Es responsabilidad fundamental del Estado cuidar y proteger a cada ciudadano. Cuando faltan o fallan los controles en los distintos niveles de la estructura estatal, cuando hay desidia, omisión o connivencia, mezclados con intereses que nada tienen que ver con esa función, surgen espacios de ausencia y abandono. Este vacío puede ser ocupado por otro tipo de organizaciones paralelas, dedicadas al delito, verdaderas mafias que, enquistadas en el poder, gozan de impunidad y protección cómplice. Esto es lo que sucedía tres años atrás.
Un objetivo prioritario de la gestión de gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal ha sido, desde el comienzo, la lucha decisiva contra el delito tanto fuera como dentro del Estado. Esto se convirtió en una verdadera política que, de manera conjunta, es llevada adelante principalmente por los ministros de Seguridad y de Justicia. Solo el trabajo en equipo asegura resultados encaminados a una transformación profunda. Lo que parecía imposible o que ni nos imaginábamos que podía pasar, está ocurriendo.
En la lucha contra el delito tener una fuerza de seguridad bien equipada y profesional es fundamental. Formando, capacitando y cuidando a los "buenos policías" estamos dejando atrás la etapa de la "maldita policía" y encarando una reforma histórica, la más grande en tiempos de democracia, basada en la transparencia y la profesionalización. No se trata de una purga sino de la decisión de cuidar a los que nos cuidan. Esta es la manera de llevar tranquilidad a cada vecino para que sientan que los que los tienen que cuidar están realmente preparados y no viven al margen de la ley.
"El policía que mancha el uniforme se va". Esta convicción del ministro Ritondo expresa tolerancia cero con aquellos que eligen al Estado como herramienta para delinquir. Así, ya fueron apartados de sus funciones 10 mil agentes y pasó a manos de civiles el Departamento de Asuntos Internos, encargado de controlar y auditar a la Fuerza. En el mismo sentido, la reciente creación del Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia (REPEI) permite saber qué pasó con esos malos policías expulsados.
La ausencia del Estado tuvo graves consecuencias también en los barrios: el abandono y la inoperancia permitieron a los punteros y a los narcos ganar el territorio y hasta reclutar niños para convertirlos en soldaditos. Mientras tanto, los que decían que éramos un "país de tránsito" miraban para otro lado. En la provincia hoy hay un Estado presente que tiene como prioridad dar la pelea contra el narcotráfico. Los 107 bunkers derribados hablan por sí solos. En esos espacios ahora hay casas de encuentro, lugares de oportunidades para ayudar a las víctimas del consumo y contener el drama de sus familias.
El avance de los narcos sobre los barrios más vulnerables no se explica sin connivencia o al menos cierta complicidad entre bandas y organizaciones delictivas con algunos miembros corruptos del sistema judicial y la fuerza policial. En esta lucha contra las mafias el mensaje es claro: no somos parte, y el delito, dentro o fuera de las estructuras del Estado, nos va a encontrar siempre colaborando con la Justicia para terminar con ese círculo vicioso que le costó muy caro a todos los bonaerenses.
Estamos convencidos de que fuera de la ley no es posible ninguna solución. La lucha no fue ni está siendo fácil, pero ni la intimidación ni los mensajes violentos van a lograr que bajemos los brazos. ¿Cómo vamos a bajar los brazos cuando vemos a esas madres que luchan todos los días para sacar a sus hijos de la droga o a esos buenos policías que salen a la calle para enfrentar el delito? Las mafias en la provincia de Buenos Aires hoy saben que se enfrentan a un Estado presente y decidido a dar la pelea, porque la legalidad y la transparencia son valores que nos identifican y nos ponen del lado y al lado de cada bonaerense que sigue apostando al cambio y que sabe que no somos parte.
El autor es presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
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