¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro indiscriminadamente, sin importarles violar el derecho a la educación de los niños de nuestra patria? Después de 21 días de huelga docente, que perjudica fundamentalmente a los niños de familias de menores recursos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, evalúa impulsar la declaración de la educación como un servicio público esencial. Es una decisión por demás acertada, en los últimos años he publicado diversas notas en matutinos porteños proponiéndolo.

Resulta imprescindible que, más allá de los justos reclamos docentes, los líderes sindicales no puedan volver a utilizar a nuestros niños de rehenes. No hace falta reinventar la rueda, veamos si no evidencia de otras latitudes.

El 12 de junio, en un fallo que había generado expectativa, el Tribunal Constitucional de Alemania desestimó el recurso presentado por cuatro maestros que participaron en protestas durante su horario de trabajo y paros docentes, los cuales posteriormente recibieron por ello una sanción disciplinaria. El veredicto se fundamentó en que el derecho a la libertad de asociación está limitado para policías, bomberos, y también maestros.

Si no deseamos remitirnos a la realidad de un país del Primer Mundo como lo es Alemania, reconstruido física y moralmente luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, podemos concentrarnos en evidencia de Latinoamérica.

En 2008 Ecuador reformó su Constitución Nacional incorporando a la educación como servicio público, prohibiendo, por ende, su paralización. La nueva Constitución, en su capítulo 4, sección segunda, artículo 35, inciso 10, señala: "Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes".

Retornemos a nuestro país. Frente a la intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires de impulsar la declaración de la educación como un servicio público esencial es de fundamental importancia recordar que, en 2014, al enfrentar la administración del gobernador Daniel Scioli una larga secuencia de paros docentes, el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la misma idea: "La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es la base del progreso económico que da lugar al Estado del bienestar. Por ello debe declararse a la educación un servicio público esencial y reglamentar el ejercicio a huelga en dicho sector".

Mariotto enfatizó: "Sin educación los niños no se forman, ni aprenden, ni se desarrollan como ciudadanos. Es por ello que, en su condición de derecho humano esencial, es también un servicio público esencial. Y, por lo tanto, su suspensión, aun en virtud de legítimos reclamos de los docentes, es en sí misma una vulneración al mismo derecho que el reclamo dice custodiar". Más aún, fundamentó explícitamente su propuesta en la política del, por entonces, presidente de Ecuador, Rafael Correa.

¿Cómo podría la oposición no apoyar un proyecto que hace pocos años fue impulsado por su propio gobierno? Estamos frente a una posibilidad histórica: consensuar entre el oficialismo y la oposición una ley que defienda el derecho a educarse de nuestros niños, víctimas inocentes de las disputas de los mayores.

Su futuro es lo que está en juego, fundamentalmente de aquellos que menos tienen y, por ende, más necesitan. De lo contrario, la supuesta igualdad de oportunidades que brinda la educación de excelencia para todos, no es más que una utopía.

De cristalizarse en los hechos la voluntad de María Eugenia Vidal de definir la educación como un servicio público, la Argentina habrá cambiado de una vez, y para siempre, una triste realidad. Ojalá así sea.

El autor es rector de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación. Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.