Santa Cruz: la Vaca Muerta de la minería

Hay una situación que explica, mejor que cualquier informe, lo que le pasó a la provincia: mientras Neuquén convirtió una formación de roca en el motor económico de su suelo y del país entero, Santa Cruz dejó pasar la oportunidad. Los santacruceños tienen debajo de sus pies una riqueza inmensa en minería, y se sigue administrando como si fuera un problema y no una oportunidad.

No exagero cuando digo que, en los hechos, es la Vaca Muerta de la minería argentina. Los números son contundentes. Durante 2025, Santa Cruz concentró cerca del 40% de las exportaciones mineras de todo el país, con un acumulado de exportaciones de oro y plata que en el año superó los 2.400 millones de dólares, más que el propio presupuesto provincial.

Es la primera provincia exportadora de minerales de la Argentina, por encima de San Juan, Catamarca y Jujuy. Siete minas en producción (Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro Moro, San José, entre otras, operadas por compañías de primera línea internacional) generan hoy más de 8.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos en el Macizo del Deseado.

Solo Cerro Negro tiene reservas certificadas por 3,2 millones de onzas de oro. Un proyecto como Cerro León estima un potencial de 92 millones de onzas de plata equivalente. Esto no es una promesa: es geología confirmada. Y sin embargo, alcanza con adentrarse un poco para ver el otro lado de la historia.

En julio de este año una falla en la línea de alta tensión entre Piedra Buena y La Esperanza dejó sin luz a Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre, con cortes que tuvieron que priorizar hospitales y plantas potabilizadoras porque no había respaldo energético propio.

El Calafate, la postal turística de Argentina, no cuenta con generación de emergencia. El presupuesto provincial proyectó para este año un déficit de 350.000 millones de pesos, en donde las exportaciones mineras superan largamente esa cifra. ¿Cómo puede ser que una provincia que exporta más de 2.000 millones de dólares al año en oro y plata no logre garantizar el suministro eléctrico de sus propios pueblos? La respuesta está en la gestión.

La comparación con Neuquén también vale mirarla con atención. Entre 2006 y 2024 los ingresos por regalías de esa provincia crecieron 245%, impulsados casi exclusivamente por Vaca Muerta. Ese caudal de recursos le permitió a Neuquén crear un fondo anticíclico, volver a emitir deuda en Wall Street, liderar el crecimiento del empleo privado en el país y anunciar hace apenas unos días una nueva inversión de 6.400 millones de dólares de Tecpetrol para el desarrollo de un solo bloque, con la meta de sumar 70.000 barriles diarios hacia 2027. Cada puesto de trabajo directo en Vaca Muerta multiplica tres empleos indirectos en logística, construcción, comercio y servicios. Eso es lo que hace un Estado provincial cuando decide correrse de en medio y dejar que la inversión fluya con reglas previsibles.

Santa Cruz tuvo, y tiene, todo lo necesario para recorrer un camino parecido, pero para eso hace falta lo que el sector minero viene reclamando hace años: previsibilidad jurídica, un esquema sindical que no expulse inversiones y una carga impositiva que no castigue a quien viene a invertir.

Argentina en su conjunto destina apenas el 2% del gasto minero a exploración, contra más del 10% en Chile, y en Santa Cruz esa brecha se siente todavía más porque las minas más importantes necesitan nuevas reservas ya mismo y no las están encontrando al ritmo necesario.

Santa Cruz espanta inversiones es Vox Pópuli la historia de una empresa que llegó a la provincia dispuesta a invertir 3.000 millones de dólares y cuyo CEO terminó encerrado varios días dentro de una planta por un conflicto gremial y nunca más volvió. Ese no es un incidente aislado, es un modelo de gestión de extracción sindical que fue extorsivo con las empresas en su tiempo, y que ahora se para del otro lado del mostrador pidiendo inversiones. Pero administrar una provincia no es lo mismo que manejar un sindicato.

Mientras se pierden oportunidades en minería, los sueldos estatales son cada vez más bajos, los hospitales están desbordados y los recursos públicos se usan para financiar agendas de género. Si Santa Cruz hubiera sido administrada con una lógica de previsibilidad, con equilibrio fiscal y con políticas que fortalezcan la seguridad jurídica, hoy tendríamos una provincia con superávit, con un sistema eléctrico robusto, con salarios dignos para maestros y trabajadores de la salud, y con miles de puestos de trabajo adicionales sostenidos por la minería.

Esos dólares que hoy exportamos casi en piloto automático, sin un plan de largo plazo detrás, podrían haber financiado escuelas, hospitales, rutas y un sistema energético acorde a las necesidades y el país entero se hubiera beneficiado: más dólares genuinos, más empleo privado, menos dependencia de un Estado nacional que hoy tiene que mirar para el sur con la misma pregunta de siempre: ¿Por qué, con todo lo que tenemos, seguimos entre los últimos?.