Justicia, la gran deuda de nuestra democracia

Cada vez que la Justicia dicta una sentencia por hechos de corrupción ocurridos veinte años atrás, nos preguntarnos qué ocurre con una democracia cuando uno de sus poderes esenciales tarda décadas en cumplir su función.

La corrupción existe en casi todas las democracias. Lo que distingue a los países con instituciones sólidas no es la ausencia de personas deshonestas, sino la certeza de que quien viola la ley será investigado, juzgado y condenado en un plazo razonable.

Las causas Vialidad, Skanska, Sueños Compartidos y tantas otras vuelven a plantearnos la misma pregunta: ¿puede una República aceptar que los hechos más graves contra el patrimonio público se resuelvan dos décadas después? Cuando la respuesta judicial demora tanto, pierde gran parte de su capacidad preventiva. La sanción deja de ser un mensaje claro para quienes ejercen el poder y se convierte en el cierre tardío de una historia que la sociedad casi olvidó.

La demora, además, altera los incentivos. Mientras los procesos se eternizan y las condenas excepcionales o tardías parecen la regla, siempre existirá quien crea que el beneficio de corromperse puede ser mayor que el riesgo de ser castigado. Ningún sistema de control será verdaderamente eficaz si la probabilidad de una sanción oportuna resulta incierta.

Por eso la corrupción daña al Estado. Pero la impunidad destruye la República.

Sin embargo, el daño más profundo no termina allí.

Una Justicia que no resuelve en tiempo y forma no solo promueve la corrupción. También erosiona lentamente la confianza en las instituciones. Y cuando una sociedad deja de confiar en sus instituciones, comienza a debilitarse la democracia.

Los ciudadanos necesitan creer que todos somos iguales ante la ley y que los conflictos tendrán una respuesta previsible dentro de un tiempo razonable. Esa previsibilidad no solo genera seguridad jurídica para quienes invierten; fortalece, sobre todo, la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho.

Las democracias no se derrumban de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando sus instituciones dejan de cumplir adecuadamente el rol para el que fueron creadas. En ese vacío institucional, prosperan el desencanto, el escepticismo y, muchas veces, los discursos autoritarios que prometen soluciones rápidas a costa de debilitar las garantías y las instituciones republicanas.

Por eso fortalecer la Justicia no constituye una demanda corporativa de jueces o abogados. Es una verdadera política de Estado.

Durante décadas discutimos cómo mejorar la política. Reformamos leyes electorales, promovimos mayores estándares de transparencia y creamos nuevos organismos de control. Sin embargo, seguimos postergando la reforma institucional más importante de todas: construir un Poder Judicial más independiente, más profesional, más eficiente y más cercano a las necesidades de la sociedad.

No es reclamar condenas apresuradas, es garantizar procesos ágiles, respetuosos del debido proceso y de todas las garantías constitucionales, pero incompatibles con demoras irrazonables. Porque la demora también es una forma de injusticia.

Perjudica al imputado que permanece años bajo sospecha sin una sentencia definitiva. Perjudica a las víctimas, que esperan una respuesta. Y perjudica a toda la sociedad, que termina perdiendo confianza en la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.

Necesitamos una Justicia independiente, eficiente, transparente y previsible.

Ese cambio exige decisiones concretas. Cubrir con rapidez las vacantes judiciales mediante concursos transparentes; modernizar la gestión de los tribunales incorporando tecnología y mejores prácticas; fortalecer los fueros especializados en delitos complejos; establecer mecanismos de evaluación que contemplen también la duración razonable de los procesos; y promover una verdadera cultura de rendición de cuentas dentro del propio Poder Judicial.

La calidad de una democracia no se mide solamente por la libertad con la que sus ciudadanos eligen a sus gobernantes. También se mide por la certeza de que quien viola la ley será juzgado con independencia, imparcialidad y dentro de un plazo razonable.

Quizás haya llegado el momento de comprender que la próxima gran reforma pendiente de la Argentina no es únicamente económica ni política.

Es judicial. Porque cuando la Justicia llega tarde, no solo fracasa un poder del Estado. Se debilita la confianza ciudadana, se resiente la República y comienza a erosionarse la propia democracia.