Argentina y los próximos cinco años: cómo convertir expectativas en instituciones

La oportunidad existe, pero sólo podrá sostenerse si el país fortalece la credibilidad institucional, la seguridad jurídica, la modernización de la Justicia, el mérito, la Educación y la adaptación tecnológica.

Durante años, hablar de Argentina era hablar de inflación, incertidumbre, reglas cambiantes y dificultad para sostener proyectos de largo plazo. Hoy el clima parece distinto. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque se produjeron cambios que modificaron la percepción del país dentro y fuera de la Argentina y volvieron a instalar una pregunta que durante mucho tiempo estuvo ausente: qué puede llegar a ser Argentina si logra sostener determinadas condiciones en el tiempo.

En ámbitos empresariales, profesionales y académicos comienza a repetirse una misma inquietud: si Argentina será capaz de transformar esta oportunidad en un proceso sostenido de desarrollo. Esa discusión ya no es solamente económica. Es institucional, educativa, tecnológica y cultural.

La discusión de los próximos cinco años no debería limitarse a cómo salir de una crisis. Debería concentrarse en cómo evitar volver a ella. Los países que progresan no son solamente los que resuelven emergencias. Son aquellos que construyen instituciones capaces de impedir que los mismos problemas regresen una y otra vez.

La seguridad jurídica ocupa allí un lugar decisivo. Pero no nace solamente de leyes escritas. Nace de la credibilidad de las instituciones, de la previsibilidad de las decisiones públicas, de la fortaleza de los controles y de la capacidad del sistema para poner límites cuando una persona, un poder del Estado o un sector se aparta de las reglas.

La verdadera fortaleza de las instituciones no se pone a prueba cuando todo funciona correctamente. Se pone a prueba durante las crisis, los conflictos y las tensiones inevitables que atraviesa cualquier democracia.

Las instituciones cumplen su función más importante precisamente en esos momentos. Son las que permiten encauzar desacuerdos, corregir excesos y preservar el equilibrio cuando alguno de los poderes del Estado se aparta de los límites que le asigna el sistema republicano.

Por eso la calidad institucional no puede medirse únicamente por el funcionamiento cotidiano de los organismos. Debe medirse también por su capacidad para responder frente a situaciones de tensión sin comprometer la estabilidad del sistema.

Los países que lograron construir procesos de desarrollo sostenido entendieron algo fundamental: las personas son importantes, pero las instituciones deben ser más fuertes que las personas. Son ellas las que garantizan que los cambios de gobierno, las crisis económicas, los conflictos políticos o las decisiones equivocadas no terminen poniendo en riesgo las reglas básicas de convivencia.

En definitiva, la confianza no surge de la ausencia de conflictos. Surge de la certeza de que existen instituciones capaces de administrarlos, limitarlos y resolverlos dentro del marco democrático.

En ese marco, la modernización de la Justicia no puede seguir siendo vista como un debate reservado a especialistas. Es una pieza central de cualquier proyecto de país. La implementación plena del sistema acusatorio, la expansión del juicio por jurados, la revisión de los mecanismos de selección, evaluación y remoción de magistrados, el fortalecimiento del Consejo de la Magistratura y la discusión sobre sus reglamentos internos forman parte de una agenda institucional impostergable.

Cómo se eligen los jueces, cómo se evalúa su desempeño, cómo se garantiza su independencia y cómo se remueve a quienes no cumplen adecuadamente su función no son detalles administrativos. Impactan directamente sobre la confianza pública y la calidad democrática.

Los reglamentos de concursos, la ponderación de antecedentes, las entrevistas personales y los criterios de evaluación son parte de la arquitectura institucional que determina cómo se construye confianza en el sistema. Cuando esos mecanismos fortalecen el mérito y reducen la discrecionalidad, fortalecen también la legitimidad institucional.

También será necesario avanzar hacia una actualización integral del Código Penal. Frente al crimen organizado, la ciberdelincuencia, el lavado de activos y las nuevas formas de criminalidad compleja, no alcanza con seguir agregando parches sobre una estructura normativa centenaria.

La gran discusión de los próximos años no será solamente cómo estabilizar la Argentina. Será cómo volverla más competitiva: competitiva para atraer inversiones, desarrollar talento, producir conocimiento, incorporar tecnología e insertarse en una economía global cada vez más exigente.

La inteligencia artificial profundiza ese desafío. Pero la discusión no debería comenzar en la universidad. Debería empezar en la escuela primaria, continuar en la secundaria y profundizarse en la formación superior. La pregunta no es solamente qué profesionales necesitaremos dentro de diez años, sino qué capacidades debemos comenzar a desarrollar hoy.

Pensamiento crítico, adaptación al cambio, alfabetización digital, comprensión tecnológica y aprendizaje permanente serán competencias cada vez más relevantes. El desafío no será competir contra la inteligencia artificial. Será aprender a aprovecharla y gobernar sus riesgos.

También será necesario fortalecer la calidad de la información pública. En una economía digital, la reputación dejó de ser un activo intangible para convertirse en un activo crítico. La libertad de expresión seguirá siendo un pilar esencial, pero una sociedad libre también necesita responsabilidad, verificación y conciencia sobre el daño que puede producir la manipulación deliberada de información.

Los países exitosos no son aquellos que eliminan todos los riesgos. Son aquellos que identifican anticipadamente los riesgos estratégicos y construyen instituciones capaces de administrarlos. Esa capacidad de anticipación será una de las ventajas más importantes de las próximas décadas.

El sector privado, las universidades, los medios, los profesionales y las organizaciones de la sociedad civil también tienen una responsabilidad central. Los países no se construyen únicamente desde los gobiernos. También se construyen desde sus instituciones, sus estándares y sus decisiones cotidianas.

Durante décadas Argentina discutió cómo administrar sus crisis. Los próximos años deberían estar dedicados a construir instituciones capaces de evitar que esas crisis vuelvan a repetirse.

Porque las oportunidades pueden aparecer, la confianza puede recuperarse y las expectativas pueden crecer. Pero sólo las instituciones son capaces de transformar esas oportunidades en algo duradero.

*El autor es Abogado | Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales

Posgrado en derecho procesal penal profundizado

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