El conocimiento como fuente de riqueza

El siglo XXI es una guerra sin armas: el poder pertenece a quien genera conocimientos. La Ley de Economía del Conocimiento presenta una disyuntiva: o formamos parte de los países que generan valor apoyando a los emprendimientos relacionados con la información y la tecnología, o quedamos relegados y condenados a la pobreza. No hay postura intermedia.

Entre 2007 y 2017, el empleo en este tipo de industrias aumentó un 65% más que en el resto y las ventas aumentaron cinco veces más que el promedio. Estamos hablando nada más y nada menos que de un 8% del total de las exportaciones del país, predominantemente en mercados importantísimos como Estados Unidos y la Unión Europea.

Mercado Libre fue valuada en 40.000 millones de dólares, lo que representa más del 10% de nuestro Producto Bruto Interno, y también 22 veces más que el valor de YPF. Existen “Startups” en nuestro país que van camino a convertirse en generadoras importantes de empleo y riqueza y necesitan de una señal clara, de un incentivo especial. Por eso, resultó incomprensible la decisión de este gobierno de dar marcha atrás a una norma que verdaderamente ponía al país de cara al futuro. Quizá era perfectible, (todas las normas lo son), pero más allá de eso, era incuestionablemente estratégica y racional. Proponía la garantía de estabilidad fiscal, la reducción del impuesto a las ganancias y, antes de que la pandemia del COVID-19 cambiara todas las proyecciones, se preveía crear 215.000 puestos de trabajo. Además, se sumarían 200 mil empleos bajo la modalidad de freelance y unos 15.000 millones de dólares en exportación para 2030. Aunque las proyecciones sobre la actividad global están siendo revisadas, la ley tiene la misma importancia y vigencia.

Hoy Argentina es uno de los países con mayor potencial de exportaciones de economía del conocimiento, pero es indispensable para las empresas seguir innovando para ganar participación en el mercado global. El sector privado crece o se destruye con el contexto proporcionado por las políticas que implementa el sector público.

Después de tanto tiempo, la lección está a la vista: castigar a las empresas y asfixiarlas creyendo que se está actuando con un criterio de justicia social solo ha generado más desigualdad y pobreza. Esto ha apagado nuestra capacidad de soñar, crear y ser protagonistas del ancho mundo. Cuando se trata de apoyar a la maquinaria productiva, no debe haber grieta posible, sino una colaboración estrecha. Todos los sectores son partes del mismo ecosistema social. Eso también incluye a la política educativa.

Normas como esta ponen en valor al talento de nuestros emprendedores, algo que es reconocido en el mundo entero. Es momento de impulsar ese ímpetu disruptivo, esa capacidad casi innata de los argentinos, que a menudo traen soluciones y respuestas a un mundo que, además de incierto y volátil, necesita cambios urgentes en su manera de funcionar y resolver las desigualdades, el acceso equitativo a los bienes y servicios esenciales, a la seguridad, la educación y la salud. Si hay algo que esta pandemia nos ha mostrado, es que todo está interrelacionado, y lo que afecta a una parte de la sociedad afecta al resto.

Celebro que esta ley ideada en el gobierno del presidente Macri vuelva a tener vigencia y reconocimiento en estos tiempos tan desafiantes. No hay nada de malo en el hecho de reconocer las ideas modernizadoras y las acciones positivas de un gobierno predecesor, aunque sea de otro color político. Volvemos a incentivar a los proyectos técnicos, la colaboración pública-privada en áreas como la ciencia, tecnología, información y el resto de la economía del conocimiento.

Los sacrificios del Estado al no percibir la totalidad de ciertos tributos se verán ampliamente superados por los beneficios en términos de empleo y crecimiento del Producto Bruto. Se trata sobre todo de pensar en el mediano y largo plazo para la planificación de políticas públicas y por ende crear herramientas que perduren y sean fortalecidas a través de los años, porque el futuro de los argentinos es más importante que cualquier gobierno, cualquier color político y cualquier ideología.

El autor es diputado nacional (UCR) y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.