
La Boleta Única Papel (BUP) es ley. El martes pasado, con 143 votos afirmativos, 87 negativos y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado respecto a la implementación de este instrumento de votación en las elecciones nacionales que, tras su reglamentación, comenzará a regir en los comicios del año próximo. La sanción de esta normativa no es sólo un cambio en el modo de votar, sino que implica además un avance en la optimización del sistema electoral.
La BUP genera condiciones de igualdad y facilita la participación de aquellos espacios que no pueden afrontar los costos de fiscalización y logística. Además, impide que se lleven adelante prácticas espurias como el robo de boletas, la mala utilización del dinero destinado por el Estado para imprimirlas o el negocio de los sellos de goma. Así, esta nueva normativa va a contribuir a ordenar el descalabro actual en relación a los más de 779 espacios políticos habilitados para competir en las elecciones nacionales. También, en línea con el mandato imperativo de achicar el gasto público, este sistema de votación reduce de modo considerable el costo que debe asumir el Estado Nacional para llevar adelante las elecciones.
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Para tomar de referencia, el año pasado, el Gobierno destinó más de 16.000 millones de pesos en aporte de boletas partidarias. De acuerdo al antecedente de Córdoba –provincia donde ya rige la BUP–, es posible estimar un ahorro de alrededor del 50% en los costos de impresión.

A su vez, como se viene mencionando, la BUP es una contribución a la transparencia del sistema electoral argentino. Esto se ve plasmado, entre otras cuestiones, en el diseño de la papeleta ya que, si bien el Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de definir algunas pautas mínimas, será competencia de la Justicia Federal electoral aprobar el modelo de boleta que se utilizará el día de la elección, despejando cualquier suspicacia respecto a la configuración de la misma.
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Por otro lado, entre los cambios al proyecto original que realizó el Senado y ratificó luego la Cámara de Diputados, se fija una modificación en el calendario electoral para llegar a cumplir con todo el proceso que implica la impresión, el control y el reparto de las más de 50.000.000 de boletas. De este modo, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) van a realizarse el primer domingo de agosto en lugar del segundo. Así, se extenderá el plazo para el registro de la lista de candidatos proclamados, que pasará de 50 a 60 días. También se ampliará de 40 a 45 días el tiempo estipulado para exhibir el diseño de la BUP y se fijará la fecha de inicio de la campaña electoral 60 días antes de las elecciones.
También, como novedad, se introduce el voto postal para que los argentinos que viven en el exterior puedan emitir su sufragio por correo. Esto evita que tengan que trasladarse a una sede consular que en ocasiones puede quedar a kilómetros de distancia de su lugar de residencia. Así, damos un paso más en la concreción de un proceso electoral más inclusivo, moderno y simplificado.
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Argentina deja atrás un sistema arcaico para integrar, a partir de ahora, la extensa lista de países que votan con algún tipo de Boleta Única. Este proceso no fue de la noche a la mañana, sino que debieron pasar años, debates y discusiones para que la ley se convirtiera en realidad. Además de ser un gran logro alcanzado gracias al aporte de diversos sectores políticos, estamos ante un punto de partida para pensar cómo contribuir a la transparencia electoral, amplificar la participación política y hacer un uso eficaz de los recursos públicos. Ese es nuestro norte.
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