Abuso y maltrato en la vejez: la importancia del acceso a la Justicia

Hoy 15 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, denominado así gracias a la Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato a la Vejez (INPEA, por sus siglas en inglés), que lo proclamó por primera vez el 15 de junio de 2006 en Nueva York, Estados Unidos.

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo instituyó en su resolución 66/127 el 9 de marzo de 2012, con la finalidad de aumentar la sensibilidad y el conocimiento sobre el abuso y la negligencia en el trato hacia las personas mayores, sobre todo en las áreas de Salud Pública y Derechos Humanos, lo cual constituye un problema social mundial.

El maltrato de las personas de edad en general es definido como el abuso físico, emocional o sexual por una persona que se halla en una posición de confianza. Se produce en todas las partes del mundo. Sus numerosas formas incluyen la tutela forzosa y la violencia física y sexual en los centros de atención, hospitales o en el seno de la familia; y la violencia contra las personas de edad particularmente vulnerables, como las personas de edad con discapacidad, las que no tienen un hogar y aquellas que viven en la pobreza, entre otras.

El maltrato además puede darse por el conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican exclusivamente a personas mayores en función de su edad, término definido como viejismo por Robert Butler en la década de 1970.

Tal vez el factor principal que ha permitido ganar una mayor visibilidad a este problema sea el aumento sustancial de la población de personas mayores de 60 años en todo el mundo, y principalmente en las regiones en vías de desarrollo. Aunque también confluyen otros factores, como el proceso de especificación de los Derechos Humanos. Esto permitió, entre otras muchas cosas, identificar la necesidad de implementar acciones positivas por parte de los Estados, con el fin de superar las diferencias estructurales que padecen personas en distintos tipos de situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, las personas mayores.

En este sentido, si bien es cierto que en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos hubo avances sustanciales -tal es el caso de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores-, lo cierto es que las acciones más inmediatas que pueden influir y hacer disminuir este flagelo dependen de las políticas públicas y las instituciones que son llamadas a dar respuesta a estos abusos.

En este contexto, el 20 de octubre de 2004 se creó la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), que entre otras funciones tiene la de recibir denuncias de particulares, afiliados, agentes del Instituto o prestadores, referidas a acciones u omisiones que puedan constituir un delito.

Esto es importante porque el derecho de acceso a la Justicia, además de ser un derecho humano fundamental, representa para las personas la puerta de entrada a los distintos cauces institucionales provistos por los Estados para la resolución de sus controversias, y la creación de la Unidad Fiscal ha permitido reconducir distintas situaciones en las que las personas mayores veían imposibilitado el debido ejercicio de sus derechos o directamente vulnerado o impedido el acceso a la justicia.

Esta herramienta institucional, más aquellas que también se ocupan de esta temática, permiten garantizarle a todas las personas no solo el acceso, sino también la protección de sus derechos y una solución a su conflicto a través del servicio de Justicia, que debe ser pronta, expedita y ágil de acuerdo a las necesidades, y es el compromiso que asumimos cotidianamente.

Es imprescindible que tomemos conciencia de la situación de fragilidad y dependencia en la que se encuentran muchas personas mayores, y que esta se incrementa por el contexto de la pandemia mundial que nos interpela a repensar el valor de la vida humana en su ciclo completo y, en particular, en la vejez.

No olvidemos que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano, y que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades.

Por cualquier consulta o inquietud comunicarse con:

Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), a cargo del Fiscal Federal Javier Arzubi Calvo.

Dirección: Sarmiento 657, Entrepiso, CABA.

Teléfono: (+54 11) 4326-5759 / 4328-1016 / 4328-3204 / 4328-4784 / 4328-7160 / 4328-7361 / 4328-7376 / 0800-555-3368

Mail: ufi-pami@mpf.gov.ar

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