Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo. A lo largo de toda la cadena de producción, distribución y comercialización, los bienes que llegan al consumidor final acumulan impuestos nacionales, provinciales y municipales que representan una porción significativa del precio de góndola.
Este fenómeno no distingue rubros: afecta desde alimentos básicos hasta indumentaria, calzado o vehículos. En muchos casos, más de la mitad del precio corresponde a tributos, lo que distorsiona precios relativos y desalienta el consumo. Además de encarecer, este esquema fragmenta y opaca el sistema de precios.
En este contexto, surge una pregunta: ¿cuánto podrían bajar los precios si se redujera sustancialmente la presión fiscal? El Gobierno de Milei ha prometido avanzar hacia un sistema tributario más simple y menos distorsivo.
Para medir el posible impacto, se trazó una simulación a partir del precio final actual de productos representativos, calculando cuánto costarían sin tributos, y luego aplicando una nueva estructura más liviana: sin Ingresos Brutos ni impuesto al débito y crédito, con IVA reducido a la mitad y Ganancias en 20 por ciento.
Las principales cadenas de supermercados alertan sobre nuevos tributos provinciales y municipales que se han intensificado, con aumentos que superan la inflación y tasas sin contraprestación
Un litro de leche, que cuesta $2.650, tiene una carga impositiva del 24%. Con la estructura propuesta, bajaría al 11% y su precio descendería a $2.232. El pan, de $1.700, caería a $1.470; los fideos, de $1.571 a $1.323; y el peceto, de $12.999 a $10.761 por kilo. El alivio es directo y visible para el consumidor.
La preocupación no es solo técnica. Las principales cadenas de supermercados alertan sobre nuevos tributos provinciales y municipales que se han intensificado, con aumentos que superan la inflación y tasas sin contraprestación. Ingresos Brutos y Seguridad e Higiene son usados con fines meramente recaudatorios. Estas distorsiones neutralizan esfuerzos del gobierno nacional por contener la inflación.
El problema también alcanza al crédito al consumo. En algunos casos, casi la mitad del monto de un préstamo personal se destina a impuestos, lo que restringe el financiamiento para millones. Las entidades comerciales piden a provincias y municipios sumarse a un esquema de transparencia y alivio. El debate ya no es ideológico: se trata de corregir un sistema de costos que perjudica a empresas y familias.
Uno de los termómetros económicos más conocidos -y también más llamativos- es el índice Big Mac, elaborado por The Economist. Su lógica consiste en comparar el precio de una hamburguesa en distintos países para estimar el poder adquisitivo de sus monedas. Aunque su objetivo es medir el tipo de cambio real, en países como Argentina también expone el peso de la carga tributaria sobre el consumo.
En una hamburguesa el componente impositivo llega a 47% del precio al público
En ese ranking global, Argentina aparece segunda entre las más caras del mundo, apenas detrás de Suiza. Un combo mediano cuesta $10.900, y el 47% corresponde a tributos. Con la reforma propuesta, el precio bajaría a $7.192, una diferencia superior a $3.700. Es un ejemplo de cómo una estructura fiscal más eficiente podría impactar en productos masivos y visibles.
En indumentaria y calzado, la presión impositiva también es elevada. Una prenda nacional que cuesta $30.000 podría bajar a poco más de $19.000. En el caso de ropa importada, donde se acumulan aranceles, IVA y percepciones, el recorte es más notorio: de $70.000 bajaría a 56.806 pesos.
En calzado, el par nacional pasaría de $115.000 a $96.983, mientras que el importado, con una carga fiscal cercana al 54%, caería de $200.000 a poco más de $162.000. La presión tributaria sobre productos importados no solo encarece el acceso, sino que distorsiona la competencia con la producción local.
La discusión de fondo no gira en torno a si deben existir impuestos -porque deben existir-, sino en cuán razonables son sus niveles actuales y cuánto margen hay para aliviar sin comprometer la solvencia fiscal.
Efecto multiplicador
Un caso paradigmático es el del automóvil. Nacional o importado, nuevo o usado, su precio final está fuertemente condicionado por la carga impositiva. No se trata solo del IVA, sino también de Impuestos Internos, tasas específicas, Ingresos Brutos y gravámenes indirectos en toda la cadena productiva.
Un modelo de gama media que cuesta $31.087.000 destina más del 54% de ese valor a impuestos. Aplicando la estructura fiscal propuesta, su precio caería a $18.973.000, lo que representa una reducción del 39%. Este alivio no solo sería significativo para el consumidor: también podría activar la demanda, reducir el costo de reposición y facilitar el acceso al crédito para miles de personas.
El sector automotor ya recibió ajustes recientes, como la eliminación de impuestos internos para ciertos modelos. Sin embargo, la carga estructural sigue alta. Buena parte del precio final está vinculado a tributos de distintas jurisdicciones, y esto impone un techo al dinamismo de la actividad.
La presión fiscal en Argentina es una deuda estructural. Un sistema más ágil y equitativo, que alivie al consumidor sin poner en riesgo las cuentas públicas, es urgente. El gobierno anunció su intención de revisar el régimen impositivo. Si se concreta, la reforma no solo aliviaría el bolsillo, sino que también podría convertirse en una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar.
El autor es analista Económico y director de Focus Market
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