El libro “The crisis of the Middle-Class Constitucion”, de Ganesh Sitaraman inspira y diferencia esta nota, el conflicto de las elites ricas con los demás integrantes de la sociedad. Los ricos oprimiendo a los pobres; los pobres intentando confiscar y redistribuir los patrimonios de los pudientes. Las desigualdades económicas ocasionan inevitables diferencias políticas, lucha de clases y revoluciones.
Los filósofos políticos trataron extensamente evitar los conflictos de la desigualdad, proponiendo representaciones diferentes para cada estrato social.
La Constitución de los EEUU y la de Argentina enfocan la cuestión de otro modo. Desde el comienzo, aceptaron que el Nuevo Mundo ofrecía amplísimas oportunidades para todas las personas de buena voluntad.
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Descubría Alexis de Tocqueville que los americanos nacieron iguales, confirman los debates previos y durante la ratificación de la Constitución, tanto en EEUU, en 1787, como en la Argentina, en 1853. Una nueva mirada contradecía miles de años de arreglos constitucionales para prevenir redistribuciones forzadas de patrimonios.
Ejemplo, postulemos las condiciones para la constitución de un país dividido intensamente en dos religiones. Cada una requerirá garantías de participación en las decisiones. Las sociedades divididas exigen representaciones garantizadas para cada parte. De cual modo se restringe la competencia en las actividades. En los Papeles Federalistas, James Madison propone controles balanceados sosteniendo intereses fragmentados. No alcanza.
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La función primera del Estado es evitar la opresión por actores privados, delincuentes robando las pertenencias de otros. El Estado es necesario para evitar ser desposeído por delincuentes o también por funcionarios.
No obstante, cuando la sociedad está profundamente dividida, una segunda amenaza es que un grupo se apropie de todas las funciones del gobierno para oprimir a los demás habitantes y llenarse los bolsillos.
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La separación de poderes confiando en el contrapeso de controles no alcanza cuando un grupo comparte valores y se apropia de cada rama del Estado. Los cambios en la estructura de la sociedad debieran traducirse en acuerdos constitucionales para evitar la opresión, corrupción del gobierno.
En mí visión, los conflictos más agudos de los 2.300 años de análisis constitucionales residen en la interacción entre instituciones y la propiedad privada. Desde Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, y otros filósofos, focalizaron en como la desigualdad económica llevaría a desigualdades políticas, opresión y finalmente revoluciones.
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En notas en Infobae y libros expongo que el problema principal en la Argentina es siempre la opresión de unos sobre otros, propiciando corrupciones, leyes y normas desiguales acomodadas según de quien se trate. No se trata de la diferencia de patrimonios entre las personas si no de la fragilidad de la Justicia y legislación en defender las propiedades individuales.
En 1656, el inglés James Harrington difundió que una forma republicana de gobierno -una comunidad verdadera- no sería factible sin una distribución relativamente igualitaria de la riqueza. Para ese autor, el poder sigue a la propiedad. Si la propiedad estuviese concentrada en pocas manos, los ricos eventualmente conseguirían diseñar una aristocracia. Sólo si el poder político estuviese ampliamente distribuido sería posible un “commonwealth” o comunidad de intereses compartidos.
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Del mismo modo, todos y cada uno de los beneficios concedidos por la cercanía a las autoridades alteran la distribución de poderes y riquezas, aumentando la injusticia y redistribución forzada de patrimonios.
Las estadísticas de Transparencia Internacional respaldan que la corrupción está asociada a la pobreza. No obstante, mientras para TI, corrupción es la sensación de beneficiarse del favor oficial, mi mirada abarca todas las diferencias normativas. Transparencia es igualdad ante las normas, igual tratamiento para todas las actividades.
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Hace 21 años, el quiebre de la Convertibilidad, y medidas conexas, alteraron completamente los patrimonios privados. No sorprende, entonces, que el PBI por habitante en dólares haya caído en sólo 4 años un 60%, del equivalente a USD 9.283 en 1998 a USD 2.997 en 2002.
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