El Senador por Formosa y presidente del Bloque del Frente de Todos, José Mayans, en un triste intento por justificar las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos que ha recibido la provincia de Formosa, y a raíz del escándalo generado por la detención ilegal de concejalas opositoras que denunciaron estos atropellos, expresó que en esa provincia “el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”. Estas declaraciones son de una gravedad inusitada, no sólo porque es un Senador de la República, sino porque es un reconocimiento expreso de lo que está de hecho ocurriendo en su provincia.
En nuestro ordenamiento jurídico no existe circunstancia excepcional alguna que extinga los derechos fundamentales de un ciudadano. Por imperio del artículo 23 de la Constitución Nacional pueden suspenderse algunas garantías constitucionales únicamente si se declara el estado de sitio. Pero aún en las situaciones más extremas, como las de una guerra, existen convenios internacionales (como el Convenio de Ginebra) que garantizan, por ejemplo, que los civiles en todas las circunstancias deben ser tratados con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
Es cierto que en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y posteriormente en el de distanciamiento, todos tuvimos que adaptarnos a nuevas cotidianidades, pero eso no implica que se legitime arrasar con los derechos civiles. Existen valores que la pandemia no afecta y no puede afectar: la democracia, el modelo republicano; el respeto estricto, inquebrantable e inviolable a las normas constitucionales e internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad que rige a la República y que amparan a todos y cada uno de los seres humanos que en ella se encuentran.
Por eso, resulta alarmante el silencio del Estado Nacional y de muchos de los Organismos de Derechos Humanos. Pero todavía más grave (y cínico) es que lejos de condenar y denunciar las flagrantes violaciones que comete el gobierno de Gildo Insfrán, parte del sistema político argentino lo celebre y lo destaque como un ejemplo de gestión. Habría que recordarles que al margen de los hechos que se denuncian hoy, Insfrán gobierna ininterrumpidamente hace 26 años, que el 42% de su provincia vive en la pobreza, que el 70% del empleo es Estatal, que la tasa de mortalidad infantil es de las más altas y que en la provincia se reprime sistemáticamente a las comunidades Qom y Wichi.
La democracia argentina no puede permitirse ser cómplice del autoritarismo. Los argentinos no podemos mirar para el costado frente al avasallamiento de los derechos de los formoseños. Porque más allá del sector político que represente a cada uno, existen valores que deberían trascender cualquier diferencia. Y seamos honestos, todos sabemos que sólo existe una forma de referirse a un Gobierno sin alternancia que no garantiza los derechos elementales de sus ciudadanos, los detiene en condiciones inhumanas, reprime minorías y persigue opositores. No nos hagamos los distraídos.
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