El desafío pendiente del nuevo Plan de Defensa

El Decreto 314/2026 —Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino— constituye, en principio, una señal positiva para el Sistema de Defensa Nacional. Nadie puede discutir que, luego de décadas de desinversión, obsolescencia y pérdida progresiva de capacidades, la incorporación y modernización de medios resulta imprescindible.

Gran parte de los activos —medios— de los sistemas de armas actuales son obsoletos o se encuentran en condiciones operativas degradadas. Tras más de cuarenta años de uso con escasos recursos para su mantenimiento, muchos de ellos han dejado de ser instrumentos militares eficaces para convertirse, en los hechos, en meros símbolos. En algunos casos, directamente existen vacíos de capacidad, como ocurre con el componente submarino.

En este contexto, la decisión de reequipar no solo es razonable, sino necesaria. Sin embargo, también es insuficiente si no se comprende un aspecto central: una capacidad militar no se construye comprando activos, sino desarrollando sistemas.

El propio decreto lo reconoce cuando afirma que, dadas las características geográficas, territoriales y de recursos de la Argentina, es esencial contar con un “sistema de defensa” con “capacidad real de disuasión y respuesta”. Ahora bien, esa capacidad no surge de la adquisición de activos en sí misma, sino del funcionamiento integral de un conjunto de elementos que deben operar de manera coherente y sostenida en el tiempo.

Una capacidad militar está compuesta por múltiples factores interdependientes: medios materiales, recursos humanos, inteligencia, infraestructura, logística, adiestramiento, doctrina y organización. Este enfoque sistémico -frecuentemente ignorado- es el que le da sentido real al instrumento militar. Cuando este equilibrio en el sistema no existe, lo que aparece es una “lista de compras” desarticulada, con medios inconexos, sin soporte adecuado y, en muchos casos, sin posibilidad real de empleo eficaz.

Aquí aparece el primer problema estructural: la tendencia a pensar la defensa como adquisición de activos y no como la generación y operación de un sistema.

Incorporar y sostener un sistema de armas es solo una parte de un proceso mucho más complejo, que incluye diseño, adquisición, operación, mantenimiento, sostén logístico, capacitación de personal, adiestramiento y acumulación de insumos. Todo esto forma parte del ciclo de vida del sistema —diseño; fabricación / adquisición; operación y sostenimiento; disposición final—, que coincide con el de los activos, donde el diseño y adquisición/incorporación representan del orden del 20% del costo total del ciclo de vida de los mismos, mientras que el 80% restante corresponde a su operación y sostenimiento.

Dicho de otro modo: el mayor costo de un sistema no comienza con la adquisición de los activos que lo integran, sino durante la etapa operativa, cuando los medios se encuentran dentro de su “vida útil”, período en que se espera que permanezcan “disponibles” para su empleo efectivo.

Esto nos lleva a un concepto central en la defensa moderna: el nivel de “preparación”, que en otros países se conoce como “readiness”, es decir, la capacidad real de las fuerzas para entrar en combate y cumplir las misiones asignadas. Este no depende solamente de tener activos, sino de cuatro factores fundamentales: el personal, el adiestramiento, el estado de los medios y los acopios necesarios para sostener operaciones.

En primer lugar, el recurso humano. Formar personal competente, con experiencia y liderazgo, lleva años —muchos más que adquirir un sistema— y requiere inversión sostenida. No se trata solo de instrucción, sino de generar competencias reales mediante la capacitación y adiestramiento continuo. Sin medios disponibles, ese adiestramiento no existe, y sin adiestramiento, la capacidad es ficticia.

En ese sentido, resulta imprescindible dotar de las condiciones adecuadas a quienes sirven al país en las Fuerzas Armadas, que durante las últimas décadas no han ocupado un lugar prioritario dentro de las políticas del Estado. Si bien la actual gestión ha intentado revertir parcialmente ese escenario, aún persisten problemas relevantes, especialmente en materia salarial y en el funcionamiento de la obra social. Estas dificultades impactan con mayor intensidad en los escalones más bajos, donde la preocupación cotidiana por sostener a la familia compite —y muchas veces desplaza— la posibilidad de capacitarse, perfeccionarse y concentrarse plenamente en el desarrollo profesional.

El segundo punto es el nivel de adiestramiento. Operar un sistema con seguridad técnica exige, en primer lugar, que los medios sean confiables y todos sus componentes funcionen adecuadamente y, además, puedan ser utilizados una cantidad determinada de tiempo —horas de vuelo, días de navegación, ejercitaciones en el terreno— para el adiestramiento básico del sistema de armas, lo cual tiene un costo significativo. Alcanzar niveles superiores de adiestramiento incrementa aún más esos costos. Reducirlos implica, inevitablemente, degradar la capacidad.

El tercer factor es el estado de los activos donde entra en juego un concepto clave: la confiabilidad, definida como la “capacidad de un elemento (equipo, sistema o activo) para realizar una función requerida bajo condiciones dadas durante un intervalo de tiempo específico”. Esta no es una característica deseable: es una condición indispensable. Un equipo que falla no cumple su función, independientemente del valor invertido en su adquisición.

Ligado a la confiabilidad emerge un concepto central: la soportabilidad, entendida como la capacidad de un sistema para ser sostenido a lo largo de toda su vida útil mediante un adecuado entramado logístico. Las deficiencias en el abastecimiento de insumos y repuestos, así como las falencias en el mantenimiento, son los factores que más erosionan la confiabilidad de los medios. Sin soportabilidad, la confiabilidad se degrada; sin confiabilidad, la disponibilidad se reduce; y sin disponibilidad, la capacidad militar se vuelve, en los hechos, inexistente.

En este contexto interactúan dos conceptos clave. Por un lado, la baja confiabilidad, que incrementa la probabilidad de falla y reduce el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF). Por otro, la limitada capacidad de mantenimiento que, debido a la falta de insumos y/o repuestos o a la obsolescencia de los componentes, demora excesivamente o incluso impide la reparación de fallas, aumentando el Tiempo Medio para Reparar (MTTR).

La combinación de un MTBF decreciente y un MTTR creciente se traduce en una menor disponibilidad operativa y, con el tiempo, en la reducción de la vida útil del activo. En términos concretos, esto implica que el Estado pierde una capacidad antes de lo previsto y el contribuyente financia activos que dejan de estar disponibles mucho antes de lo que deberían.

Existe evidencia de que el costo anual de mantenimiento —incluyendo repuestos y servicios de terceros— se sitúa en torno al 2% del valor de reposición del activo. Por ejemplo, un buque tipo OPV, como los incorporados en los últimos años, con un costo aproximado de 80 millones de dólares, requiere unos 1,6 millones de dólares anuales para sostener condiciones de confiabilidad cercanas a las de fábrica. En el caso de las aeronaves, estos costos se encuentran integrados en el valor de la hora de vuelo y varían según su tipo.

En definitiva, no sostener adecuadamente los activos implica no disponer de ellos cuando se los necesita o contar con medios que dejan de cumplir la función para la cual fueron adquiridos, antes de lo previsto y/o durante el adiestramiento o combate, poniendo en este último caso, los intereses vitales de la nación en peligro.

El cuarto factor son los acopios. La disponibilidad de munición, repuestos, equipos y suministros es determinante para sostener operaciones. No tenerlos equivale, en términos prácticos, a no poseer el sistema. Un buque sin misiles, un avión sin armamento o un radar sin repuestos pierden su función esencial.

Todos los factores enumerados requieren recursos. Y aquí aparece el principal interrogante que plantea el decreto: al establecer que el financiamiento del plan no afectará el equilibrio presupuestario, surge la duda de si habrá un incremento real del presupuesto de defensa para atender los gastos de personal, adiestramiento y mantenimiento para que el sistema funcione como tal. Si no se incrementa de manera sostenida, el resultado es previsible: los sistemas se degradan, se pierde personal capacitado, los sistemas no se adiestran, los acopios no son suficientes y la capacidad vuelve a erosionarse.

Este ciclo no es nuevo. Argentina lo ha recorrido repetidamente desde hace varias décadas.

La defensa implica, además, gestionar riesgos. No se trata solo de adquirir capacidades, sino de definir cuánto riesgo está dispuesto a asumir el país y cuánta defensa es suficiente. Reducir riesgos estratégicos exige capacidades de disuasión creíbles, lo que nuevamente remite al readiness y, por ende, al financiamiento sostenido

En definitiva, la creación de capacidades militares requiere tiempo, planificación y recursos. No es un proceso inmediato ni puede resolverse con decisiones aisladas de compra de activos. Implica desarrollar sistemas completos, integrados y sostenibles a lo largo de su ciclo de vida.

La conclusión es clara: comprar es necesario, pero está lejos de ser suficiente.

Si el reequipamiento no viene acompañado de inversión en personal, adiestramiento, mantenimiento y acopios, el resultado será el mismo que en el pasado: capacidades aparentes, pero no reales.

En términos simples, y trasladado al lenguaje empresarial: el CAPEX sin OPEX carece de sentido.

Si esta lógica no se incorpora de manera estructural en la política de defensa, el país corre el riesgo de repetir un ciclo ya conocido: adquirir, degradar y volver a empezar.