A diferencia de otras columnas, voy a escribir en primera persona. Así lo hago cuando el tema que trato me llega al corazón, como cuando fue la tragedia del ARA San Juan. Más que focalizarme en la crítica sin propuestas, comparto aquí mis reflexiones para intentar comprender qué nos está sucediendo como sociedad, de modo que sirva para modificar el rumbo.

Escribo desde la vergüenza ajena por los tristes sucesos de inseguridad en la cercanía del estadio de River, en oportunidad de la final de la Copa Libertadores de América. Sucesos que tuvieron el mundo como testigo, a pocos días de la cumbre del G20 en Buenos Aires. El saldo hasta el momento ya lo conocemos: todos los perpetradores detenidos en el momento ya han sido liberados.

Cuando me preguntan si estos incidentes afectarán la seguridad en el G20, respondo que, por las medidas extraordinarias de prevención y respuesta que se han vienen diseñando desde hace un año, que no dependen solo de las acciones argentinas sino del esfuerzo colectivo de los países asistentes, tiendo a pensar que el problema no lo tendrán los líderes dentro del anillo de seguridad de la cumbre. Como es natural en estos eventos en todo el mundo, el riesgo de incidentes aumentará, pero una vez que se retiren las delegaciones el real problema argentino seguirá aquí.

Algunos opinan que ese problema es la violencia en la sociedad. Sin embargo, violencia hay en todo el mundo, pero, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, sea en Estados Unidos, Francia, China, Rusia o en Corea del Norte, por nombrar algunos países gobernados desde ideologías diametralmente opuestas, el que comete un delito debe pagar por ello. Argentina, en cambio, se ha convertido en el reino de la impunidad.

La impunidad como sistema alienta todo tipo de delitos, desde las complejas causas de corrupción institucionalizada en los distintos gobiernos, que nos han dejado sin aliento por los miles de millones de dólares que involucran, hasta los piquetes y los hechos de violencia callejera y en los espectáculos deportivos.

La impunidad es emergente de una regla no escrita que se aplica en nuestro país desde hace muchos años: benevolencia con el perpetrador y dureza con los que intentan poner orden.

Esta distorsión sistemática del sentido común lleva en la práctica a que efectivos policiales y de las Fuerzas de Seguridad, por instinto de supervivencia, cada vez hagan menos y se replieguen para no ser castigados por el sistema. Esto se apreció claramente en los videos del enfrentamiento de los móviles de la Policía de la Ciudad con la barra brava de All Boys, el pasado 21 de noviembre.

La ideología de considerar al delincuente una víctima de la injusticia social y por ende de protegerlo, mientras que la verdadera víctima es subestimada y dejada de lado en sus derechos, se denomina abolicionismo penal, porque pretende minimizar o abolir las penas. Tiene sus raíces en corrientes filosóficas y sociológicas europeas de los años sesenta.

El abolicionismo ha prendido con fuerza en Argentina a través de la influencia principal del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Muchos juristas de renombre dan fe que lleva más de treinta años instalado en la enseñanza del derecho y también en los Consejos de la Magistratura, al punto que recitar las ideas abolicionistas es en algunos lugares condición sine qua non para obtención de títulos y puestos. Algunos de los magistrados que lo profesan lo hacen de buena fe, pero otros, no. El caso es que, en Argentina, y eso es lo que interesa, prosperan de manera lamentable fiscales abolicionistas que no investigan debidamente y jueces complacientes y liberadores seriales de delincuentes, muchos de los cuales se transforman inmediatamente en reincidentes.

Si analizamos en detalle, podemos tipificar el abolicionismo como "terrorismo en cámara lenta", ya que, en los hechos, constituye un atentado a la república y termina destruyendo el tejido social, a través de minar la confianza de la gente hacia las instituciones y en particular hacia el Poder Judicial, que es por excelencia el destinado para proteger a las personas de los abusos de terceros y de los gobiernos de turno.

Con cada fallo que el conjunto de ciudadanos honestos percibe como injusto, con cada muestra de impunidad ante delitos más que evidentes, se avanza sin prisa y sin pausa hacia el desencanto de la sociedad y hacia su disolución. En ese marco, la estricta observancia de las leyes se reemplaza por la informalidad, la premisa del "hago la mía" o, lo que es aún peor, la de "todos contra todos".

El deterioro argentino no es casual. Las instituciones del país fueron permanentemente atacadas desde hace décadas, primero, con intentos militares subversivos y, luego, ante el fracaso de la acción directa, a través de medios destinados a ejercer sutilmente el control de las personas, esencialmente: la educación y la cultura, con el apoyo de los medios de comunicación.

Esta tríada de acción, vinculada con las ideas de Antonio Gramsci, un filósofo comunista de principios del siglo XX, fue tomada más recientemente por los movimientos filocubanos en América Latina afines al foro de San Pablo. En nuestro país estas tácticas que apuntan a instalar en la sociedad una forma de pensar ideologizada, basada en un sustituto de la lógica y del sentido común, han sido aplicadas con éxito en los últimos 35 años. La confusión entre la verdad y la mentira, lo correcto y lo incorrecto, la historia y el relato están a la orden del día.

Un triunfo mayúsculo de estas tácticas en nuestro país ha sido instalar la confusión entre autoridad y autoritarismo. Así, todo ejercicio de autoridad es percibido como abusivo y todos los símbolos que representan el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la Policía, entre otros, fatalmente estigmatizados en el colectivo popular.

En este sentido, los errores y las malas decisiones de los gobiernos militares y de los políticos hicieron lo suyo. La conclusión es que en Argentina no hay inocentes.

El mencionado abolicionismo que promueve la impunidad es uno de los emergentes del impacto gramsciano en la educación, como lo son la eliminación por autoritario del sistema de premios y castigos. El cuestionamiento de la autoridad de los docentes, las amenazas y demás atropellos, así como la toma de escuelas han hecho que, en general, se opte por no hacer como medio de supervivencia.

En la cultura y en los medios ocurre lo propio. Muchos mensajes verbales y no verbales refuerzan la idea de que tenemos solo derechos, pero no obligaciones. De este modo se justifican los cortes de calles, la destrucción del espacio público, el tergiversar la realidad y el cuestionar desde la ignorancia, entre otros. En ese entorno todas las opiniones, calificadas o no, reclaman ilusoriamente para sí el mismo valor.

La política no es una excepción. Se evita tomar cualquier tipo de medidas que, se estima, puedan restar votos. Las decisiones a partir de encuestas nivelan para abajo y eluden las soluciones de fondo, acordes con el interés común. La grieta existe y se multiplica, tema por tema. Dos casos que impresionan, pero que no son excepción, son la resistencia legislativa para dar curso a la ley de extinción de dominio, que habilita al Estado a recuperar bienes provenientes de actividades ilícitas, incluyendo la corrupción y la tenacidad para impedir el desafuero de la senadora Cristina Kirchner. Otra manera de convalidar la impunidad.

Es claro que los partidos políticos actuales son emergentes de una sociedad argentina deteriorada, que debe luchar por recuperar su dignidad. Ojalá aparezcan valientes dentro de ellos que, en vez de polarizar, aporten propuestas integradoras, que sumen para un país diferente. Esto implica lograr mínimos consensos transversales basados en valores clave, que desde la política se extiendan a toda la sociedad. El destierro de la impunidad es uno de ellos.

Hoy necesitamos más que nunca políticos con mirada estratégica de largo alcance. Visionarios sin mezquindades personales que sueñen un Argentina con futuro y la hagan posible con coraje.

El primer paso es entender lo que nos pasa y que el deterioro del país nos afecta a todos. Pensemos qué responsabilidad nos cabe en lo que nos sucede. Es claro que, por acción u omisión, hemos sido de alguna manera parte.

Cuando cada uno de los habitantes de nuestro país, sin distinción, pueda preguntarse cómo contribuye día a día a la alarmante situación actual, y desde ahí construir una respuesta auténtica y sincera, seremos capaces de hacernos cargo de nuestro destino.

¿Se puede lograr? Quiero pensar que sí… Depende de vos, de mí y de todos los que no nos resignamos a legar a los que vendrán una Argentina que pudo ser y no fue.

La autora es presidente de la Fundación NPSGlobal, @irmaar.