
El 24 de marzo siempre nos desafía a pensar en el dolor de lo vivido y a reflexionar sobre la dramática historia que comenzaba en esa fecha emblemática. Hoy se cumplen 43 años del golpe cívico militar que dejó marcas imborrables en nuestra sociedad.
Si entendemos que democracia, desarrollo productivo y derechos humanos conforman una tríada esencial en cualquier nación avanzada que uno observe, se puede afirmar que aquel 24 de marzo de 1976 representó su antítesis.
La dictadura cívico militar tuvo como objetivo además del disciplinamiento represivo destruir las bases humanas y productivas del modelo de bienestar iniciado con la llegada de Perón en 1945, con desarrollo de la industria nacional, la defensa de los trabajadores y empresarios locales. Este modelo permitió y alentó la organización de la sociedad, del conjunto de los trabajadores y de las distintas fuerzas políticas y sociales que buscaban una transformación de los principios reguladores de la economía de nuestro país.
La política de Martínez de Hoz apuntó al corazón de ese modelo, tuvo como resultado la sobredimensión del sector financiero, la llamada "Patria Financiera", a cambio de la destrucción de buena parte del aparato productivo, del tejido social y de un enorme endeudamiento externo. La explícita voluntad de subordinación al orden económico internacional fue a su vez la prenda ofrecida a cambio de "comprensión" y tolerancia a las violaciones a los derechos humanos a nivel interno.
Hay que mencionar que esta tragedia humana, económica y social no fue exclusivamente argentina. A comienzos de los años setenta convergieron varias situaciones que terminaron convirtiendo al cono sur en territorio fértil para las dictaduras cívico militares sustentadas en la Doctrina de Seguridad Nacional. La dictadura argentina eliminó toda forma de participación política, limitó la mayoría de las libertades civiles y aplicó políticas de represión masivas y sistemáticas sobre amplios sectores de la población.
Con el retorno de la democracia, el fin del Terrorismo de Estado y la vigencia de los derechos civiles y políticos comenzó la recuperación de los derechos económicos, sociales y culturales, la recomposición de los lazos de solidaridad y la búsqueda de justicia. Con el Juicio a las Juntas se inició un proceso que permitió sentar en el banquillo de los acusados a los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Con los avances y retrocesos conocidos finalmente en el año 2003 se impulsó desde el ejecutivo una política de derechos humanos que logró alinear a los tres poderes del Estado. Esta política basada en la memoria, verdad y justicia permitió el reinicio de los juicios por violaciones a los derechos humanos, poniendo fin a la impunidad que estaba vigente.
En simultáneo, en el ámbito internacional se intensificaron y consolidaron iniciativas en los más diversos aspectos, entre los que se puede destacar el apoyo y colaboración con los órganos de supervisión universales y regionales, la presencia de reconocidos expertos argentinos en diversos organismos y relatorías de derechos humanos, así como la activa participación en las medidas de prevención del genocidio. La política de derechos humanos y el trabajo en los distintos foros internacionales nos valió un fuerte reconocimiento y liderazgo global.
Hoy observamos en nuestro país y en la región un intento de restauración conservadora que busca recortar derechos sociales e individuales adquiridos, que también pone en riesgo el estado de derecho, sin entender que democracia, desarrollo y derechos humanos son pilares interdependientes y fundamentales para consolidar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenido en el tiempo. Hoy en nuestro país las políticas llevadas adelante por el Presidente Macri atentan contra la estructura productiva y los derechos económicos, sociales de las mayorías.
En estos tres últimos años han quedado en evidencia distintos intentos y acciones del gobierno para desandar los importantes avances logrados en materia de derechos humanos a lo largo de estas últimas décadas. También vemos con preocupación políticas gubernamentales y acciones judiciales que vulneran garantías constitucionales y la presunción de inocencia.
En este día tan especial debemos honrar la memoria de todos aquellos que ya no están con nosotros, de aquellos que soñaron con un país más justo y más libre y reivindicar principalmente la lucha incansable de Madres, Abuelas, familiares y organismos de Derechos Humanos que nunca claudicaron. Hoy nuestro país cuenta con el reconocimiento internacional en esta materia porque fue la primera vez en nuestra historia democrática que la lucha contra la impunidad se sustentó en cuatro pilares fundamentales: memoria, justicia, verdad y reparación, que estuvieron sostenidos por la sociedad y una decidida política de estado. Sigamos honrando a la memoria de quienes ya no están y defendiendo los derechos que fuimos conquistando desde la recuperación de la democracia.
El autor fue canciller de la Nación
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