El autor es ex vicecanciller de la Nación.
Venezuela vive el momento más oscuro de su historia por las graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos. El informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidente de Chile Michelle Bachelet, es lapidario al describir la paulatina militarización de las instituciones y testimoniar, tras una visita insitu y más de quinientas entrevistas personales, la existencia de una estrategia sistemática gubernamental para neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican a la dictadura. Los datos del documento son devastadores y muestran un sensible agravamiento de la situación frente a un informe anterior de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de junio del 2018.
La lista de cuestiones mencionadas por Michelle Bachelet es impactante. En los últimos dos años, las ejecuciones extrajudiciales registran casi siete mil personas asesinadas por fuerzas gubernamentales (Faes y el Sebin) o parapoliciales (colectivos).
En la actualidad, los presos políticos totalizan 793, entre los cuales hay 53 mujeres y 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente. Los casos de tortura superan lo imaginable. La libertad de expresión es casi inexistente. También destaca las omisiones del sistema judicial y señala que el Ministerio Público ha incumplido adrede la obligación de investigar.
El informe de la alta comisionada reconoce expresamente la responsabilidad de la dictadura venezolana en delitos de lesa humanidad y es concordante con un documento de alcance similar efectuado por un panel de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos que relata el deterioro progresivo de los derechos humanos en Venezuela, que incluye detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, y que ha sido la base de la presentación conjunta ante la Corte Penal Internacional (septiembre de 2018) de los presidentes de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, y el primer ministro de Canadá.
La gravísima situación merece la máxima condena al tratarse de crímenes de lesa humanidad. Las entrevistas y las descripciones de Michelle Bachelet reflejan delitos que se ajustan a lo tipificado por el artículo 7 del Estatuto de Roma y es de imaginar que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional encontrará en los informes de la Organización de Estados Americanos y ahora de las Naciones Unidas, pruebas contundentes y mérito suficiente para iniciar a la brevedad un juicio contra Nicolás Maduro y otros responsables civiles y militares del régimen venezolano.
Es de esperar que las conclusiones de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la insostenible situación humanitaria en Venezuela lleve a otros Jefes de Estado de la región a sumarse al deber de penalización que expresamente menciona el preámbulo del Estatuto de Roma y que, a tal fin, solicita la cooperación internacional para asegurar que los responsables de delitos de lesa humanidad sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.
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