Jurisdicción universal y el caso de Álvaro Uribe Vélez

La investigación sobre las actuaciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez bajo el principio de jurisdicción universal en la Argentina constituye un hecho histórico, no solo para Colombia, sino también para la lucha global contra la impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos. Este caso, actualmente asignado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Buenos Aires, dirigido por el juez Sebastián Ramos y por el fiscal Carlos Stornelli, se perfila como un hito histórico en la búsqueda internacional de justicia.

Uribe fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, periodo durante el cual implementó la política de “Seguridad Democrática”, que intensificó la militarización en el país para combatir a los grupos guerrilleros. Sin embargo, esta estrategia tuvo consecuencias devastadoras. Los soldados fueron incentivados a producir altos números de bajas, lo que dio lugar a la aberrante práctica conocida como los “falsos positivos”. Entre 2002 y 2008, se estima que más de 6,000 jóvenes fueron secuestrados, ejecutados extrajudicialmente y falsamente presentados como combatientes abatidos por el ejército, todo para cumplir con las cuotas impuestas desde los más altos niveles del gobierno. Estos crímenes no fueron incidentes aislados; fueron sistemáticos y generalizados, ocurriendo en todas las divisiones del ejército colombiano y en todo el territorio nacional.

Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas consideran que Álvaro Uribe, como comandante en jefe, tiene responsabilidad penal en estos crímenes. De hecho, el propio presidente admitió haber estado al tanto de esta práctica desde sus inicios. De hecho, el presidente no tomó medidas para impedir estos homicidios ni poner alto a la práctica. Por el contrario, continuó presionando a sus tropas para que dieran más bajas, negó públicamente los crímenes y estigmatizó a las organizaciones que los denunciaban. Además, su gobierno implementó políticas que incentivaron estas acciones, incluyendo recompensas monetarias, ascensos, condecoraciones militares e incluso permisos adicionales para quienes reportaban un mayor número de “enemigos” muertos en combate.

Durante años, la sociedad civil colombiana ha buscado incansablemente justicia por estos crímenes. La Corte Penal Internacional (CPI) inició un examen preliminar en 2004 y, en 2012, concluyó que existían fundamentos razonables para considerar que los “falsos positivos” podrían constituir crímenes de lesa humanidad y reflejar una política de Estado. Sin embargo, en 2021, la CPI cerró su examen preliminar bajo el principio de complementariedad, citando las investigaciones en curso por parte de las autoridades colombianas dentro del sistema de justicia transicional. No obstante, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como parte de un proceso de paz en Colombia, no tiene jurisdicción sobre ex presidentes. Como resultado, la responsabilidad de Uribe Vélez ha quedado fuera del alcance de los tribunales nacionales.

Frente a este vacía de justicia, tres organizaciones de derechos humanos colombianas presentaron una denuncia en Argentina en noviembre de 2023. Acudieron a este país, invocando el principio de jurisdicción universal, una doctrina legal que permite a los tribunales nacionales procesar violaciones graves de derechos humanos sin importar dónde se hayan cometido ni la nacionalidad de los perpetradores o las víctimas. El compromiso de Argentina con el enjuiciamiento de crímenes de Estado, demostrado en su propia historia, convierte a su sistema judicial en un foro adecuado para este caso.

La apertura de este caso en Argentina representa un paso importante para las víctimas de miles de ejecuciones cometidas en Colombia por las fuerzas militares. Les ofrece una oportunidad largamente esperada para realizar sus derechos a la verdad y a la justicia. Que este caso sea asumido por las autoridades argentinas no solo es un testimonio de la seriedad con que abordan esta investigación, sino también un motivo de orgullo para el sistema judicial argentino.

Este es un caso histórico, no solo porque busca establecer la responsabilidad de un exjefe de Estado por graves violaciones de derechos humanos, sino también porque subraya la importancia de la jurisdicción universal como herramienta de justicia en un mundo cada vez más interconectado. Los procedimientos en Argentina serán seguidos de cerca, no solo por quienes fueron directamente afectados por las políticas y las acciones de Uribe Vélez, sino también por defensores de derechos humanos en todo el mundo. El resultado de este caso podría sentar un precedente significativo sobre cómo la comunidad internacional enfrenta la impunidad por los crímenes más graves, reforzando el mensaje de que nadie está por encima de la ley.