¿Ley contra el odio o para reimplantar el relato?

“Le damos pauta, ¿le financiamos las balas para que nos disparen?”. Así comenzó la entrevista Roberto Navarro para preguntarle a la portavoz Gabriela Cerruti sobre qué hacer con los medios que, supuestamente, despliegan discurso de odio contra el gobierno. A esta barbaridad, la vocera respondió con naturalidad, afirmando que es legítimo pensar en una regulación de publicidad oficial porque, según agregó en otro tramo de la entrevista, está mal “que los medios digan lo que quieren decir”.

A través de estas palabras, la funcionaria insiste en el deseo de contar con algún tipo de regulación destinada a intervenir sobre la línea editorial de los medios. No lo plantearían ya como un proyecto concreto sobre regulación de comentarios ofensivos sino, aparentemente, como una norma restrictiva sobre publicidad oficial. “Tenemos todo el derecho del mundo a decidir qué medios queremos impulsar”,a definir qué “valores” quiere transmitir la administración nacional y qué tipo de medios pretende que mantengan esa “conversación colectiva”, señaló la funcionaria.

Ningún concepto de los que desplegaron en estos días de conmoción supera a este, absolutamente reñido con el precepto constitucional sobre la libertad de expresión.

Por eso, no debemos distraernos. La libertad de expresión y la libertad de ciudadanos y periodistas para expresar cualquier idea u opinión política, se vuelve a poner en riesgo. Cualquier instrumento que se intente aplicar para ejercer censura, ya sea a través de regulaciones dirigidas a restringir el derecho de expresión por vías indirectas, como el reparto arbitrario de publicidad oficial, o bien a través de leyes para limitar contenidos en redes sociales, bajo una supuesta “persecución del odio”, sería inconstitucional y antidemocrática.

Es repudiable que utilicen un hecho condenado por toda la sociedad, como fue el atentado aún no esclarecido hacia la vicepresidenta para volver a emprender como lo hicieron desde el año 2008 contra medios y periodistas. La Corte Suprema de Justicia instó en fallos recientes, a establecer criterios de “equidad y proporcionalidad” en la distribución de la pauta oficial, recordando que “existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos” (Fallos: 334:109) y destacando que el Estado debe realizar dicha distribución respetando dos criterios constitucionales: 2) “no puede manipular la publicidad dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; y 2) “no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (Fallos: 330:3908).

Lejos parecen quedar las consignas que desplegaban al sancionar la ley de medios sobre la pluralidad de voces, al parecer desde la Casa Rosada se pretende hegemonía absoluta para que la “conversación colectiva” se establezca solo entre los que sostienen su ideario. Nada más fascista y antidemocrático que negar la voz a otros, debilitando la posibilidad de contar con un debate público robusto, sin cortapisas y donde la libertad de decir, opinar y pensar no esté permanentemente apuntada.

Qué debilitada resulta una democracia, si los funcionarios hablan de balas y armas cargadas para referirse a la prensa. Sobre todo si consideramos que, en la analogía brutal de Navarro, los medios que reciben arsenales bien provistos de recursos de pauta, son solo aquellos que se convierten en meros propaladores de un relato.

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