La coparticipación federal de impuestos sería, en 2023, el ariete invocado para violar la Constitución Nacional y los derechos consagrados en su articulado. ¿Mala praxis? En tanto aún no se difundieron los datos desagregados del Censo de Población 2022 y crecen los reclamos respecto de las decisiones oficiales vinculados con las transferencias de fondos de la Nación a provincias.
El anuncio del presidente, Alberto Fernández, del recorte de los fondos de la coparticipación federal de impuestos que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para nutrir las arcas de la provincia de Buenos Aires reavivó el debate sobre el esquema de distribución de esos recursos. El monto que le pareció natural para restarle a la Ciudad fondos que cobra la Nación hoy el Poder Ejecutivo lo declara de cumplimiento imposible su restitución, como falló la Corte Suprema de Justicia.
El régimen vigente fue establecido en enero de 1988 a través de la Ley 23.548. A falta de acuerdo de las provincias, la ley todavía sigue en pie, a pesar de que la reforma constitucional de 1994 contempla una reglamentación definitiva.
La coparticipación consiste en que una porción de los fondos tributarios recaudados por la Nación en todas las jurisdicciones del país se reparta entre las provincias en tiempo real y automática, a medida que los percibe diariamente.
El esquema tiene rango constitucional para distribuir los ingresos coparticipables entre las provincias, dada la cesión de las potestades tributarias de estos distritos a la Nación, con el objetivo de evitar conflictos de doble imposición. No todos “aportan” lo mismo al fisco, ni reciben igual proporción de lo que “contribuyen” a la economía.
Libertad es aprovechar conocimientos, coordinando habilidades individuales con otras personas. El distinto orden al que avanzan los países explica las brechas de ingresos. Desde el mínimo de USD 300 anuales por habitante, en geografías disputadas, como en Sudán de Sur, y los más de USD 102.000 de Irlanda. En 40 años de democracia balbuceante, en la Argentina se entorpecieron el desarrollo y las mejores ocupaciones.
¿Quién tiene los conocimientos para asegurar mejores productos, laboriosidades, superando conflictos antiguos? Varios especialistas justifican la ausencia de empleos valiosos, actividad natural en la Argentina entre 1870 y 1930, que atrajo a millones de inmigrantes, en la carencia de educación común para consolidar trabajos, en contraste con el pasado, cuando el inmigrante venía a “hacerse la América con los frutos del esfuerzo compartido! Gente dispuesta a conocerse y confiar.
Está generalizada la idea de que disponemos de mayores conocimientos que ninguna otra sociedad anterior, con una supercomputadora en el celular y conocimientos inconmensurables. El problema es que las habilidades individuales son necesariamente parciales, diferentes entre sí. Dando lugar a producciones, PBI/H totalmente desiguales.
Estas habilidades superpuestas suelen explicarse por la especialización lograda a través de los mercados y organizaciones, asegurando la Justicia de la propiedad privada. Esto es, ventajas comparativas y la extensión de las instituciones facilitadoras de las transacciones, economizando costos de oportunidad.
Las ventajas comparativas descubren miradas novedosas, demarcando actividades individuales. Hasta en el caso extremo que usted hiciera todo mejor que yo, explicaba David Ricardo, no se derivaría que usted lo hiciera todo. El tiempo empleado en la tarea le restaría la oportunidad de dedicarse a trabajos aún más ventajosos. Al especializarse según el costo comparativo, las sociedades consiguen el menor costo de oportunidad. De ahí que la especialización está signada por la extensión del mercado y los derechos individuales.
No sorprende que las naciones más prósperas sean las más abiertas al comercio y justas, como Irlanda, Noruega y Suiza, con PBI por habitante de USD 102.000 y USD 92.000, por año, respectivamente las dos últimas. Es que los ingresos son el valor de la propiedad privada que ningún funcionario conoce.
No existe progreso continuado sin justicia y competencia. Las naciones más prósperas son las más respetuosas de los derechos individuales. La especialización se expande atendiendo a nuevos clientes en instancias variadas.
Resumiendo: los conocimientos dispersos generan oportunidades comerciales y especializarse acordando intercambios e instituciones de desigual valía. Todas las transacciones intercambian derechos de propiedad, un nuevo tipo de habilidad especializada. La “mala praxis” debe ser probada en la justicia y los mercados competitivos. No existe de modo permanente, sin validación competitiva.
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