El feminismo no se pasó seis pueblos: Alberto Fernández traicionó al pueblo

El ex presidente Alberto Fernández fue denunciado por su ex pareja, Fabiola Yáñez, por violencia de género y lo que definió como “terrorismo psicológico” el martes 6 de agosto. El juez federal Julián Ercolini decidió que el ex mandatario no pueda salir de Argentina, ni tener contacto de ningún tipo con Yáñez (tampoco por redes sociales) a quién acompañó, antes de terminar su presidencia, a instalarse en Madrid donde ella sigue viviendo con su hijo.

En junio, Fabiola no había querido hacer la denuncia, pero ahora la situación se modificó. Ella le contó al magistrado que él la presionaba y llamaba (o chateaba) diariamente, en lo que definió como acoso telefónico de manera diaria presuntamente para que no haga la denuncia. Y que, por eso, modificó su decisión y decidió avanzar con la presentación judicial.

La causa original es por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación tiene que determinar si el ex presidente facilitó negocios a su ex secretaria María Cantero y su marido Héctor Martínez Sosa. En esa causa secuestraron el celular de Cantero y en la búsqueda de pruebas encontraron chats, fotos y vídeos de Yáñez. La versión de Alberto Fernández es que se trataba de “discusiones de pareja” pero no de violencia de género y que ella envió los mensajes como una forma de desahogo.

El juzgado, sin embargo, se contactó con ella y le ofreció denunciar. La ex Primera Dama no quiso presentarse como víctima de violencia de género y la causa se archivó. Pero, después de la publicación mediática y en razón de las presiones que ella detalló, la investigación dio un giro porque ella decidió avanzar (la justicia no podía hacerlo de oficio) y el caso se desarchivó. Fabiola va a recibir atención psicológica y el ex Jefe de Estado no va a poder comunicarse con ella ni presionarla de forma directa para modificar sus decisiones o revictimizarla.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) describió algunas consideraciones básicas: “Creemos en la palabra de la mujer en situación de violencia. La justicia tiene la obligación de investigar y tomar medidas de manera veloz y eficaz, procurando la protección de la mujer que toma la decisión de denunciar. En otro momento de la historia, hubiera sido imposible denunciar a una persona con tanto poder. Si hoy hay tantas personas dispuestas a creer en la palabra de la víctima es porque las mujeres trabajamos para que esto suceda desde hace muchas décadas”.

Argentina es un país con grieta partidaria, pero sin grieta en relación al machismo. Hoy casi todo el arco político es más machista que hace una década: o ya lo era o volvió a hacerlo o resurgieron fuerzas explícitamente machistas. Los machistas, han ejercido, encubierto y practicado un machismo gravísimo y si se aplicaron políticas públicas no machistas, no fue gracias a los machistas, sino a las exigencias de los feminismos.

Pero desde el actual gobierno disolvieron todas las políticas públicas para atacar al machismo y, desde la oposición, acusan al feminismo de la derrota y vuelven con épica, discursos y prácticas machistas. Los medios, el streaming, la radio, el periodismo, las redes y todo lo demás está en la misma línea. Y, por si hiciera falta, muchas mujeres también, que culpan al feminismo de defender su derecho a tener un espacio porque, una vez que las diputadas llegan por el cupo o la paridad, queda bien desmarcarse y hacerse la que se llegó solita, sin necesidad de lo que sí necesitaron para ocupar el lugar que ocupan, incluso, para hablar mal del feminismo.

El regreso de un machismo desaforado y sin resquemores, un monstruo que vuelve recargado y que, de paso, se devora a las que intentaron acorralarlo, es una mounstruosidad coyuntural. Pero la culpa no es del monstruo sino de las víctimas. Solo una película de terror clase B podría tener un argumento tan malo. Pero la actualidad es eso: una mala película de terror que, sin embargo, da pesadillas y hace doler la panza. Es de terror y da terror.

“Las feministas se pasaron seis pueblos”, es el lema del peronismo que se opone al matrimonio igualitario, al aborto legal y a cualquier medida que haya dado más derechos pese a que los que ocuparon cargos no lograron frenar una inflación descontroladamente alta y les parece que el problema del país no fue su mayor problema -la economía- sino su victoria -ser un país de vanguardia- y que entonces retroceder es la alternativa al oficialismo.

La actual administración anuló todas las políticas contra la violencia de género, las que había dejado el gobierno anterior y las que habían incorporado en La Libertad Avanza -la Subsecretaría de Protección a las Víctimas de Violencia de Género- y que destruyeron en su propia gestión mientras se vanagloriaban de despedir trabajadoras sociales y operadoras de la Línea 144 que ahora dicen es para todos los casos de violencia, algo que no tiene sentido, porque el sentido era que sea una atención capacitada para víctimas de violencia de género.

No se puede ejercer violencia de género y estar al frente de una gestión que tiene políticas públicas para erradicar la violencia de género. No se puede condenar a la violencia de género si se dice que no existe la violencia de género. No se puede usar la violencia de género para callarse si el que la ejerce es alguien cercano ideológica o personalmente. No se puede usar la violencia de género para que importe si la ejerce el que no me gusta y reclamar impunidad, inocencia o desmantelamiento si se acusan a los varones indignados por la interpelación feminista. No se puede criticar, perseguir y generar violencia contra las que lucharon contra la violencia de género.

La gravedad de la denuncia por violencia de género contra un ex presidente es muy alta. En la historia argentina reciente se soportó la violencia de un ex mandatario -incluso que se expulse de la Quinta de Olivos a la ex primera dama y a sus hijos- y en casos de gobernadores, diputados e intendentes el lema era que la violencia era parte de la “vida privada”. El feminismo vino a decir, a mostrar y a exigir que la violencia de género es intolerable. De todas maneras, que Alberto Fernández, en una sociedad con un debate instalado, políticas públicas, asesoras y capacitaciones sea capaz de ejercerla y de encubrirla y de presionar para que no sea denunciado es más grave, imperdonable, cuestionable y castigable. Es un acto de mayor responsabilidad y de mayores consecuencias.

La denuncia es contra un hombre -Alberto Fernández- pero la realidad actual muestra un fracaso. Los varones, en su mayoría, no soportaron la interpelación sobre su violencia y la niegan, la ejercen, la encubren, la minimizan y la fomentan. El fracaso no es de quienes dijeron “Yo te creo, hermana”, “Se acabó”, “El tiempo es ahora”, “Mira como nos ponemos”, “No nos callamos más”, “A mí también”, “Ni Una Menos” y “Vivas nos queremos”. El fracaso es de los que se hicieron que escuchaban y golpearon o de los que callan a las que hablan para que no puedan denunciar los golpes.

La causa de violencia de género se conoció a partir de la investigación por la trama de la contratación de seguros. La justicia se comunicó con Fabiola Yañez a partir de comunicaciones que se encontraron en un teléfono. Y la derivaron con la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos al punto. Si no se hubiera aprobado la ley 24.685 para prevenir y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos (en el 2009) no se podría luchar contra la violencia física, psicológica y económica y si una persona amenaza a otra no se podría hablar de “terrorismo psicológico” porque no estaría habilitado.

La justicia no vería violencia de género si no fuera un tema judicial, la víctima no podría denunciar si no estaría legislada la violencia de género, la OVD no existiría si no se hubiera creado por la demanda de las feministas (y la apertura a cargo de la ex Jueza Elena Highton de Nolasco) que pelearon por una atención judicial especial para las víctimas de violencia de género y si el repudio a esta denuncia se percibe masivo es por una sociedad que entiende que a las víctimas se les cree y a los golpeadores se los condena.

ELA también definió: “Que dirigentes políticos como Alberto Fernández hayan impostado compromiso con los derechos de las mujeres y hayan hecho un uso político de un movimiento que no les pertenece, no quita relevancia y trascendencia al movimiento feminista y nuestras reivindicaciones. No invalida el trabajo que muchas personas hicieron antes, durante y después de su mandato, con o sin identificación político partidaria”.

Mientras que advirtió al gobierno nacional: “No aceptamos la doble vara en ningún caso, tampoco del Gobierno, que reacciona con sobreactuada indignación. Mientras impostan preocupación y recomiendan a las víctimas llamar a la línea 144, la realidad es que se eliminó el organismo encargado de prevenir y atender a las mujeres atravesadas por la violencia y 19 políticas públicas están siendo desmanteladas”.

En la conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni -que había festejado los despidos en el área del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que, en la actual gestión dependió, en principio, del Ministerio de Capital Humano y, después, del Ministerio de Justicia- dijo que la Línea 144 sigue funcionando. Sin embargo, ELA alerta: “En lo que va del año se ejecutó un 28% menos de presupuesto de la Línea 144, en comparación con el primer semestre de 2023. En junio 2024, despidieron al 38% de las personas que trabajaban y quedaron turnos con solo dos trabajadoras atendiendo”.

Otro dato central: “La línea 144 recibió10 mil comunicaciones consultando por el Programa Acompañar, que era una ayuda económica para mujeres que necesitan salir de un vínculo violento. Se ejecutó 82% menos del presupuesto de este programa comparando con el primer semestre de 2023 en el que lo habían recibido 34.023 personas mientras que en el primer trimestre de 2024 sólo llegó a 434 mujeres. Es decir, un 98.63% menos”. Y se preguntan: “Si se se desmantelan todas las políticas públicas, ¿qué pueden ofrecerle a las personas que llaman a la 144 para acompañarlas?”

Por eso, ELA realizó una presentación judicial contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de leyes y tratados internacionales en materia de violencia de género y por la incertidumbre generada ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de Violencias y el despido del 85% de sus trabajadores. Se advierte que hay víctimas que están regresando con su agresor por falta de posibilidades. Fabiola no va a volver a la Quinta de Olivos. Pero otras mujeres, que dejan de estar acompañadas, sí lo pueden hacer. La responsabilidad de quién vive en la residencia presidencial es mayor. Pero la inacción con las víctimas también tiene consecuencias.

Un hombre con poder puede ser un golpeador. Pero las mujeres golpeadas no tienen el poder de salir solas de la violencia. Por eso, se necesita que la película de terror se termine y que vuelva una grieta legítima: los que están en contra de la violencia de género deben demostrarlo, no denostar a las que cambiaron la historia, sino dejar que las que tienen ojos morados puedan volver a mirar de frente.

Ahora tiene que continuar la investigación. Y, por sobre todo, aunque no se trata de un caso más, sino de una causa que representa la hipocresía, la frustración y la rabia que quién dirige a un país pueda maltratar a una mujer y violar las leyes que tiene que hacer cumplir, tienen que regresar los recursos para que, igual que Fabiola, las mujeres puedan seguir denunciando y la película de terror no tenga ninguna temporada más.