En un mundo cada vez más digitalizado, la burocracia debería ser cosa del pasado. Sin embargo, para muchos ciudadanos, la experiencia de lidiar con trámites ante el Estado sigue siendo una prueba interminable de paciencia y persistencia. La realidad es que el sector público, exige al ciudadano ser “cadete” de los diversos organismos, demandando información y documentación (¡que el organismo ya posee o debería poseerla!) y obligando a los ciudadanos a recorrer un laberinto de oficinas y trámites innecesarios. Este procedimiento no solo aumenta la carga administrativa, sino que también nos expone a los ciudadanos a una serie de inconvenientes que podrían evitarse fácilmente.
La falta de coordinación entre diferentes organismos públicos se traduce en trámites más largos y costosos, tanto para los ciudadanos como para el Estado. Cada nuevo requerimiento de documentos y cada visita a una oficina adicional son un testimonio del derroche de recursos y del riesgo de errores y fraudes que enfrenta nuestra administración pública.
Afortunadamente, hay formas de cambiar esta realidad. La implementación de una reforma integral que obligue a los organismos públicos a compartir la información y documentación que ya tienen en su poder puede marcar un antes y un después en la eficiencia de la administración pública. La tecnología actual permite que este intercambio de información sea ágil y confiable, eliminando la necesidad de que los ciudadanos actúen como intermediarios entre distintas entidades.
Es por esto que presenté en el Congreso de la Nación el proyecto de “Ley de Integración Digital”, que busca establecer los criterios necesarios para la unificación de la información en las bases de datos del Sector Público Nacional. Con esta reforma podemos reducir la burocracia, simplificar la interacción entre ciudadanos y el Estado, y mejorar la eficiencia y coordinación de la administración pública. Para lograrlo, el proyecto se apoya en cuatro ejes tan sencillos como fundamentales.
Eliminación de Requisitos Redundantes: se propone evitar que los ciudadanos presenten documentación que ya haya sido emitida por la misma entidad que la está requiriendo. Esto es esencial para reducir el tiempo y esfuerzo invertido en la tramitación.
Simplificación del Cumplimiento de Requisitos: la normativa permitirá que los documentos solicitados sean incorporados automáticamente cuando ya estén disponibles en los sistemas públicos, eliminando la necesidad de presentarlos repetidamente.
Presunción de Autorización para Consultas Internas: se facilitará el intercambio de información entre entidades públicas al presuponer que los ciudadanos han autorizado dicha consulta, a menos que se indique lo contrario.
Coordinación y Unificación de Información: el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (o su sucesor) será el encargado de coordinar la depuración y unificación de la información en las bases de datos del Sector Público Nacional, estableciendo criterios para la interconectividad y el intercambio de datos.
Hay vasta jurisprudencia que nos permite ser optimistas en que el Estado Nacional está preparado para dar el salto. Hay varios ejemplos de que el Estado está implementando soluciones desburocratizadoras, como la Firma Digital, y también, con la Ley Bases y el Paquete Fiscal, que entre otras cosas han destrabado muchos aspectos obsoletos en diversos organismos estatales. Sin embargo, debemos seguir pensando y diseñando legislaciones que colaboren con este proceso de interoperabilidad digital. Con la Ley de Integración Digital podemos darle ese empuje hacia adelante para lograr una transformación que se viene posponiendo hace años: la de un Estado más simple.
En conclusión, las modificaciones planteadas en este proyecto de Ley no sólo buscan actualizar nuestros procedimientos administrativos, sino transformar la experiencia de los ciudadanos al interactuar con el Estado. La modernización, la eficiencia y la transparencia no deben ser ideales lejanos, sino realidades tangibles que beneficien a todos. Es momento de avanzar hacia una administración pública que, en lugar de ser un obstáculo, sea un facilitador de progreso y bienestar para la ciudadanía.
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