Por qué la coparticipación es injusta y empobrece a los argentinos

La Constitución Nacional declara la igualdad de los habitantes ante la ley. También la igualdad en impuestos y cargas públicas, así lo establece en el artículo 16, pero se ha convertido en letra muerta, porque ni el Congreso ni el Poder Judicial hacen cumplir.

La Coparticipación Federal distribuye los impuestos en forma increíblemente desigual. El bonaerense promedio recibió en 2018 la mitad de los fondos que el promedio nacional. La provincia sufrió así un perjuicio de $207.000 millones de entonces (USD 7.393 millones).

Precisamente, la provincia con mayor cantidad de pobres es la más perjudicada por la Ley de Coparticipación, mientras los gobernantes proclaman su objetivo de reducir la desigualdad social pobreza. Los pobres debieran preguntar.

Por su parte, la CABA recibió un 40% menos del promedio nacional, en 2018; un perjuicio de $20.800 millones (USD 743 millones), $7.000 de ese año, para el porteño promedio.

El cuadro siguiente resume la relación porcentual de la recaudación de impuestos propios y los coparticipados; el monto coparticipado por habitante; y las sumas recibidas, o cedidas, por cada provincia, respecto de un criterio equitativo, según la Secretaría de Hacienda, en pesos de 2018.

Provincias como Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa han sido las más favorecidas por los criterios aplicados para el reparto. Sus habitantes recibieron muchas veces los $27.200 promedio que recibió el conjunto de las jurisdicciones por cada uno de sus pobladores.

La misma medida, igual criterio para todas las personas es el ideal de la justicia, estabilidad y progreso. Las normas justas son las estables y eficaces. Esta medición reitera que el retraso argentino es consecuencia de la injusticia de normas desiguales.

Incentivos

La segunda columna del cuadro muestra los pesos de recaudación propia de la provincia respecto de la coparticipada, en porcentaje. Mientras que la provincia de Buenos Aires recaudó $127 por cada $100 que recibió en forma automática del gobierno central, Formosa generó apenas $8. La mayoría de las jurisdicciones recauda bastante menos que $50 por cada $100 que obtiene de giros de la Nación.

De ese modo, esas provincias podrían desinteresarse de la marcha de los negocios privados. Funcionarían como delegaciones del gobierno nacional, una simulación de los principios federales. Situación que incentiva a cada gobierno provincial a controlar las actuaciones de los particulares para respaldar al gobierno local, más que en desarrollar el bienestar de la población.

La idea de que los bajos impuestos alientan los negocios sería desmentido con estos datos. Los impuestos nacionales gravan las actividades de la misma manera en todo el país, al tiempo que las provincias más rezagadas cobran menos impuestos. Esto es, a menores impuestos mayor retraso.

La eficiencia de una sociedad en satisfacer necesidades incorpora tanto los impuestos como la calidad del gasto, pero las provincias más favorecidas son las que menos contribuyen a impulsar la economía, pues no les interesa, porque cuentan con recursos asegurados. En tanto, a las autoridades nacionales esa dependencia le favorece, porque puede acordar nuevos aportes financieros a cambio de votos en el Congreso y en la administración de justicia.

De ahí que el sistema de coparticipación de impuestos de la Argentina se ha convertido en particularmente dañino. Ninguna nación prospera con ese mecanismo que enturbia las finalidades de individuos y empobrece sin remedio.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recauda tres veces más que lo que recibe de coparticipación; en tanto Formosa, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero recaudan alrededor de un 10%. Sus gobiernos juegan a gobernar, sólo deben administrar una apariencia de Estado, despreocupado de favorecer producciones valiosas. Una carga pesada para los argentinos que necesitan progresar.

El autor es Consejero Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Escribió los libros: Dolarizar (2001), La riqueza de los países y su gente (2005), Fin de la pobreza (2018) y Por un país más justo y floreciente (2020)

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