En lo que parece ser un reconocimiento explícito de su ausencia de convicción en materia de brindar seguridad, el Presidente de la Nación envió una carta a la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras asegurando que no es responsabilidad del Ejecutivo nacional reforzar la seguridad de la región.
El propio texto de la epístola generó asombro y alarma. En la misma, el Jefe de Estado aclaró: “He decidido asistir a la provincia a su cargo con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”.
El Presidente de la Nación revela un profundo desconocimiento de la Constitución Nacional que en su artículo 75 inciso 2 menciona entre las atribuciones del Congreso Nacional “Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo indeterminado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”, imposición fundada precisamente en la necesidad de garantizar la “seguridad común”.
A su vez, el contenido de su misiva a la gobernadora de Río Negro demuestra que el Jefe de Estado desconoce sus obligaciones constitucionales así como las que surgen de la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Norma que en su artículo 2 dispone que “a los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Al tiempo que, de conformidad con el artículo 4 de la misma norma, “la seguridad interior tiene como ámbito espacial el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo”.
La insólita nota del Jefe de Estado implica una renuncia a una de sus principales competencias, consagrada desde la Constitución Nacional en toda la pirámide normativa y específicamente en la Ley de Seguridad Interior mencionada. Toda vez que en lugar de coordinar junto con las unidades subnacionales la acción para combatir el delito, abdica de su deber y abandona a una provincia que requiere asistencia.
En síntesis, el Presidente de la Nación ha consagrado la impunidad del malón, deshaciendo el camino recorrido durante décadas en materia de organización de la Nación. A su vez, en lugar de garantizar el orden público en el sur del país, se coloca a sí mismo como promotor de la violencia terrorista toda vez que insiste en su política de “dejar hacer” ante los movimientos que bajo pretexto de una supuesta pertenencia a pueblos originarios cometen toda suerte de delitos contra el Estado y la propiedad privada.
Este curso de acción parece ser parte integral de una sistemática política oficial que cada día se aleja más de las funciones esenciales del Estado en materia de procurar la paz y la seguridad en el país. Días antes, el embajador argentino en Chile se presentó ante los tribunales judiciales de ese país actuando como virtual abogado defensor de un condenado por delitos contra la soberanía nacional provocando un grave daño a las relaciones bilaterales con la hermana nación trasandina.
El Gobierno Nacional parece haberse erigido en promotor del secesionismo a través de su aval al terrorismo, mostrado una nostalgia del setentismo, lo que merece nuestro más profundo rechazo.
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