Tras el cierre de las negociaciones con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la meta fiscal de conseguir un superávit primario de 2% del PBI y se comprometió a acumular USD 10.000 millones de reservas internacionales netas desde el inicio de la presidencia de Javier Milei hasta fines de 2024. Ambos objetivos lucen muy ambiciosos y requerirán de un importante esfuerzo de la sociedad, a menos de que se vuelva a recuperar confianza y crédito.
Respecto al objetivo fiscal, el superávit primario de 2% del PBI es el mismo que sostiene desde hace un mes el gobierno entrante. Tal como fuera anunciado por el ministro, esta medida es consistente con un resultado financiero (incluyendo intereses) equilibrado e implica un fuerte cambio con respecto al déficit mayor a 5% del PBI de 2023. Así, habrá que sostener una política fiscal sumamente contractiva, que atentará contra el desempeño de la actividad y reducirá los ingresos de las familias.
Para lograrlo, el Gobierno aspira a un mix de aumento de los ingresos con un recorte del gasto. Desde los ingresos, tras la suba del impuesto PAIS, se aspira a revertir la reforma de Ganancias, elevar los derechos de exportación y los efectos de la nueva moratoria/blanqueo y el pago adelantado de Bienes Personales.
Este conjunto de medidas está bajo aprobación en la Ley de Bases para la Reconstrucción, que está siendo tratado por el Congreso, y representa algo más del 40% del ajuste comprometido. Es el conjunto de ingresos que caerán sobre el sector productivo y el patrimonio privado.
La otra pata del esfuerzo proviene del recorte de gastos, donde su logro parecería más fácil al no depender de manera directa de la necesidad de implementar nuevas leyes sino directamente de resoluciones o decisiones de contener la ejecución presupuestaria (no por ello fácil, en la política).
Mientras que la baja de los subsidios será consecuencia de la actualización de las tarifas y la disminución de los costos operativos, el menor gasto de capital, las menores transferencias a provincias y los ajustes en el gasto de funcionamiento del Estado dependerán de la habilidad del gobierno para mantenerlos controlados, en un marco de aceleración de la inflación. Control de gastos que va a competir con la posibilidad de sacar a flote la ley ómnibus.
Ahora también existe un costo social de la medida al preverse recortes en las transferencias de jubilaciones y pensiones y los programas sociales con intermediarios, donde si bien se mantendrían las prestaciones en términos reales, se haría desde bajos niveles.
Por otra parte, en los hechos, el menor gasto también se dará sólo por la llegada al gobierno de nuevas autoridades. Cuando llegan no saben cómo son los procesos para gastar y no se autorizan en general las erogaciones de las autoridades previas, sin antes haber examinado sus fundamentos. Ello per se asegura tener un excedente de caja los primeros meses del año, que estacionalmente son equilibrados.
Cuentas externas
El otro desafío será juntar las reservas comprometidas. Sin acceso al mercado de capitales, el Gobierno parte de una situación comprometida. Incluso con el refinanciamiento del capital por parte de organismos internacionales, deberá cancelar cerca de USD 10.000 millones en el año por los pagos de intereses a organismos internacionales (USD 3.700 millones al FMI y USD 2.000 millones al resto) y USD 4.300 millones a los bonistas por los conceptos de intereses y amortización de la deuda.
O sea, para poder cumplir con la meta el Gobierno deberá conseguir al menos USD 17.300 millones a lo largo de 2024 (ya habría conseguido USD 2.700 millones desde fines de 2023). Una parte de ella saldrá de la postposición de pagos determinada por el BCRA a los importadores, que acercarán cerca de USD 5.500 millones contra el incremento de la deuda comercial (que ya era elevada).
Otra parte restante podría salir del superávit comercial, pero a costa de una reducción superior al 15% de las importaciones y una caída de la actividad no agropecuaria que se ubicaría en torno al 5% en el año.
En síntesis, el camino que ha empezado a transitar el país será sumamente complejo y necesitará de una fuerte baja del nivel de consumo y actividad para poder poner las cuentas externas y fiscales en caja. Baja de la actividad que se verá reflejada en una caída de los ingresos de las familias y un incremento del nivel de desempleo, que habrá que ver si la sociedad logra soportar.
El autor es economista, director asociado de la consultora Eco Go
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