Víctor Hugo Saldaño y Lidia Guerrero
Víctor Hugo Saldaño y Lidia Guerrero

Una de las paradojas de la democracia americana radica en el campo de los derechos humanos. Es muy difícil conciliar una vocación imperial con el respeto a los derechos humanos. No cabe duda de que los Estados Unidos son la potencia más grande del mundo y la democracia más consolidada. Ya a fines del siglo XX se hablaba del Imperio americano. Y los imperios exigen siempre una cuota de sangre y guerras periféricas tal como sucede en el siglo XXI, donde los Estados Unidos tienen tropas de guerra en todos los continentes. Y sus guerras no deben ser juzgadas por nadie. Por eso es un imperio.

De allí que los Estados Unidos no hayan firmado ni ratificado ningún tratado de derechos humanos que cede jurisdicción para el juzgamiento de crímenes cometidos en las guerras del imperio.

Esta es la lógica por la cual los Estados Unidos nunca firmaron ni ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni aceptaron la Jurisdicción de la Corte Interamericana ni de la Corte Internacional de Justicia.

Los derechos humanos en los Estados Unidos del siglo XXI

Sin embargo, los Estados Unidos se han proclamados como autoridades morales, políticas y jurídicas para juzgar la vigencia de los derechos humanos en el mundo. El Departamento de Estado americano publica todos los años un informe sobre la situación en materia de derechos humanos de todos los países del mundo. Y es ese informe anual se desprenden premios y castigos.

Los casos más recientes de castigos por violaciones a derechos humanos que imponen los Estados Unidos son a Irán, Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Fuertes sanciones económicas son impuestas por violaciones a derechos humanos en esos países. Más allá de que esas violaciones a derechos humanos sean hechos reales, la pregunta que se impone es: ¿Cuál es la capacidad moral, política y jurídica de los Estados Unidos para hacer estos juzgamientos, y aplicar sanciones y absoluciones por supuestas violaciones a derechos humanos?

Y la respuesta es cruda y concreta. Los Estados Unidos carecen de toda autoridad moral, jurídica y política para juzgar, condenar y absolver a ningún país en materia de derechos humanos por la sencilla razón de que el Estado americano es un Estado que no solo no acepta firmar ni ratificar ningún tratado de derechos humanos, sino que tampoco acepta cumplir con las sentencias internacionales cuando lo declaran violador de derechos humanos a través de su propio sistema judicial. El único tratado supranacional de derechos humanos que tiene vigencia jurídica obligatoria en los Estados Unidos es la Declaración Americana sobre Derechos Humanos porque está integrada a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La lógica de un poder imperial impone rechazar el poder de una legalidad y de una jurisdicción internacional o supranacional.

El caso de Víctor Saldaño ante los Estados Unidos

Este es un caso inédito en el derecho y la política internacional que nos toca de cerca, porque se trata de un argentino que está en el Corredor de la Muerte de Texas desde hace 23 años. El 10 de diciembre del año 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta el informe de fondo Nº 76/16 que declara a los Estados Unidos responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos de Víctor Saldaño. Y declara la nulidad de las dos condenas a muerte impuestas y por ende declara que el argentino Saldaño es un inocente que está sometido a torturas desde hace 23 años. Es un informe jurídicamente vinculante que tiene 50 páginas y que está fundado en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que tiene por probados vicios de discriminación por raza y nacionalidad en el sistema judicial norteamericano. El mandato de la comisión obliga a la liberación de Saldaño.

Esto lo había dicho antes la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el año 2002, en el caso de "Víctor Saldaño c/ Texas" cuando declara nula la primera condena de muerte por racismo.

El doble estándar de los Estados Unidos en materia de derechos humanos

El caso Saldaño demuestra, con sostén en la resolución 76/16 de la CIDH, que los Estados Unidos han decidido marginarse de la legalidad internacional y de manera particular de la legalidad supranacional de derechos humanos cuando sus sentencias y decisiones declaran la responsabilidad del Estado americano en violaciones a derechos humanos. Los Estados Unidos juzgan la vigencia de los derechos humanos en todo el planeta a través del informe anual del Departamento de Estado, pero jamás cumplen sentencias o resoluciones que lo condenan por violaciones a derechos humanos como han sucedido en el caso de Víctor Saldaño contra Estados Unidos, en el cual la CIDH declara la responsabilidad absoluta de los Estados Unidos en plurales violaciones a los derechos humanos de la Declaración Americana. Y ordena la liberación de Saldaño.

Sin embargo, han pasado 2 años y 6 meses y los Estados Unidos no solo no han cumplido con la obligación que impone la resolución 76/16 de la CIDH de liberar a Víctor Saldaño, sino que el Estado norteamericano ha decidido desconocer el valor jurídico vinculante que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ese país. Es decir que desconoce el valor jurídico de la Carta de la OEA.

La conducta del Estado argentino en el caso Saldaño

La resolución 76/16 del 10 de diciembre del 2016 está dirigida a los Estados Unidos y lo declara responsable de múltiples violaciones de derechos humanos en la persona del argentino Saldaño. Pero también obliga al Estado argentino a "adoptar medidas" (artículo 2 de la Convención) de carácter legal, políticas y diplomáticas para garantizar lo que queda de vida de Saldaño y para defender el sistema interamericano de derechos humanos despreciado por los Estados Unidos. Quizás sea por temor a represalias políticas o económicas. Quizás por obediencia ideológica. Lo cierto es que la Cancillería argentina desde hace 2 años y 6 meses mantiene un silencio cómplice frente al hecho concreto del incumplimiento de los Estados Unidos de la resolución 76/16 de la CIDH. Un silencio cómplice frente a la tortura de un argentino declarado inocente por la CIDH.

El canciller, en la audiencia del día 12 de junio, ofreció a las víctimas realizar una presentación judicial ante la Corte Suprema de los Estados Unidos pidiendo una conmutación de la sentencia o una clemencia. La madre de Víctor Saldaño, con la integridad y la dignidad con la que ha luchado durante 26 años, le respondió con un "No, señor canciller". Las víctimas no queremos ninguna clemencia, ningún perdón, ningún pedido judicial ante la Corte porque ello sería reconocer la legitimidad de una Justicia que ha sido declarada racista por el máximo tribunal americano de derechos humanos. No queremos ningún perdón. Queremos que Estados Unidos cumpla con la resolución 76/16 de la CIDH y liberen al argentino Saldaño. Esto es lo que la Cancillería argentina debe exigir a los Estados Unidos y no una clemencia ni un perdón.

Esto no es ideología ni política. Esto son hechos jurídicos que constan en las 50 páginas de la valiente y rigurosa resolución 76/16 de la CIDH del 10 de diciembre del 2016. La Cancillería argentina no debe hacer un simulacro de apoyo a las víctimas, lo único que le corresponde hacer en términos legales y éticos es exigir a los Estados Unidos que cumplan con el mandato de la CIDH y liberen a un inocente de la tortura en la que lo mantienen desde hace 23 años.

El autor es ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Abogado defensor de Víctor Saldaño y Lidia Guerrero ante la CIDH.