La planta térmica Moín IV entrará en operaciones en 2030, un año después de lo que el Instituto Costarricense de Electricidad había prometido en marzo, según confirmó el gobierno este lunes durante la firma del convenio de financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica en Limón.
El proyecto, con un costo de USD 400 millones financiados íntegramente por el BCIE, añadirá 200 megavatios al sistema eléctrico nacional.
La presidenta Laura Fernández anunció el acuerdo durante las celebraciones del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, en su primera visita oficial a la provincia desde que asumió el cargo.
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Fernández fijó una condición explícita sobre los 1,500 empleos directos que generará la fase de construcción: que queden en manos de personas que viven en Limón.
“No quiero que este proyecto se llene de gente de Heredia, de Alajuela, de Cartago”, dijo la mandataria, y añadió que está “altamente comprometida con que la riqueza que se genere se quede en Limón”.
El empleo como eje del anuncio
El compromiso responde a una realidad persistente. Según la Encuesta Continua de Empleo, la tasa de ocupación en la región Huetar Caribe apenas subió de 48.4% a 49.3% entre el primer trimestre de 2023 y el segundo de 2026, frente a un 50.8% nacional.
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La tasa de desempleo bajó de 7.7% a 6.9% en ese mismo período, pero la informalidad laboral creció a un ritmo mayor que en el resto del país.
La energía como condición para nuevas inversiones
Fernández fue directa al describir la cadena de dependencias: sin suficiente carga eléctrica, ninguna de las grandes inversiones previstas para la provincia puede materializarse. El nuevo hospital, el aeropuerto internacional, la marina y las concesiones hoteleras están condicionados a que Moín IV entre en funcionamiento.
“Ninguna inversión se materializará si Limón no tiene la carga eléctrica suficiente”, advirtió la mandataria. Cuando la planta opere, el complejo de Moín alcanzará una capacidad total de 370 megavatios, al sumar la nueva unidad a la infraestructura ya existente.
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El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, aprovechó el anuncio para despejar otra incertidumbre: “Se acabó la zozobra para las personas que trabajan en Moín. No cerramos Moín, eso se acabó”. Acuña defendió la decisión de financiar generación térmica —en un contexto en el que muchos bancos solo apoyan proyectos renovables— con un argumento pragmático: los 200 megavatios térmicos funcionarán como respaldo de los 400 megavatios de energía solar que el país incorporará durante esta administración.
El peso del financiamiento externo
El gerente país del BCIE, Álvaro Alfaro Gutiérrez, señaló durante la presentación que más del 25% de la generación eléctrica de Costa Rica ya proviene de proyectos que el banco ha financiado. El monto total comprometido por la institución asciende a USD 485 millones, de los cuales USD 400 millones corresponden a Moín IV.
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Fernández agradeció públicamente al banco y subrayó la confianza institucional que, según ella, facilita la relación: “Levanto el teléfono y puedo hablar con confianza con los funcionarios del máximo nivel jerárquico del banco”.
Pobreza, violencia y promesas acumuladas
El anuncio llega sobre una provincia que, pese a algunas mejoras estadísticas, sigue siendo la más pobre del país. La región Huetar Caribe cerró 2025 con un 24.9% de hogares en condición de pobreza, una reducción de 8.1 puntos desde 2022, pero mantuvo el primer lugar en esa categoría a nivel nacional, por encima del promedio del 15.2%.
La violencia agrava el cuadro. Limón acumulaba 120 homicidios al 27 de agosto de 2026, casi una cuarta parte de los 526 registrados en todo el país en ese corte. La tasa provincial de 37.7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 más que duplicó la media nacional de 16,7.
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Fernández también impulsó el proyecto de “armonización del mercado eléctrico nacional”, que abriría el sector a otras empresas generadoras. Descartó que la iniciativa ponga en riesgo al Grupo ICE, pero advirtió que el país no puede esperar más: “Jamás podría yo consentir que nuestro país se quede rezagado por decisiones en la Asamblea Legislativa que llevan más de 25 años en discusión”.
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