El “mini Rosario” del conurbano

San Martín se convirtió en un baño de sangre. El narcotráfico avanza a fuerza de asesinatos. La tasa de homicidios triplica la media provincial y la violencia ya dejó 20 muertos en los primeros 90 días del año.

La Universidad Nacional de San Martín presentó un informe en donde se revela un espiral de violencia que no tiene precedentes: un incremento del 122,2% en la tasa de homicidios en comparación con el mismo período del 2025. Mientras que en otros puntos de la provincia hay leves descensos en los índices de criminalidad, San Martín aumenta una estadística peligrosa. Hoy, la tasa trimestral cada 100.000 habitantes en nuestro distrito es de 4,44, una cifra que triplica la media de la Provincia de Buenos Aires, situada en 1,20. No estamos ante una sensación; estamos ante una emergencia que se explica por la ausencia de una coordinación efectiva en el territorio, una política local criminal clara, estricta y transparente. Falta de todo. Y voluntad también.

La precisión del desastre es lo que más debería alarmar a quienes tienen la responsabilidad de gestionar. Se sabe exactamente dónde ocurre la tragedia: el 90% de los homicidios registrados entre enero y marzo de 2026 se concentraron bajo la jurisdicción de sólo dos comisarías, la 4ta de José León Suárez y la 5ta de Billinghurst. De los 20 casos totales, la mitad ocurrió en el radio de Suárez y un 40% en Billinghurst. Barrios como La Cárcova, Villa Hidalgo y El 18 lideran una lista de sangre que todos conocen. Si la geografía del delito es tan acotada y previsible, el silencio y la falta de una intervención multiagencial de saturación en esas zonas específicas no puede leerse de otra manera que como un repliegue de la gestión.

El avance del mercado de drogas ilegalizadas, que explica el 75% de estas muertes, dejó de ser una actividad marginal para convertirse en una estructura paraestatal que se ramifica en la vida cotidiana de los barrios. El narco hoy en San Martín cumple un rol dual perverso. En muchos sectores, ante la retirada de las herramientas de contención local, el crimen organizado busca la aprobación social: es el prestamista usurero, el que paga el sepelio de un vecino o facilita el medicamento que no llega. Es una “ayuda” que se paga con sangre. Una vez instalada esa legitimidad, el terror toma el mando. Los tiroteos entre bandas por la disputa territorial no solo dejan víctimas, sino que transforman la fisonomía de las cuadras: usurpaciones de viviendas y desalojos forzosos de familias enteras para instalar búnkers de venta de estupefacientes.

El perfil de la víctima es la prueba definitiva del futuro que estamos hipotecando. El 50% de los muertos tiene entre 16 y 25 años. Son varones jóvenes que el sistema no supo retener y que el crimen organizado recluta como su mano de obra descartable, los “soldaditos” de una guerra que no es la de ellos. La política parece haber decidido que hay zonas de San Martín donde la ley no se aplica, dejando a una generación entera a merced de una estructura que los usa y los mata.

Finalmente, el dato que cierra el círculo es la impunidad. Que el 53,3% de los homicidios vinculados al narco no tenga siquiera un imputado individualizado es una muestra de que el miedo seguirá. Sin justicia, el mensaje para el delincuente es de libertad total, y para el vecino, de desprotección absoluta.