
Lo que sucedió ayer fue significativo. No fue solo la expresión del malestar de un sector. Se conjugaron la confluencia de diversas corrientes de la sociedad argentina, con la expresión de un profundo alcance federal, que en forma conjunta ven un avance indebido del sector público sobre el privado. Lejos de ser una defensa a un puñado de accionistas de una compañía privada, como se pretendió insinuar para deslegitimar la protesta, fue a favor del respeto a los valores esenciales de nuestra Nación.
La Argentina fue fundada sobre los pilares de un Estado que promueve la autonomía individual, la división del poder, los derechos de los ciudadanos por sobre el de las autoridades políticas, para lo cual nuestra Carta Magna ha establecido un sistema jurídico-constitucional que tiende a salvaguardar esos derechos, limitando el poder político y abriendo espacio para la participación, para justamente resguardar en ese espacio la dignidad de la vida humana.
Así desde su conformación nuestra Constitución se tradujo en una sociedad abierta y receptiva, donde la propiedad privada, el libre comercio, la actividad lícita y el progreso jugaron y deberán jugar un rol preponderante para su evolución.
No se puede ignorar esta esencia que emana de nuestra identidad nacional y de nuestra idiosincrasia como pueblo. Desde que distintas administraciones de gobierno de nuestro país han intentado (o han logrado) relativizar esos principios, se han sumado fracasos. Esas aventuras nos desviaron de nuestros objetivos que teníamos como país admirado en el mundo, prósperos en oportunidades de progreso, y nos hicieron perder un tiempo irrecuperable. Nos borraron del mapa.
No es hora de revisionismos estériles y reinterpretaciones vacías y fantasiosas de nuestra forma de ser. Los argentinos creemos y apostamos a la propiedad privada y al derecho a fundar y a acrecentar empresas, aunque en el intento debamos correr los riegos de un posible fracaso, como en todos los órdenes de la vida.
Nuestra Constitución, inspirada en la de las naciones más modernas de su época, nos reservan a los ciudadanos los derechos y las garantías que no pueden ser mancillados con simples actos de gobierno. También consagra los mecanismos de la división de poderes y los controles y balances de los diferentes estamentos de las Repúblicas modernas y los Estados de Derecho contemporáneos.
Ayer marchamos por eso. Nada más y nada menos que en el Día de la Bandera, en la fecha en que honramos los emblemas patrios y a uno de los más encumbrados héroes de la Patria, queda el mensaje claro que hay anticuerpos en la sociedad, que hay límites que no se pueden traspasar. Esperamos que nuestros gobernantes sepan interpretarlo, evitando ampliar grietas estériles, y confíen en la potencia que aquellos principios fundacionales que permitirán llevar a todos los argentinos a mejorar sus oportunidades.
El autor de la nota es Presidente de la Sociedad Rural Argentina.
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