
El discurso público argentino suele idealizar a las pymes. A menudo esa idealización esconde una demonización de las grandes empresas: las pymes serían las buenas y las grandes serían las malas.
Ese discurso parece no percibir que grandes y chicas son parte de un mismo entramado productivo. Al fin de cuentas, el mejor destino de una pyme es el fortalecerse con más y mejor tecnología, para aportar a todo ese entramado y, en ocasiones, crecer hasta convertirse en una gran organización empresarial.
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La relación de las pymes con las grandes empresas crea un círculo virtuoso, porque en la medida que las primeras vendan a las grandes, desarrollan capacidades que les permiten exportar e integrarse en las cadenas globales de valor. De hecho, si les venden a grandes empresas que exportan, se convierten en exportadores indirectos.
En ese juego de idealización y demonización, a menudo no se usan los datos para entender qué le está pasando a las pymes argentinas. La política pública no usa debidamente una excelente usina de información sobre las pymes industriales y de servicios que viene produciendo información desde hace veinticinco años: la Fundación del Observatorio Pyme (FOP).
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En estos días la FOP emitió un estudio –”Inserción internacional de las PyME y competencia de las importaciones en el mercado interno”- que debería preocupar y obligar a los poderes públicos a ocuparse: es un informe del estado de las pymes exportadoras y de sus ventas a grandes empresas antes, durante y después del shock de la pandemia.
El estudio es amplio, pero unas pocas cifras dan cuenta de la situación:
1- Al salir de la pandemia en el 2021 el poder adquisitivo del conjunto de las empresas exportadoras de manufacturas de origen industrial (MOI), disminuyó un 13%. Eso quiere decir que, con cada cien dólares de exportaciones, las industrias pueden comprar trece dólares menos de insumos importados.
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2- Tomando solamente a las pymes industriales exportadoras, la caída de su poder adquisitivo llega al 20%.
3- La proporción de pymes industriales exportadoras viene bajando desde el 31% en el 2006 hasta el 22% en 2018 y 2019 y apenas el 19% en el 2020.
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4- Hacia el 2019, el 15% de las empresas industriales y de servicios profesionales vendían a multinacionales o a empresas exportadoras. Desde el 2020 y mediados del 2021, casi la tercera parte de esas empresas dejó de venderle a esos clientes. Esa retracción es sustancialmente mayor en las pequeñas empresas que en las medianas y grandes.
5- El informe también menciona la menor competencia de las importaciones para los productos manufacturados argentinos. Quizás una buena noticia, pero también habla de la insularidad del sistema productivo argentino.
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El deterioro exportador se explica por causas externas: la pandemia y el aumento del precio de los fletes en la post pandemia. Pero también hay causas internas: la inestabilidad macroeconómica y regulatoria y los ciclos de sobrevaluación de la moneda, uno de los cuales estamos viviendo en este momento.
El tema es preocupante, los que se largaron a exportar hicieron un largo proceso de aprendizaje y consiguieron ganar la confianza de sus clientes. La pérdida de dinámica supone pérdidas en ese aprendizaje, y de los clientes del exterior que, entre tanto, se van abasteciendo con otros proveedores.
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La política pública debería dejar de idealizar a las pymes y pasar a la acción. Un componente central de esa acción está en manos de organizaciones como el INTI, el CONICET y las universidades. Las posibilidades de la inserción internacional dependen en buena medida de la incorporación de la innovación y la tecnología en los procesos productivos. Otro ingrediente es la eficacia –al alcance de las pymes- de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva para conocer el mercado internacional y sus cambios. Y el tercero, quizás el más importante, mano de obra capacitada, innovadora y comprometida con las empresas y su trabajo.
Difícilmente las pymes se puedan abastecer de esos ingredientes en el nivel nacional: la pelota la tienen las provincias y los municipios. Y para eso el nivel nacional debe aportar recursos específicos, programas de construcción de capacidades públicas y los adecuados incentivos para despertar el interés de gobernadores y autoridades locales.
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Y, desde luego –esa sí competencia exclusiva del nivel nacional-, el equilibrio macroeconómico y la estabilidad normativa que permitan el desarrollo de un mercado de crédito.
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