
En el atardecer del martes 12 de enero de 2021 los ocho jefes militares más relevantes de Estados Unidos, el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto, los jefes de estado Mayor de las cuatro Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Infantería de Marina y Fuerza Aérea), el Comandante de la Fuerza Aeroespacial y el jefe de la Guardia Nacional emitieron un documento conjunto de respaldo al sistema institucional estadounidense.
El texto comienza diciendo que por casi 250 años los estadounidenses habían confiando en ellas para proteger la Constitución, obedeciendo y subordinándose al liderazgo civil, en un planteo de tipo institucional.
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Respecto al ataque al Capitolio, lo consideraron un “asalto directo” al Congreso y al proceso constitucional. Subrayaron que esta “disrupción” en la Constitución no es sólo contra las tradiciones y los valores sino “contra la ley”, y manifestaron que el 20 de enero el presidente electo Joe Biden va a asumir como el 46° Comandante en Jefe de la nación. Políticamente, se trató de un explícito respaldo al nuevo presidente.
Pero esta inédita definición no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de conflicto político que vive Estados Unidos desde hace 6 meses.
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El 7 de agosto, desde Infobae, en la nota “El sueño de Biden” decíamos que un mes antes, en la segunda semana de julio, cuando al entonces candidato demócrata a la presidencia le preguntaron qué sucedería si Trump se negaba a dejar el poder, respondió “entonces veremos a Trump salir custodiado por oficiales de la Fuerzas Armadas de la Casa Blanca”.
La afirmación de Biden tenía entonces una referencia concreta. En junio, durante los violentos incidentes raciales, los militares estadounidenses habían desconocido una orden no escrita del presidente para intervenir en la represión de las protestas. Fue una decisión militar homogénea y unánime tras alguna duda del Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, quien finalmente dijo que debían “abrazar” la Constitución porque “es nuestra estrella del norte”.
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A comienzos de septiembre empezó a plantearse la posibilidad de una victoria de Biden en el voto militar, una adhesión que históricamente, como sucede en la mayoría de los países, suele ser más conservadora que el promedio de la sociedad. En el caso de EEUU, concretamente, este voto ha sido por lo general más republicano que demócrata. Pero esta tendencia pareció revertirse ese mes, cuando una encuesta publicada por el periodico Military Times, realizada en conjunto con el Instituto de Veteranos y Familias Militares de la Universidad de Cyracuse, dio cuenta que el 34,7% de los militares estadounidenses activos apoyaba la reelección del presidente Trump, mientras que el 43,1% manifestaba votar por el candidato demócrata.
Días antes de la difusión de este sondeo, el candidato demócrata había presentado un plan para las Fuerzas Armadas centrado en mejorar la situación del personal: salarios, subsidios, apoyo a las familias, refuerzo a los programas para veteranos, etc. Este plan, el más importante de Biden para el ámbito militar, se denominó “Para cumplir nuestro compromiso con las familias militares, los cuidadores y los sobrevivientes”. Lo presentó acompañado de los padres de un ex combatiente en Irak y estaba dirigido en forma directa a la situación de los militares, sus familias -en particular a los que habían servido en el exterior durante la guerra de Afganistán 20 años atrás-, para los veteranos y especialmente a los que habían quedado mutilados e incapacitados. Sostenía además que retomaba el programa “Uniendo Fuerzas” que había sido creado durante el gobierno de Obama por su esposa, Michelle, y la señora de Biden.
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Un mes después, el 10 de octubre, decíamos también desde Infobae que “la posibilidad de una crisis institucional ha llevado a expertos y pensadores a plantear el riesgo de una guerra civil en Estados Unidos como tuvo lugar a mediados del Siglo XIX”. En esa ocasión citamos a Noam Chomsky, que definía la posible crisis como un “riesgo inminente”, al tiempo que agregaba que “mucha gente tiene temor a que se produzca una guerra civil”.
También hacíamos referencia en esa nota al reciente libro de Bob Woodward (Rabia, 2020), veterano periodista del Caso Watergate, en donde sostenía, en base a grabaciones de sus conversaciones con Trump, que el presidente había dicho que “mis jodidos generales son una panda de gallinas” ante advertencias que le habían hecho sobre la necesidad de no afectar con medidas comerciales a los aliados militares de Estados Unidos en Asia. En este libro Trump también critica duramente a los militares que integraron su equipo, los cuales fueron desplazados en la primera mitad de su periodo presidencial y en todos los casos reemplazados por civiles.
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En ese mismo artículo señalábamos que en una audiencia ante el Congreso, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, ante la pregunta de senadores demócratas de si se contemplaba una intervención militar en caso de que Trump se aferrara al cargo y se negara a reconocer un triunfo demócrata bajo el argumento de supuesto fraude, Milley respondió que “el sistema político en su faz jurídica y parlamentaria tiene los mecanismos para resolverlo sin intervención de las Fuerzas Armadas”.
El lunes 4 de enero el Washington Post publicó una nota firmada en forma conjunta por 10 ex secretarios de Defensa de presidentes demócratas y republicanos que incluía a dos de Trump: el general James Mathis y Mark Esper. En ella alertaban sobre el riesgo de las maniobras de Trump para tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas en acciones para impedir la formalización de la elección en el Colegio Electoral, la transición y la asunción de Biden. Esta advertencia, sin precedentes hasta que fue planteada, tuvo lugar dos días antes del ataque al Capitolio.
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Se evidencia así que la inédita manifestación pública del 12 de enero de las Fuerzas Armadas en su conjunto en apoyo de la Constitución y la asunción de Biden fue consecuencia de un proceso que ha ido gestándose desde mediados de 2020.
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