¿Por qué conviene discutir una Ley de Valorización de la Naturaleza?

Bosques que regulan el clima y el agua, humedales que reducen riesgos de inundaciones, suelos que sostienen la producción, ecosistemas que capturan carbono y paisajes que sostienen actividades turísticas. La naturaleza genera valor económico y social, aunque muchas veces ese valor no aparece en las decisiones de inversión, producción o planificación.

Por eso resulta conveniente abrir una discusión nacional sobre un régimen de Valorización de la Naturaleza y Pago por Servicios Ecosistémicos PSE.

Varios países de América Latina Costa Rica, Perú, Brasil, Colombia y mas recientemente Chile y otras regiones del mundo UE, Reino Unido, China, Australia, Canadá, entre otras tantas ya han desarrollado marcos legales y políticas de valorización de la naturaleza y de pago por servicios ecosistémicos, con experiencias que muestran resultados alentadores en sus primeras etapas.

Estas experiencias permiten aprender qué funciona, qué debe evitarse y cómo adaptar los instrumentos a nuestra realidad federal. Argentina puede aprovechar ese aprendizaje internacional para diseñar un esquema propio, gradual y basado en evidencia, en lugar de comenzar desde cero.

Uno de los principales desafíos ambientales de Argentina no es solamente definir objetivos de conservación, sino encontrar mecanismos sostenibles para financiarlos. La Ley General del Ambiente 25675 establece al régimen económico de promoción del desarrollo sustentable como un instrumento central de política. Sin embargo, ningún gobierno ha impulsado seriamente esta discusión, perdiendo importantes oportunidades para las provincias y la Nación Argentina.

Los presupuestos públicos son indispensables, pero insuficientes Al mismo tiempo, existen productores, comunidades, propietarios, gobiernos locales y organizaciones que realizan acciones que generan beneficios que trascienden sus propios territorios y merecen ser recompensados debidamente.

Un régimen de PSE permite discutir cómo establecer regímenes fiscales y económicos que promuevan el cuidado ambiental como política productiva ¿Cómo hacemos para que quienes generan beneficios ambientales para toda la sociedad puedan recibir incentivos para sostenerlos en el tiempo? Si el que contamina paga, el que descontamina, debe ser retribuido.

Esto puede aplicarse, por ejemplo, a la protección de cuencas hídricas, conservación de bosques y humedales, restauración de ecosistemas, mantenimiento de suelos, prevención de incendios o generación de corredores de biodiversidad.

Esta discusión adquiere todavía mayor relevancia frente al fenómeno El Niño y la creciente variabilidad climática asociada al cambio climático.

Sequías, inundaciones, olas de calor, incendios y otros eventos extremos muestran que nuestra vulnerabilidad no depende solamente de cuánto podemos gastar después de un desastre, sino también de cuánto invertimos antes para reducir sus impactos.

Por eso, invertir en naturaleza no es solamente una política ambiental sino una estrategia de adaptación, resiliencia y desarrollo productivo.

En un contexto de creciente incertidumbre climática, proteger cuencas, restaurar suelos, conservar humedales y recuperar bosques es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer.

La valorización de la naturaleza puede ayudar además a desarrollar fondos específicos, esquemas de pago por resultados, canjes de deuda, incentivos fiscales, instrumentos financieros y modelos de inversión pública y privada orientados a resultados ambientales verificables.

Una ley nacional podría establecer principios, criterios y herramientas comunes, dejando espacio para que las provincias desarrollen instrumentos adaptados a sus propias realidades y competencias.

La propuesta merece ser discutida no porque exista una única respuesta sobre cómo valorar la naturaleza, sino precisamente porque Argentina necesita construir colectivamente esa respuesta.

La oportunidad de conectar naturaleza, desarrollo productivo y financiamiento es enorme.

Abrir esta discusión a nivel nacional puede ser el primer paso para construir una política de Estado que reconozca que conservar y restaurar nuestro capital natural no es solamente proteger nuestro patrimonio sino invertir en el futuro económico y social de Argentina.