
Al fin la Justicia decidió poner en funcionamiento a las leyes y ha logrado que las fuerzas policiales la obedezcan, desalojando usurpadores en los casos de Guernica y de un campo en Entre Ríos.
Algo que debió ocurrir de inmediato pasó por el tamiz de la mala política y se demoró de manera inadmisible, sirviendo de distracción a un país agobiado por el encierro, la falta de trabajo y una situación en la que soñar es imposible porque solo sufrimos pesadillas.
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Como fuere, la propiedad privada existe. Poco defendida por jueces y autoridades, con disgustos, daños, gastos y sobresaltos para los propietarios, pero existe.
Estemos orgullosos pero tengamos prudencia, porque hasta ahora son buenas decisiones judiciales que quizás no se generalicen.
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Hace años que el flagelo de los okupas y de las demoras en los desalojos han convertido al alquiler en un bien escaso, no por falta de oferta y demanda –que las hay en potencia- sino porque el debilitamiento del amparo al derecho de propiedad retrae al oferente y encarece los precios, por el riesgo que implica meter a alguien en una casa.
Por otra parte, los tiempos judiciales siguen siendo incompatibles con la velocidad de la vida moderna, salvo excepciones.
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Además, la política, el narcotráfico y los negocios espurios de quienes solo buscan dinero invocando a los desposeídos, siguen estando metidos casi siempre en las ocupaciones rurales, suburbanas y a veces urbanas y no será fácil terminar con esas mafias.
Por eso, debemos mantenernos alertas y exigentes, para que este momento no sea una excepción sino una regla: nadie tiene derecho a apropiarse de lo ajeno. Nadie, sin importar quien sea el usurpador y quien sea el propietario.
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Y también debemos exigir que la Justicia sea completa, es decir que los funcionarios y jueces que no han cumplido con su trabajo y quienes violaron las leyes, sean juzgados y sancionados con el máximo rigor legal. De otra forma, esto seguirá repitiéndose cada vez mas frecuente e intensamente.
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