¿Una guerra de todos?

El endemoniado coronavirus será especialmente perjudicial en nuestro país porque Argentina tiene, allí donde uno mire, las defensas muy bajas. Hemos desperdiciado buenas oportunidades para controlar nuestras cuentas e invertir en crecimiento y desarrollo. En su lugar, alimentamos a un Estado elefantiásico e ineficiente a costa de emisión descontrolada y endeudamiento. Hemos aplastado al sector privado, asfixiándolo de impuestos hasta desaparecer o mudarse a los márgenes de la informalidad.

En los últimos 15 años (entre 2003 y 2018) el gasto público argentino pasó de 22,7% al 38,8% del PBI de acuerdo a datos del FMI. Esto implica un crecimiento del 71,2% en este período, una de las variaciones más alta del mundo junto a China, Ecuador y Libia. Pero el nivel de gasto populista hace rato ya no es sólo una cuestión cuantitativa. El Estado gasta mucho pero, fundamentalmente, gasta muy mal.

Un estudio publicado en septiembre pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que Argentina se encuentra en el primer lugar en el ranking de países con más ineficiencia en su gasto público, sumando una ineficiencia de 7,2% del PBI. “Pagamos impuestos nórdicos para obtener servicios públicos africanos” definió alguna vez Ricardo López Murphy.

Un Estado omnipresente que propina mordidas fiscales en cada paso que dan los ciudadanos, pero que los deja en la estacada cuando se trata de devolver impuestos en forma de servicios. Defensa porosa, seguridad insuficiente, justicia lentísima, educación de mala calidad y salud en estado calamitoso, es lo que obtienen los extenuados contribuyentes argentinos a cambio de trabajar 180 días al año sólo para pagar la carga tributaria de los tres niveles de gobierno. Esto era una locura antes del coronavirus. Lo es mucho más ahora.

Sin margen fiscal y con una fuerte restricción monetaria, la situación es bastante desesperanzadora. Se hace necesario entender la magnitud del problema y resetear la cabeza. El sector privado deberá asimilar un golpe duro. Pero el sector público no puede permanecer inalterable. Es momento de repensar al Estado.

Resguardando, y acaso fortaleciendo, el gasto en áreas como salud y seguridad, resulta imperioso asimismo forzar una discusión sobre cómo reducir concretamente el gasto público para poder bajar algunos impuestos. De otro modo se profundizarán los inminentes cierres de empresas y comercios, generando más desempleo, pobreza, hambre, enfermedades y muerte.

Hay que abocarse de inmediato a recortar y eliminar áreas y programas no prioritarios o de cumplimiento imposible. Pequeñas muestras aleatorias: ¿Qué sentido tiene destinar $1.357 millones de pesos para “Promoción del Turismo receptivo” cuando no habrá turismo receptivo? ¿No deberían reducirse los gastos en el programa de fomento, producción y difusión del teatro por $ 601 millones? ¿En plena era digital hay que gastar $ 773 millones en “impresiones parlamentarias”?

Capítulo aparte merece el enorme gasto político, que según algunas estimaciones más que duplica al de la mayoría de las democracias. Hace pocos meses un informe de Fundación Libertad daba cuenta de que el gasto de las legislaturas provinciales casi triplica al de España, país de suyo más rico y desarrollado. Algo similar ocurre con el Congreso Nacional.

Éste no es un problema distributivo, del tipo de saco acá y pongo allá, que tanto gusta a los gobiernos. Enfrentamos una enorme carencia -debido a años de un gasto público excesivo e ineficiente que hoy nos deja muy mal parados ante una pandemia- y tenemos que sobrellevarla lo mejor posible. Montos grandes y pequeños cuentan. Cada peso y cada centavo que se acerca al presupuesto de Salud puede salvar una vida. Pero también cada peso y cada centavo que se evita sacarle a una empresa puede salvar un empleo.

En esta escasez apremiante, ¿resulta justo acaso que los funcionarios mantengan íntegro su sueldo mientras toda la sociedad ve caer -incluso a cero- sus ingresos? ¿Los legisladores -como se mencionó antes- no harán ningún esfuerzo en bajar el bestial gasto de los congresos, saturados de cajas negras y contratados producto del negociado político? ¿Pueden los empleados públicos ver pasar esta catástrofe económica como si fuera algo que les pasa a otros, pero no a ellos? ¿La Justicia no piensa acaso ajustarse también el cinturón? Los hacedores de política económica deberían comprender la importancia y la urgencia de racionalizar el gasto público. Si no lo hicieron antes, deberán hacerlo ahora. La realidad lo impone. El sistema de salud necesita que la economía no colapse, y el Estado debe contribuir inexorablemente para ello, reordenando sus cuentas.

Es deseable que la crisis genere, de una vez por todas, una conciencia de que este paquidérmico Estado es tan impagable como ineficiente. El Uruguay de Luis Lacalle Pou, con menos problemas económicos y sanitarios que Argentina, ya recortó un 20% los sueldos de funcionarios y empleados públicos con remuneraciones altas. ¿Qué estamos esperando nosotros?

La política argentina, al menos hasta ahora, está haciendo algo muy curioso. Declararon que esto es una guerra e inmediatamente después se marcharon hacia la retaguardia, dejando en el frente de batalla no sólo a los valientes médicos y personal sanitario, sino también a los millones de argentinos que trabajan, generan riqueza y pagan impuestos.