Dejar de tomar tierras, empezar a tomar decisiones

En los últimos meses se sucedieron diversas tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país. Se estima que la superficie de terrenos privados y fiscales tomados en suelo bonaerense alcanza las 4300 hectáreas, es decir, 43 km3. Para tomar dimensión de la magnitud de éste número, es como si el 75% del municipio de General San Martín estuviese tomado o casi una cuarta parte de la ciudad de Buenos Aires.

En consecuencia, el tema se instaló en los medios y la opinión publica y, como suele pasar en esos casos, llovieron las opiniones y análisis de todo tipo y color. Sin dudas es un tema que va mucho mas allá del delito de usurpación o la mera cuestión judicial. Las tomas de tierras tienen una larga y penosa tradición en nuestro país, y especialmente en el conurbano, esa sucesión de anillos que rodean a la ciudad de Buenos Aires y que han ido creciendo de manera desordenada y cruel. Creciendo con mucha mas velocidad y eficacia que la infraestructura y las políticas publicas de los últimos 50 años. Asi llegamos a la conformación de ese territorio complejo, asimétrico y lleno de carencias, donde convivimos mas de 13 millones de personas.

La toma de tierras es un delito penal, la toma de tierras no resuelve - ni por asomo - el problema habitacional de miles de familias. La toma de tierras no es el puntapié inicial de una política publica de mejora del hábitat o de vivienda; en la toma las condiciones de vida son indignas; en la toma no hay Estado ni ley, sólo la del más fuerte. La toma de tierras suele ser el aprovechamiento de la necesidad, la pobreza y la desesperación de unos, por parte de la falta de escrúpulos, la miseria humana y la politiquería rastrera de otros.

No hay tomas de tierras espontáneas. Nadie se levanta una mañana, toma conciencia de su situación habitacional y le pide a su familia que aliste sus cosas porque hoy salen a tomar un terreno, transportando sus pertenencias y materiales de construcción, con su familia a cuestas, arriesgando la propia vida y la de sus hijos.

Muy por el contrario, una toma de tierras requiere una organización que trabaja en una planificación y opera una logística pensada con tiempo. Una breve descripción de la operatoria puede aportar a esclarecer el panorama:

Identificación del predio: algunas veces se usurpan predios privados, pero en general estas organizaciones toman predios fiscales, anclado en la premisa falsa de que, si es fiscal, es decir propiedad del Estado nacional, provincial o municipal, “no tiene dueño” y puede ser usurpado sin consecuencias.

Organización de la toma: una vez que identifican el terreno, los usurpadores lo abordan de manera conjunta, en grupos, y digo grupos porque no hay tomas individuales, sino que se trata de varias personas que, con logística y organizados, abordan el predio de manera conjunta, transportando insumos (chapas, tirantes, lonas, carpas), delimitando los límites y divisiones del predio, y diseñando el loteo para después distribuirlos y en muchos casos venderlos.

Tiempos: las tomas no se dan en días y momentos al azar. Por lo general se llevan adelante por la noche, los fines de semana o vísperas de feriados, aprovechando la menor circulación de personas y de controles, la presencia policial reducida y los organismos públicos y judiciales cerrados o con guardias mínimas. Esto es clave para el éxito de la toma de tierras, porque les permite a los usurpadores ganar tiempo. Cada hora que pasa sin que nadie los desaloje, juega a favor de ellos. Cada hora consolida la toma.

Me niego a creer que las tomas de tierras son la consecuencia directa de una situación crítica habitacional histórica. Esas familias que son llevadas a usurpar un predio para después “comprar” ese lote, en realidad, son víctimas de la perversidad de las organizaciones que llevan adelante estas operatorias y la complicidad de quienes las permiten. El negocio de la toma no le soluciona en absoluto la vida a la gente que, urgida por la necesidad, “compra” con la esperanza de acceder a un terreno propio y, además de cometer un delito, la mayoría de las veces termina siendo estafada o viviendo en condiciones infrahumanas.

Resulta imperativo desarmar esas lógicas del falso sentido común, ese relato que nos dice que ante la necesidad las familias se abalanzan a tomar tierras. Esa es la máscara que usan quienes tejen el relato y se benefician de este negocio.

En estos días se escucharon algunas voces que se refirieron a este asunto y plantearon un falso debate sobre si estas ocupaciones de tierras públicas y fiscales son delito o no (el artículo 181 del Código Penal establece que la usurpación de tierras comprende un delito y fija penas que van desde los 6 meses a 3 años de prisión) y cual es la intervención que debe darse desde los gobiernos. Me preocupa pensar en un Estado que, frente a esta realidad, improvisa, duda, no coordina entre funcionarios; es cómplice en la construcción discursiva o, peor aún, ignora la ley.

Sí creo firmemente en el rol del Estado para articular soluciones reales, quitando del medio a los grupos interesados únicamente en el beneficio propio. Esto último requiere valentía. Hay que trabajar en opciones viables.

La venta de lotes fiscales con servicios desarrollados por el Estado que establece la ley provincial 14.449, asignados a compradores por índice de vulnerabilidad y financiación a plazo, es una de ellas. No es cierto que los sectores vulnerables no paguen, de hecho, “compran” los lotes de las tierras usurpadas o pagan alquileres caros y sin ningún tipo de protección jurídica.

La venta de lotes tiene que ser acompañada por la escrituración social ya que la certeza que otorga el título de propiedad fomenta el afincamiento y el desarrollo familiar, así como también el cuidado y mejora del espacio público que rodea al lote.

Las opciones están, las hemos aplicado cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, resta la voluntad de sentarse a trabajarlas. Dejar de alimentar la falsa narrativa que beneficia a unos pocos, y brindar un camino digno para que puedan transitar quienes busquen un hogar y cumplir el sueño de la vivienda propia.

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