La coparticipación federal no es más que la distribución de la recaudación impositiva que realiza el Estado Nacional. Parte de esa recaudación la retiene el propio Estado Nacional y el resto la distribuye entre las provincias, ANSES, AFIP y demás Institutos y Fondos con fines específicos.
Durante el gobierno de Mauricio Macri el porcentaje de coparticipación de impuestos que recibía la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional era del 1,4%. Luego de transferir a la órbita de la Ciudad parte de la Policía Federal –que se transformó finalmente en la “Policía de la Ciudad”- con ella también se tuvieron que transferir los recursos necesarios para su funcionamiento. La coparticipación para la Ciudad pasó entonces del 1,4% al 3,50%.
En plena pandemia -allá por 2020- y ante una movilización que realizó la Policía Bonaerense a los alrededores de la Quinta de Olivos en reclamo por condiciones salariales y el temor que esto generó en el oficialismo, el Presidente de la Nación Alberto Fernández a través de un decreto presidencial toma la decisión unilateral de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires el 1,18% de coparticipación para compulsivamente transferirle ese monto a Axel Kiciloff. Esta transferencia tenía como destino mejorar los salarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires. En conclusión, la Ciudad de Buenos Aires se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reclamar lo suyo. El máximo tribunal finalmente le dio la razón, a pesar de no haber resuelto la cuestión de fondo.
A pesar de la indignación que generó la decisión de la Corte en los funcionarios del Gobierno Nacional (y de muchos referentes del oficialismo) por entender que la misma atenta contra los recursos de las provincias, lo cierto es que la misma restituye fondos que el gobierno le había quitado a la Ciudad los que no había redistribuido con las provincias sino que destinó éstos con exclusividad a la provincia de Buenos Aires. Esto significa que la restitución del 0,63% de coparticipación que ordenó la medida cautelar dictada por la Corte, no afecta en nada a los recursos que reciben las diferentes jurisdicciones.
Por otra parte, el esquema de coparticipación es extremadamente injusto para todos. Mucho más aún lo es para aquellas jurisdicciones que aportan mucha más recaudación tributaria de la que reciben.
Solo para ponerlo en perspectiva: por cada 100 pesos que aporta la Ciudad de Buenos Aires a la recaudación de impuestos nacionales, recibe en coparticipación aproximadamente 10 pesos (un 90% menos de lo que aporta). Mismo caso ocurre con la provincia de Buenos Aires quién también es otra de las grandes perdedoras: por cada 100 pesos que aporta a la recaudación recibe apenas 45 pesos (un 55% menos). La CABA y la provincia de Kiciloff no son las únicas que aportan más de lo que reciben: ocurre también con Santa Fe, Mendoza, Chubut, Neuquén y Mendoza –entre otras-.
Del otro lado están las ganadoras. Hay muchas provincias que reciben mucho más de lo que aportan en impuestos: Formosa recibe 3,5 veces lo que aporta, Chaco recibe 2,5 veces más y Santiago del Estero y Catamarca 1,7 veces más. La falta de equidad es total.
La coparticipación obliga a provincias más productivas a transferirle recursos a provincias menos productivas, generando una total falta de incentivos para salir de ese estado de improductividad. En desmedro de las provincias que menos producen, esta ley debe modificarse urgentemente: por desgracia pocas jurisdicciones están dispuestas a hacerlo (se necesita la conformidad de todas ellas para poder hacerlo). Muchas provincias temen perder recursos: gran parte de ellas no están dispuestas a cambiar el esquema actual donde muchas producen poco recibiendo por ello grandes cantidades de dinero de otras provincias “más ricas”.
La coparticipación federal tal como está hay que modificarla. Esta modificación debe hacerse en línea con premiar a las provincias más productivas y castigar a las menos productivas. El grueso de la recaudación lo deberían hacer las provincias y coparticipar éstas a la Nación –y no al revés como ocurre ahora-. De esta manera cada provincia se esforzaría por ser más productiva pudiendo hacer uso y goce de esa productividad, sin tener que transferirle recursos a ningún “vecino”. Incluso esto generaría competencia fiscal entre las provincias y un círculo virtuoso sin que a la política le resulte sencillo interponerse –tal como ocurre ahora-.
A pesar de que la Constitución Nacional de 1994 nos obliga a debatir una nueva Ley de Coparticipación, en 28 años aún no lo hemos logrado. Incluso resulta poco probable que eso en algún momento pueda llegar a ocurrir. Ojalá en algún momento la política entienda que la equidad es la base de un futuro distinto para todos.
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