Sin el necesario debate, la ciudad de Avellaneda tomó la decisión de impulsar las expropiaciones mediante la aprobación de una ordenanza de nula validez constitucional, en una actitud del típico abuso del sistema democrático y ejerciendo la mayoría circunstancial. Por ello, es necesario contar con mejores propuestas y someterlas al debate público entre los vecinos de la ciudad.
No debemos esconder la problemática habitacional que aqueja a los grandes conglomerados urbanos de nuestro país. Pero mucho menos queremos que ese problema, ocasionado por malas políticas públicas urbanas y la ausencia de planeamiento, penetre en nuestros hogares y patrimonio para resolverle al Estado sus históricos errores.
Ese Estado que tanto se defiende desde el populismo es el que abandonó a su suerte a tantas familias. Ese mismo Estado, debería dejar de “proclamar derechos” en leyes y constituciones, para buscar soluciones políticas creativas y sustentables.
El Estado, que es el mayor propietario de tierras improductivas y carentes de servicios públicos, hurga en los bienes privados para sostener su relato, buscando extender su larga mano en bolsillos ajenos.
En distintos países de nuestro continente se debate sobre las reformas urbanas con fines de garantía sobre el derecho a la ciudad, pero lo hacen en el marco de planificación del territorio y el desarrollo. En ningún caso las soluciones prevén que se vulneren los derechos de unos frente a otros.
El derecho al futuro que defendemos desde el bloque de Juntos por el Cambio, siempre será el gran motor del desarrollo de nuestra sociedad. Cuando el estado pretende avanzar con la expropiación de derechos, nos paramos al frente del debate para que la sociedad conozca cuales son las intenciones reales de una política hoy ensayada en el ámbito local de Avellaneda pero sin duda alguna con la clara intención de extenderla en toda la Argentina.
Quienes respetamos las normas jurídicas y creemos en el sistema republicano sabemos que es material y jurídicamente impracticable una ordenanza de expropiación que genera abuso por la posición dominante y el confiscatorio aumento de tasas municipales del 50% a aquellas propiedades señaladas sin derecho. No seguirá su curso, pero sin duda levanta una alarma de hacia dónde se dirigen las políticas del kirchnerismo.
La norma local atenta contra todo el régimen legal, comenzando con la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y hasta la propia ley orgánica provincial de las municipalidades (Decreto Ley 6769/58). Todo el plexo normativo aplanado para ser obsecuentes con el presidente de turno o para abonar terreno fértil para discutir el acceso al suelo urbano o rural.
Partiendo de la normativa vigente debemos generar una legislación que incluya un marco general de planificación urbana y de regulación del uso del suelo. Debatir a partir de ahí debería ser normal y saludable en el marco de la democracia. La mala costumbre de tomar atajos en nombre del bien común, del interés general o de reconstruir la patria, en cualquiera de sus versiones aggiornadas, viola las más básicas nociones de los principios constitucionales, en particular el derecho de propiedad y de las libertades ilimitadas del titular del dominio frente a sus obligaciones.
En la última reforma, nuestra Constitución Nacional incorporó una cláusula del Desarrollo Humano, disponiendo entre las atribuciones del Congreso “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio” y “promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”. Ese es el camino correcto. No solo por expresión normativa, sino porque proponer una Ley Federal con presupuesto, objetivos y una definición clara hacia el futuro nos permitirá diseñar políticas sustentables para el futuro de las generaciones venideras.
El autor es concejal de la ciudad de Avellaneda, presidente del bloque de Juntos por el Cambio
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