Control de precios: entre las fake news y la disputa idiológica

Como parte de una triste costumbre de los últimos tiempos, hemos tenido que ver un tendal de fake news en torno al control por parte de la ciudadanía del correcto funcionamiento del programa Precios Justos. Bien alejado de la realidad, desde las primeras planas de los medios hegemónicos se planteó un escenario en el que el peor de los terrores iba a azotar los pasillos de cada supermercado, mientras que desde un inicio lo propuesto era fortalecer la difusión y la capacitación a la ciudadanía para que pueda efectuar el seguimiento del acuerdo de precios y la disponibilidad de los productos comprometidos.

A lo largo de todo el mes de noviembre y diciembre ya habíamos inaugurado puntos de información en lugares neurálgicos de diferentes ciudades del país, brindando principalmente datos sobre cómo usar la aplicación móvil. Pareciera que el resultado del descenso en el cumplimiento por parte de las empresas en el inicio de 2023 estuviera acompañada de una necesidad de proteger mediáticamente ese desabastecimiento, corriendo la mirada hacia otro lado. Y en ese escenario juega también la desacreditación de la participación popular, cuando en realidad es una herramienta clave para que en la Argentina disminuya la inflación. Todos los sectores de la sociedad tienen que comprometerse a solucionar este problema.

Lo cierto es que Precios Justos ha tenido hasta ahora un desarrollo auspicioso a la hora de contener el aumento de precios. Fue lanzado a comienzos de noviembre de 2022 y fue ese mismo mes donde la inflación en alimentos tuvo su pico más bajo del año. Tan solo un 3,5%, cuando veníamos de tres meses por arriba de los 6 puntos porcentuales (agosto llegó a tener 7,1% de inflación en ese rubro). Entonces, queda pensar que el discurso que ha emergido desde parte de la oposición y los grandes medios no solo busca atacar la participación de la ciudadanía en sí, sino también el rol de la intervención del Estado para proteger el consumo y la mesa de todos los argentinos y argentinas.

Por otra parte, cabe destacar que en todo momento el acuerdo fue voluntario que involucró a cerca de cien empresas que representan el 86% del consumo masivo de nuestro país, como lo son Molinos, Coca Cola, Quilmes, Mastellone o Las Marías, entre tantas otras empresas, y que ese acuerdo les garantizó la importación de bienes e insumos que son parte de la cadena de valor de los productos ofertados. Es lógico que a los derechos sobre lo acordado también le correspondan obligaciones. Por ejemplo, Fargo, con alrededor de 20 productos en Precios Justos, solo envió el 19 por ciento de lo que le demandaron los supermercados en los últimos quince días. Está claro que el Estado y la ciudadanía en general tienen que intervenir demandando que cumplan con su palabra.

Toda la batería de mentiras y sobreactuación de la que se han servido oposición y medios para desacreditar el relevamiento de Precios Justos, funciona cual máscara para esconder el debate que realmente quieren dar en el seno de la sociedad y que es acerca de la relación entre el Estado y el mercado. Ante este relato neoliberal, la respuesta se da fortaleciendo la participación popular y dotando de herramientas a la ciudadanía para que disminuya el aumento de precios. Tenemos por delante un desafío enorme de recuperar para la Argentina un camino de normalización de las variables que impactan con más fuerza a toda la sociedad. Construir un sendero descendente de la inflación es una condición sine qua non para el desarrollo de nuestra economía a mediano y largo plazo, pero para ello es claro que tienen que involucrarse todos los actores de la sociedad, incluyendo al Estado, las empresas privadas y, por supuesto, la ciudadanía.

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