Pensiones sí o pensiones no: un debate deficitario

La quita de pensiones no contributivas para personas con discapacidad vuelve aparecer en el centro de la escena con el nuevo decreto que instituyó el Poder Ejecutivo la semana pasada. La incertidumbre se apoderó de los que menos tienen provocando un escenario enrarecido y con más preguntas que respuestas frente a la poca y mala información que circula a través del Estado.

Quienes trabajamos con el colectivo de personas con discapacidad sabemos que las familias, que pelean día a día para insertar a ese familiar en la sociedad, sienten angustia y desamparo, ya que en el 60% de los casos se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Es cierto que muchas personas gozan de tales beneficios por administraciones fraudulentas y hechos corruptos. La transparencia de estos recursos es un derecho de todos y sin dudas deben verificarse y otorgarse a quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, la nueva disposición presenta varias problemáticas, por lo que es importante focalizar en las dos más alarmantes.

En primer lugar, el tiempo asignado para la realización del trámite. La actualización de datos puede ser realizada únicamente una vez recibida la carta de notificación. A partir de allí "corren" 10 días para solicitar el turno en el número telefónico 130 y presentarse con todos los papeles requeridos. En un país tan burocrático y lentificado para proceder en la administración pública es un plazo muy corto. Sin contar que muchas familias de personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza y el acceso a la información es dificultoso.

Y en segundo lugar, donde radica el mayor problema, los requerimientos que se solicitan para el nuevo trámite de la pensión son restrictivos e inconstitucionales porque se basan en un decreto del año 1997 que no toma en cuenta la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina suscribió en 2008. Es irrisorio volver sobre una resolución pensada para una sociedad visiblemente diferente a la actual, que tras 20 años de trabajo en materia de discapacidad ha cambiado notablemente.

Estamos en medio de una gran ensalada, que el Estado poco sabe mezclar y distribuir. Sería más fácil si el cupo de trabajo para personas con discapacidad se cumpliera y si la oferta para este colectivo fuera real. Seguramente existen muchas personas con discapacidad que pueden trabajar, pero la pregunta es dónde. Y mientras el Estado busca dar garantía a este derecho, qué hacemos con estas personas. ¿Cómo aseguramos el acceso a la pensión, y una vez insertado en un trabajo digno, deje de ser beneficiario?

El déficit, en término de políticas públicas, se sigue acrecentando. Estamos en una encrucijada que ya no es solamente pensión sí o pensión no. Debemos reflexionar y abogar por una verdadera inclusión que nos haga realmente aceptar al otro en toda su diversidad. Mientras se trabaja para que pueda ser una realidad, ¿el Estado qué rol toma? ¿Abandona? No debería.

La pensiones no resuelven una deuda histórica que la sociedad y el Estado mantienen con el colectivo de personas con discapacidad, pero ayudan a que ciertos derechos puedan ser una realidad. En este sentido, la quita o la mala distribución de los recursos perjudican gravemente al 13% de la población nacional.

En tiempos de crisis, con un gobierno que reconoce problemas económicos, se debería trabajar en los procesos que están lentos y acompañar a los sectores más vulnerables y sumergidos en la incertidumbre. Porque, en definitiva, las pensiones continúan siendo un debate deficitario hasta que no se piense seriamente en construir un mundo más inclusivo y entienda que las diferencias nos enriquecen.