Los resultados de las Pruebas Aprender 2021 –la primera evaluación de aprendizaje tras la pandemia- evidencian con datos irrefutables el profundo daño que provocó el cierre sostenido de escuelas durante un año y medio en la provincia de Buenos Aires.
El derecho a la educación fue cercenado por una decisión política que tiene en el Poder Ejecutivo y su brazo sindical a los máximos responsables de este fracaso estrepitoso.
Sin ningún tipo de autocrítica -como era de esperar-, las autoridades hicieron oídos sordos y resignificaron su viejo lema de campaña para ahora ensayar la excusa “la culpa es del otro”.
El panorama dista de ser alentador. Con un sistema educativo fracturado, a los magros resultados evaluativos debe añadirse otro preocupante ítem: miles de alumnos fueron víctimas del candado que se le impuso a la educación y quedaron marginados del sistema cuando la equina le ganó a la escuela.
En este dramático escenario, asombra la desorientación de quienes deben tomar decisiones. Disociado de lo que realmente ocurre en las escuelas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, utilizó políticamente un acto de jura de lealtad a la bandera para acentuar su relato e instar a un grupo de estudiantes a “rebelarse” contra las reglas del lenguaje a modo de “revolución educativa”.
La verdadera inclusión debe estar enfocada en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos incorporen los conocimientos pertinentes y, de esta manera, puedan comprender y entender lo que leen.
Lamentablemente, mientras los responsables de delinear el rumbo educativo sigan aferrándose a un relato inconsistente y alejado de la realidad en el aula -que no ofrece ningún tipo de respuestas a las problemáticas que aquejan alumnos-, el horizonte seguirá siendo confuso y la educación continuará sumida en el deterioro.
El destino no diferirá de lo que acontece en la actualidad. Más exclusión y pobreza, menos posibilidades de desarrollo de capital humano. Un futuro hipotecado.
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