
Hace pocas horas fue noticia en los principales portales el hallazgo de un avión de pequeño porte accidentado en la provincia del Chaco, entre las localidades de Avía Terai y Concepción del Bermejo. En su interior, las autoridades policiales locales hallaron y decomisaron un cargamento de algo mas de 320 kgs de cocaína conveniente distribuidos en 10 paquetes rectangulares. Sus tripulantes abandonaron la nave accidentada y hasta el momento las autoridades no han podido dar con sus paraderos. La aeronave, un Cessna 210 con matricula boliviana, tiene una carga útil de algo mas de 700 kgs. Los expertos en aeronavegación de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) deberán dictaminar cuáles fueron las razones del accidente del avión narco; pero a través de las diversas fotografías obtenidas podemos conjeturar que la misma capotó al intentar aterrizar en el trazado de la ruta sin pavimentar, donde fue abandonado.
Hay claras evidencias que, en el cuadrilátero conformado por los Llanos Orientales bolivianos, el Chaco Boreal- Austral y el Mato Grosso, el medio mas eficaz para el transporte ilegal de grandes cantidades de estupefacientes -particularmente cocaína- es el medio aéreo. Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico no necesitan contar con sofisticados sistemas de logística aérea ni realizar una importante inversión en transporte aerocomercial; solo deben contar con pequeñas aeronaves valuadas entre USD 100.000 y USD 500.000 -no pocas veces se trata de aviones de descarte, al borde de su vida útil- y un joven piloto muy osado y carente de escrúpulos dispuesto a aterrizar en campos poco preparados o en rutas no pavimentadas secundarias.
En otras ocasiones no es necesario el aterrizaje: el cargamento se entrega desde el aire, en el método conocido como “bombardeo”, en un sitio previamente acordado y en pleno vuelo, se arrojan los bultos desde la portezuela de la nave. En tierra y en pocos minutos son recogidos por vehículos generalmente del tipo “todo terreno”. En cuanto a las comunicaciones tierra-aire, solo es necesario un GPS y un par de teléfonos satelitales que comunique al piloto con los responsables de recibir el cargamento de droga. El piloto “narco” obviamente no presentará ante las autoridades -en nuestro país es la A.N.A.C- un plan de vuelo informando procedencia-destino, personas a bordo, autonomía y horario de vuelo y tampoco utilizara el “transporder” que le permitiría a los radares y torres de control monitorear el vuelo.
Las organizaciones narcocriminales también pueden apelar a la sustracción de aeronaves privadas para emplearlas en un “narco-vuelo” e inmediatamente abandonarla en el sitio de aterrizaje. Los aero clubes y los hangares privados por lo general limitan sus medidas de seguridad a no dejar colgadas en un tablero las llaves de encendido de las aeronaves allí estacionadas; en consecuencia, no les resultaría harto difícil a los delincuentes apoderarse de una de ellas.

Las posibilidades por parte de las Fuerzas de Seguridad de lograr interceptar el transporte de estupefacientes por los “aviones narcos”, son remotas; solo se alcanza ese resultado si la aeronave sufre un accidente y cae a tierra o si se cuenta con una muy precisa información de inteligencia criminal sobre el punto de entrega del embarque aéreo. Quienes integran el mundo de la aeronáutica saben que la frontera norte de la República Argentina se encuentra escasamente radarizada y puede ser vulnerada con llamativa facilidad por vuelos clandestinos.
Creer que el dictado de una “ley de derribo”, similar a la adoptada por otros países sudamericanos es la respuesta mas adecuada a esta problemática, es una verdadera ingenuidad pues resultaría de muy difícil implementación y aplicación. El ejercicio del Poder de Policía en nuestro espacio aéreo que impida la intrusión de todo vuelo clandestino, solo se alcanzara con un concreto plan de radarizacion y el efectivo despliegue de la Fuerza Aérea Argentina en toda operación de contralor de tales vuelos. De esta manera, en estrecha coordinación con las Fuerzas de Seguridad Federales se logrará la interceptación en tierra de los vuelos “narcos” o los obligará a abandonar el espacio aéreo nacional. Nuestros legisladores deberían reconsiderar la prohibición que pesa sobre nuestras Fuerzas Armadas para participar en específicas misiones de seguridad.
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Canadá implementaron el Sistema NORAD, destinado a la defensa y control del espacio aéreo norteamericano; desaparecida la amenaza de ataque soviético, hoy esa organización se ha volcado a cubrir operaciones contra el narcotráfico. Las crecientes diferencias políticas e ideológicas entre los distintos países del Cono Sur, torna utópico la creación e implementación de un sistema similar que permita proteger el espacio aéreo común de la cada vez mas creciente amenaza del narcotráfico y el crimen organizado.
Por último, cabe mencionar que nuestras escuelas de vuelo hoy se encuentran pobladas de jóvenes procedentes de toda Latinoamérica, deseosos de recibir su brevet de piloto privado o comercial; la razón: la depreciación de nuestra moneda permite que una hora de vuelo de instrucción solo cueste unos 80 dólares. Con algo más de 50 horas de vuelo, pueden alcanzar el título de Piloto Privado de Avión y con unas 150 horas, el de Piloto Comercial. En este contexto, es una información que debería llamar nuestra atención.
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