En un intento por mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, el Gobierno ha promulgado hoy un nuevo decreto que modifica las condiciones para acceder a la pensión no contributiva por invalidez. Si bien es legítimo el esfuerzo por evitar abusos en el sistema, el impacto de esta medida podría ser devastador para los niños con discapacidad y sus familias, que dependen de estas pensiones para garantizar su acceso a prestaciones esenciales de salud, como las ofrecidas por el programa Incluir Salud.
El decreto reintroduce una serie de requisitos estrictos para acceder a la pensión, que exige que la incapacidad sea total y permanente, afectando en al menos un 66% la capacidad de trabajo del solicitante. Esta condición es comprensible para los adultos que se encuentran en el mercado laboral, pero resulta completamente inapropiada para niños, quienes aún no tienen un trabajo ni una vida laboral. Este enfoque ignora las realidades de la niñez y de la discapacidad infantil, donde la necesidad de atención médica y apoyos es continua, independientemente de la capacidad de trabajar.
¿Qué está en juego?
Para muchos niños con discapacidad, la Pensión No Contributiva es más que una ayuda económica: es la llave que abre la puerta a Incluir Salud, un programa que les brinda acceso a tratamientos, medicamentos, terapias, y cuidados especializados. Sin esta cobertura, muchas familias no podrían costear los costosos tratamientos médicos que sus hijos necesitan para vivir con dignidad y desarrollar su potencial. El riesgo es claro: aquellos que más necesitan el apoyo del Estado podrían quedar desprotegidos.
En su esfuerzo por evitar que el sistema sea abusado por personas que no cumplen con los requisitos, el nuevo decreto corre el peligro de expulsar del sistema a quienes realmente lo necesitan. Las familias de niños con discapacidad podrían perder la pensión y, con ella, el acceso a los servicios de salud esenciales.
Una solución equilibrada: auditar sin castigar Es cierto que en el pasado ha habido abusos en el otorgamiento de pensiones no contributivas. Personas que no cumplían con los requisitos se han beneficiado del sistema, y esa es una situación que debe corregirse. Sin embargo, la solución no puede ser generalizar restricciones que castigan a quienes más necesitan el apoyo estatal. La clave está en auditar adecuadamente el sistema, enfocando los esfuerzos en mejorar los mecanismos de control para evitar abusos, sin privar de las pensiones a quienes realmente las necesitan. La Agencia Nacional de Discapacidad debe implementar revisiones exhaustivas, pero personalizadas, para verificar la situación de los beneficiarios sin aplicar criterios genéricos que no se ajustan a la realidad de niños con discapacidades severas.
Auditar para garantizar la justicia es una tarea necesaria, pero no debemos permitir que paguen justos por pecadores. No podemos sacrificar el bienestar de los niños con discapacidad en nombre de la eficiencia administrativa. Las soluciones existen, pero requieren un enfoque más humano, uno que ponga a las personas en el centro y no solo mire el balance fiscal.
El nuevo decreto no debe ser un paso atrás en los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de los niños. Es urgente que se revisen las disposiciones actuales, y que las políticas públicas se ajusten para proteger a los más vulnerables. La eficiencia del Estado no puede lograrse a costa de la salud y la dignidad de los niños con discapacidad.
Últimas Noticias
¿Qué pasa si un paciente nace sin uno o más dientes?
La condición ocurre cuando una pieza nunca llega a formarse, a diferencia de las pérdidas por caries o traumatismos, y puede identificarse durante la adolescencia o en la adultez mediante una evaluación odontológica
Si la IA responde, ¿qué debe seguir haciendo la escuela?
El avance de estas herramientas desplaza el foco desde memorizar contenidos hacia el razonamiento, la formulación de preguntas y la capacidad de justificar conclusiones sin asistencia digital durante las actividades académicas
Infancias del presente: lo que Poznán y Sao Paulo exigen a las políticas públicas
Las declaraciones de OMEP y CLADE plantean que la enseñanza inicial requiere inversión estatal, participación infantil, protección frente a la violencia y condiciones laborales dignas para el profesorado en toda la región latinoamericana
El triunfo de la diversidad
Diego Guelar analiza el resultado electoral en Estados Unidos, el reordenamiento de demócratas y republicanos y los desafíos que el nuevo escenario plantea para Occidente y América Latina
Opinión que resta
El sector llegó a más de 140 mercados con 610 productos y 2.790 compañías vendedoras al exterior, según las cifras citadas en el artículo sobre su expansión productiva nacional reciente
