La anulación del Poder Judicial es la antesala del autoritarismo

Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández se puso en marcha una persecución focalizada en el Poder Judicial, y en especial en la justicia federal.

Es algo que no parece novedoso si se recuerda que durante el gobierno de Cristina Kirchner tuvo lugar también un ataque institucional –aunque no tan intenso como el actual- que culminó incluso con la sanción de aquella ley de “democratización de la Justicia”, luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

La modificación del régimen jubilatorio de miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público y el control de la caja de aportes fue el primer paso, adoptado casi inmediatamente de asumir. Siguió el proyecto de ley para modificar la estructura de la justicia federal en lo criminal y correccional, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Un proyecto totalmente inconsistente con las necesidades del nuevo código procesal federal que la propia ley disponía implementar con rapidez. Se trató de la creación de muchos nuevos cargos que tenían que ver con la vieja estructura, y por lo tanto incapaz de mejorar la prestación del servicio de justicia, y que parece más bien destinado fundamentalmente a licuar jurisdicciones y generar gran cantidad de nuevas vacantes a ser cubiertas durante el nuevo gobierno.

Paralelamente se creó la Comisión integrada por personas elegidas por el propio gobierno, para proponer modificaciones a instituciones fundamentales como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público. Se comenzó a hablar de la necesidad de reformar la Constitución para llevar a cabo algunas de esas modificaciones, por ejemplo, para dividir la Corte Suprema en Salas con una integración mucho más amplia, o crear un tribunal de constitucionalidad.

A través de algunas reformas legislativas o propuestas en plan de ejecución, se intenta retrasar la resolución de causas e impedir la producción de sentencias definitivas en plazos razonables. Por ejemplo, impidiendo que se ejecuten las sentencias mientras queden pendientes quejas ante la Corte Suprema, introduciendo recursos de revisión de sentencias firmes a partir de fallos de tribunales internacionales, o la creación de un tribunal intermedio, entre la Cámara de Casación Federal y la Corte Suprema, que operaría como una nueva instancia revisoría, y estaría integrada de un modo poco judicial. Todo eso, claramente, hace que una sentencia difícilmente adquiera firmeza antes de que transcurran muchísimos años.

A las modificaciones y proyectos en danza –ninguno de ellos tendiente a mejorar el funcionamiento del fuero federal, sino por el contrario, a retrasarlo y volverlo inoperante-, se suman actitudes de extrema gravedad, como son las declaraciones del propio Presidente y de la Vicepresidente, en contra del Poder Judicial y el Ministerio Público como instituciones, o de algunos de sus integrantes, que se hallan actualmente investigando o juzgando hechos de corrupción en los que algunos miembros del actual gobierno se encuentran involucrados.

El Presidente llegó a sermonear a los fiscales que investigan el escandaloso e intolerable caso del desvío de vacunas a privilegiados del poder, tergiversando los hechos para afirmar que esa conducta no podría ser delito, y burlándose de la formación jurídica de dichos magistrados.

Esto ha sido particularmente grave, porque el Presidente tiene vedado involucrarse en causas judiciales en trámite (artículo 109 de la Constitución Nacional), porque lo hizo en medio de una actividad oficial en un país extranjero, y fundamentalmente, porque no se puede descartar su propia responsabilidad, aunque sea indirectamente, en esos hechos. Bastaría con que algún testigo manifieste que concurrió a vacunarse irregularmente porque tras consultar al Presidente, éste lo derivó al Ministro, para que quedara involucrado, al menos, en la omisión de la denuncia de un delito del que hubiese tenido conocimiento en su ámbito de funciones.

El ataque sistemático, al menos a la justicia federal y la Corte, se intensificó en los últimos días con denuncias contra jueces y fiscales de esos fueros, y el anuncio de la creación de una Comisión bicameral destinada a investigar a los jueces, y eventualmente imponerles sanciones. Algo que, en principio, fue luego desmentido, pues para juzgar y eventualmente sancionar a miembros del Poder Judicial, existen mecanismos institucionales muy bien establecidos.

Más allá de la gravedad que estos hechos tienen desde el punto de vista institucional, existen dos motivos que podrían explicar una persecución tan encarnizada, y que la vuelven más grave aún:

1- El centro del ataque parece estar orientado a aquellos miembros del Poder Judicial o el Ministerio Público que llevan adelante investigaciones donde los propios integrantes del gobierno están involucrados (Corte Suprema, Cámara de Casación Penal, Cámara Federal de Apelaciones, fiscales federales).

Es decir, no se trata de acciones que tengan por objeto mejorar el funcionamiento de las instituciones, sino que parecieran encaminadas a retrasar su accionar, buscando impunidad.

Del mismo modo, y como se ha podido advertir con la reacción del propio Presidente frente al escándalo de las vacunas, también pareciera que se busca impunidad respecto de las nuevas acciones del gobierno que pudieran generar futuras investigaciones judiciales.

2- El desmantelamiento u obstrucción al funcionamiento del Poder Judicial ha sido tradicionalmente una de las primeras acciones –junto con la pretensión de modificar la Constitución-, por las cuales gobierno legítimos han avanzado en su intento por convertirse en autoritarios.

Ambas –la reforma constitucional y el desmembramiento de la Justicia-, fueron las primeras medidas institucionales adoptadas por Hugo Chávez en su camino a convertirse en dictador de Venezuela. Lo mismo se ha visto en otros países de la región, por otros gobiernos que han pretendido seguir este camino.

De allí la gravedad notoria que tienen estos ataques al Poder Judicial, a un año de gobierno. Existen ciertas medidas autoritarias que, cuando se perpetran, es muy difícil y costoso revertirlas. Aun cuando el funcionamiento de la Justicia pueda generar críticas, lo cierto es que los jueces siguen siendo la última barrera de protección de los derechos individuales frente al avance del poder central. Desactivar la justicia significa desarmar a los habitantes ante la pretensión de un gobernante abusivo.

En los últimos tiempos, Argentina parece estar siempre al borde de convertirse en un régimen autoritario. No se trata tan solo de pésimos gobiernos, de funcionarios corruptos, de crisis económicas producidas por espantosas políticas. Se trata de tomar el poder político y económico para convertirse en autocracia.

Ese es un peligro latente, pero que cada día se ve más cerca. Thomas Jefferson, al justificar limitaciones al poder en la Constitución de Estados Unidos, decía que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.

Hoy deberíamos estar más vigilantes que nunca.

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