
Proyectar escenarios futuros es una idea muy útil, sirve para estimar el impacto de las decisiones que podemos tomar hoy. Pero en contextos de tanta desconfianza, polarización e incertidumbre, no es un ejercicio fácil. Porque la incertidumbre, en lugar de invitarnos a pensar el futuro, nos lleva casi siempre a la inmovilidad. Probablemente por la reticencia a asumir costos altos hoy a cambio de eventuales beneficios del futuro, y por la falta de garantías acerca de quiénes podrán cosechar esos réditos, terminamos bajando los brazos.
Sin embargo, en CIPPEC sabemos que aún en contextos de altísima incertidumbre no sólo es posible hacer este tipo de análisis, sino que se vuelven mucho más necesarios. Es el único camino para poder generar acuerdos de largo plazo que justamente nos permitan salir de la incertidumbre. Por eso, hace dos años que empezamos a proyectar escenarios para los próximos 40 años de democracia.
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Primero, analizamos las tendencias que van a afectarnos (como la crisis climática, el impacto de la digitalización en todo o el marcado descenso de la tasa de natalidad) y considerando estas y otras tendencias, proyectamos escenarios al 2063. Lo que buscamos fue entender qué se podría hacer, especialmente en la próxima gestión, para encaminarnos hacia los escenarios más optimistas. Este trabajo dio como resultado diez recomendaciones concretas para los próximos 40 años de democracia que buscan resolver problemas estructurales que vienen de larga data. Son acciones factibles desde lo técnico, lo político y lo fiscal que buscan hacer frente a problemas estructurales y de larga data que enfrenta nuestro país.
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Una de estas propuestas está referida a lo previsional, que es el principal componente del gasto público. Ahí, lo más caro no son las jubilaciones mínimas, sino jubilaciones de hasta un millón de pesos que tienen algún criterio excepcional y que implican 7 puntos del PBI. Esto es casi tres veces el déficit fiscal. En paralelo, más de la mitad de las personas no llegan a los 30 años de aportes y se pueden jubilar sólo gracias a la moratoria previsional. Es posible reordenar el sistema previsional con un componente universal para todas las personas mayores y otro que retribuya cada año de aportes realizados. Si no lo hacemos, antes del fin de la próxima gestión de gobierno, en 2027, el gasto previsional puede ser hasta 47% mayor y llegar a los 17 puntos del PBI. No sólo estamos poniendo en riesgo la salud fiscal del Estado, sino la posibilidad de que todos y todas nos podamos jubilar.

El caso previsional es un ejemplo duro, pero también son duras las proyecciones en otras áreas, como los subsidios energéticos. En 2022, el Estado asumió el 79% del costo de la luz y el 71% del costo del gas de los afortunados que están conectados a la red. Hay que redefinir ya las tarifas y los subsidios. No se trata de financiar piletas climatizadas en barrios ricos mientras falta infraestructura para quienes se calientan con garrafas. Es posible invertir con más inteligencia, proteger a las poblaciones vulnerables creando una tarifa social que sea realmente amplia y finalmente implementar el fondo compensador que reduzca las inequidades entre regiones. Pero que quienes puedan, paguen el costo real de la energía. Para esta propuesta de CIPPEC, vamos a necesitar 70% menos fondos de los que usamos hoy: o sea, se baja del 2% actual a 0,6% del PBI.
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Podemos hacer este mismo ejercicio en otra área, con foco en la infancia. Siempre decimos que las niñas y los niños del presente son nuestro futuro, pero no nos olvidemos que, en su mayoría, esos niños y niñas viven en la pobreza. Es más, cada vez que una familia argentina tiene un bebé es más probable, estadísticamente, que caiga en la pobreza. Esto es porque tienen que elegir si dedican su tiempo a trabajar de manera remunerada o a cuidar, especialmente las mujeres. En otros países, incluso de la región, el Estado colabora mucho más activamente con estas tareas de cuidado para que las mujeres y las familias puedan dedicar el tiempo que necesitan a generar ingresos. El cuidado infantil tiene un gran impacto en el desarrollo económico y social; en Argentina, el sector de cuidados representa el 16% de nuestro PBI. Sin embargo, en nuestro país tenemos las licencias por paternidad más cortas de América Latina. Extender la licencia a un mes para todos los papás implicaría en 2023 0,08% del PBI. O también podemos sumar más y mejores espacios de crianza, enseñanza y cuidado. Esto tiene un costo superior, pero en realidad, es una inversión porque se puede recuperar, en una gestión de gobierno, el 57% de esa inversión y, además, generar casi 1.300.000 puestos de trabajo.
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Sabemos que una de las rutas más directas para llegar a los escenarios optimistas es la educación. En todo el mundo la inversión educativa genera crecimiento. Pero en Argentina solo 2 de cada 10 chicos y chicas terminan el secundario con los aprendizajes básicos y la edad esperada. ¿Cómo podemos revertir esto? Lo primero es lograr que se queden los 180 mil estudiantes que dejan el secundario cada año. Con ese espíritu, desde hace más de un año empezamos a trabajar en equipo con las provincias de Entre Ríos y Mendoza. Impulsamos la digitalización de la información educativa y creamos Sistemas de Alerta Temprana, por primera vez en Argentina. Hoy, casi 500 escuelas de estas dos provincias están identificando quiénes de sus estudiantes están en riesgo (por bajas notas, por embarazo o por bullying, por ejemplo) para que directivos, tutores, preceptores y docentes puedan actuar preventivamente. Esto no nos va a resolver todos los problemas del sistema educativo, pero es una solución factible y de rápida implementación, que nos va a allanar el resto del camino.
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Entonces, jubilaciones, energía, infancia y educación: estas son sólo cuatro de las diez recomendaciones de Democracia 40 que creemos ineludibles para no hipotecar nuestro futuro.
*Gala Díaz Langou es Directora Ejecutiva de CIPPEC
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