Sectores del gobierno insisten en criticar el préstamo por el Fondo Monetario Internacional otorgado en 2018, con argumentos superficiales e incorrectos. En otro momento, promovieron denuncias penales a funcionarios del organismo de crédito (actos de ignorancia, desconociendo la inmunidad de los mismos).
Estas expresiones se dirigen, seguramente, a sus seguidores más acérrimos, quienes comienzan a incomodarse ideológicamente. Al mismo tiempo, impactan negativamente en la comunidad internacional y en particular, en la predisposición del Fondo Monetario. Todo ello, en un contexto económico dramático, que requiere imperiosamente del apoyo del organismo de crédito.
Cuesta comprender las motivaciones del presidente Alberto Fernández para renunciar en 2020 a los 12.000 millones de dólares no desembolsados del préstamo original y, en su lugar, haber emitido billones de pesos y bonos indexados para financiar el déficit, con el consecuente costo social observado sobre la inflación y la pobreza. Más aún, teniendo en cuenta que esta estrategia nos ha llevado a una escasez crítica de dólares y depender de la voluntad del Fondo Monetario para la aprobación de un simple adelantamiento a junio de los desembolsos previstos para todo el año, por un monto de 10 mil millones de dólares.
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La Auditoría General de la Nación (AGN) trató esta semana el acuerdo con el FMI firmado en 2018, en el que debía analizar su impacto sobre la sostenibilidad de la deuda. En cambio, se utilizó de pretexto para poner en duda la validez del acuerdo y criticar la gestión económica del gobierno anterior. Para ello utilizaron argumentos poco sólidos y de naturaleza formal, que no afectan la cuestión de fondo, denotando desconocimiento de los procesos específicos para la toma de préstamos con el FMI.
Cabe recordar que, en 2022, el Congreso dio validez definitiva al acuerdo Stand-By, al aprobar el préstamo de facilidades extendidas, cuyo principal objeto consiste en honrar el pago de las amortizaciones del préstamo (observado en este informe) y el incremento de la deuda en 4.400 millones de dólares. El Congreso tomó el tema, lo analizó, debatió y lo validó. Si hubiera habido irregularidades o actos ilícitos, indudablemente nunca podría haber validado dicho acuerdo. La aprobación del Congreso es consistente con el principio de continuidad de los actos del Estado.
Cabría preguntarse, hasta qué punto resulta conducente cuestionar un préstamo que ha servido a este gobierno como única ancla a las expectativas inflacionarias. De no haber tomado el préstamo, ¿Hubiéramos entrado en default? ¿Existían alternativas para hacer frente a las obligaciones del estado, cuando el crédito privado era prácticamente inexistente y las provincias se endeudaban en dólares con aval de la Nación, a tasas superiores al 8%? El default hubiera tenido efectos graves sobre la inflación y la economía. De haber podido recurrir al mercado para obtener esos fondos, en condiciones similares, el costo adicional para los argentinos hubiera superado 10 mil millones de dólares.
El acuerdo celebrado en 2018, no afectó la sostenibilidad. Prueba de ello, es que el gobierno actual aumentó la deuda pública en mas de 80 mil millones de dólares en solo 3 años, consiguió financiamiento neto del FMI e indexó más del 90% de la deuda pública (dólar, CER, dual).
Finalmente, resulta llamativa la oportunidad elegida por las más altas autoridades del gobierno para criticar gestiones con el FMI, en momentos que el mismo se encuentra negociando un adelanto de fondos indispensable en un contexto económico preocupante, con aceleración inflacionaria, retracción de la actividad y reservas insuficientes.
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