales hasta regulaciones específicas y guías voluntarias. La Universidad de Stanford señala que las menciones legislativas sobre IA crecieron un 21,3% en 75 países desde 2023, un aumento de nueve veces respecto de 2016. En la mayoría de los casos, los gobiernos buscan no caer en restricciones excesivas.

La Argentina no puede ignorar este debate. Tenemos un talento humano reconocido a nivel internacional y, al mismo tiempo, una urgente necesidad de generar empleo de calidad. Sin embargo, el debate debe tener en cuenta múltiples necesidades si queremos que sirva para el desarrollo del país. Somos uno de los países con menos empresas por cada mil habitantes y con una de las cargas impositivas sobre las empresas más altas del planeta. En ese contexto, la inteligencia artificial ofrece una oportunidad para revertir los déficits estructurales del país. Una incorrecta regulación puede hacernos perder otra oportunidad histórica.

Por eso, sorprende el proyecto unificado recientemente en el Congreso. El diputado Daniel Gollán (Unión por la Patria, Buenos Aires), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, impulsa una ley que crea la Agencia de Gestión del Conocimiento (AGC) con amplias facultades: reclasificar y suspender sistemas de IA; supervisar y auditar; exigir certificaciones obligatorias; aplicar sanciones; e imponer a las empresas la carga probatoria.

Esta serie de facultades implica mayores costos de cumplimiento (auditorías, exigencias de explicabilidad y certificaciones). Esto se traduce en una carga de compliance elevada para empresas emergentes, con el riesgo de desalentar a los actores más pequeños. Además, el proyecto establece un aporte obligatorio del 5% del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, al que se suman aranceles por registro y certificación de sistemas de alto riesgo, así como ingresos adicionales provenientes de servicios y auditorías.

La definición legal de lo que constituye un “sistema de IA” también genera dudas. El artículo 3 incluye a todo sistema que, “para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la información que recibe, cómo generar resultados, como predicciones, contenido o decisiones”. Una redacción tan amplia podría abarcar herramientas cotidianas, como un software contable que proyecta flujos financieros, una plataforma de CRM que recomienda acciones comerciales, un motor de recomendaciones en un sitio de e-commerce o incluso un algoritmo tradicional de scoring crediticio. Con este alcance, muchas de las soluciones que hoy utilizan las Pymes quedarían atrapadas en la regulación.

Un proyecto de ley de este tipo debería incluir, desde su origen, voces muy importantes que parecen ausentes en los debates legislativos, entre ellas la de las empresas y la de sus empleados. Es de celebrar que en Argentina se dé un debate sobre la regulación de la AI. Para eso, debe contar con multiplicidad de voces y no un trabajo unilateral desde una sola perspectiva legislativa. En un país donde faltan empresas, trabajo de valor y crecimiento, y sobran impuestos sobre las empresas, sería conveniente repensar este proyecto de ley urgentemente.

Vassolo es profesor titular del área de Política de Empresa en IAE Business School y Costa Paz es colaborador científico en IAE Business School