El impuesto sobre los ingresos brutos, conocido por calcularse principalmente a partir del monto facturado, es uno de los gravámenes más distorsivos y regresivos del sistema tributario argentino. Sus mayores inconvenientes no han sido solucionados; por el contrario, se han exacerbado debido a la situación económica de los últimos años y al déficit fiscal, bajo la premisa de lograr una mayor recaudación.
Ello ocurre porque el IB es regulado y recaudado por las provincias -incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)-, siendo su principal fuente de ingresos. Si bien existe un sistema de coparticipación de otros impuestos, este no funciona actualmente, y las provincias no están dispuestas a ceder sobre este tributo de fácil cobro.
Este impuesto es regresivo -recae sobre el consumidor que lo paga mediante precios más altos, sin considerar sus condiciones particulares- y altamente distorsivo porque se aplica en todas las etapas de producción, generando acumulación impositiva. Esto afecta los precios relativos e incluso a los bienes producidos localmente.
Es regresivo -recae sobre el consumidor que lo paga mediante precios más altos, sin considerar sus condiciones particulares- y altamente distorsivo porque se aplica en todas las etapas de producción
Por ejemplo, un fabricante o importador paga el impuesto al vender al revendedor; este también lo paga sobre lo que factura, al igual que quien provee materiales de embalaje o alquila el local de ventas. De esta forma, el impuesto se convierte en un costo que termina siendo “impuesto sobre impuesto”.
Problemas significativos
Más allá de estas características propias, se presentan otros problemas importantes:
Pago en más de una provincia. Aunque existe el Convenio Multilateral para distribuir los ingresos entre las grandes jurisdicciones en que se divide el país, este es obsoleto y tiene una falencia clave: no funciona el sistema de reclamos recíprocos.
Si una provincia disputa la asignación de ventas de una empresa, le cobra igualmente por las que considera no asignadas, incluso si ya se pagaron en otra provincia. Esto genera un doble pago, sin un mecanismo efectivo de compensación.
Recuperar estos excesos, mediante trámites administrativos o judiciales, es caro y lento, lo que desincentiva su uso, porque los criterios de distribución no son unánimes en todas las provincias y se modifican por interpretaciones de casos concretos, sin adecuarse a la normativa de fondo.
Alícuotas variables. No son uniformes en todo el país, y su revisión implica analizar la normativa de las 24 jurisdicciones. Las alícuotas oscilan entre 1% y 5%, con tasas menores para actividades manufactureras y mayores para financieras. Esta complejidad genera costos invisibles para las empresas y dificulta la transparencia fiscal hacia los consumidores.
Las alícuotas oscilan entre 1% y 5%, con tasas menores para actividades manufactureras y mayores para financieras
Recaudación anticipada y saldos a favor. Aunque el impuesto se paga mensualmente, las provincias han establecido regímenes anticipados.
Así, el impuesto se paga por infinitas vías: en Aduana al momento de la importación de los bienes, en cobros donde el cliente le descuenta una parte vía retención, cuando adquiere bienes o servicios y paga percepciones, los bancos detraen de las acreditaciones una parte -así como también lo hacen las tarjetas de crédito-, y hasta incluso algunas provincias cobran un pago a cuenta del impuesto por traslado de bienes que ingresan a su territorio.
Si bien estos pagos anticipados disminuyen el saldo a pagar, pueden ser a veces mayores al propio impuesto, generándose un pago en exceso conocido como “saldo a favor”. Aunque existen mecanismos para desalentar los saldos a favor y hasta recuperarlos, lamentablemente tampoco son eficientes ya que en general implican trámites engorrosos dilatados en el tiempo, y que incluyen fiscalizaciones que terminan por reclamar impuesto por ventas asignadas a otras provincias.
Reflexión y propuestas
En tiempos de cambio, ingresos brutos debe ser replanteado para otorgar seguridad a los contribuyentes, atrapados en un sistema que podría considerarse perverso.
Partiendo de la necesidad de un acuerdo por la coparticipación, también se debe abogar por:
- Simplificar y homogeneizar el impuesto en todo el país, con criterios claros sobre la asignación de ventas.
- Reducir o eliminar los regímenes de retención y percepción.
- Implementar un sistema de compensación entre fiscos provinciales para evitar el doble pago.
- Establecer mecanismos automáticos de devolución de saldos a favor.
La autora es Asociada en impuestos, LFS
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